A propósito de la seguridad del Canal
En términos generales, las naciones precisan estar seguras frente a agresiones armadas, diplomáticas, económicas y financieras, por ello dentro de la política exterior de cada país ocupa un lugar preferente el diseño e implementación de una política de seguridad que lo proteja contra todo tipo de peligros, no sólo militares sino de orden económico y social como sería el narcotráfico, de naturaleza fitosanitarias en el caso de plagas que puedan amenazar la producción local, las enfermedades que puedan diezmar la salud de los habitantes, de igual forma los desplazamientos migratorios, que podrían generar amenazas a la estabilidad interna del país.
Debemos definir la seguridad como la posibilidad de instrumentar medidas para conjurar las amenazas o agresiones, para lo que es necesario tener capacidad de reacción contra ellas y, por tanto, también de ser posible medios de defensa no sólo contra agresiones armadas sino contra cualquier amenaza a la estabilidad pública.
Pero la seguridad económica es una prioridad de los Estados tanto en el plano interno como en el externo, pues no sólo basta salvaguardar los recursos naturales o fuentes de riqueza como los bienes de producción, sino garantizar los mercados en el exterior, la clientela extranjera a un servicio internacional, asegurando las fuentes domésticas de empleos en la producción industrial, comercial y agropecuaria; incluso la ley del servicio exterior establece como obligación de nuestros representantes diplomáticos el velar y salvaguardar las inversiones nacionales en el extranjero.
Hacemos esta introducción reflexiva para referirnos a la polémica que durante el último mes ha enfrentado a los pilotos con la Comisión del Canal, por tratarse de un hecho que ha trascendido internacionalmente en momentos en que el país atraviesa una campaña electoral, y que por tanto repercute en su imagen exterior no sólo ante el hecho de poner en duda nuestra capacidad para administrar el Canal, aun cuando todavía sea una responsabilidad de los cinco miembros estadounidenses que mantiene la mayoría en las decisiones de la Junta Directiva de la entidad binacional.
En efecto, la Junta Directiva de la Comisión del Canal, acogió recientemente una reforma legislativa del Congreso estadounidense, mediante el cual se desvincula a la Comisión de responsabilidades en el pago por accidentes en las aguas del Canal, que impliquen daños menores de un millón de dólares; al parecer la intención del Gobierno Federal es adecuar o uniformar el régimen de responsabilidad a las prácticas internacionales de navegación que impera en la mayoría de los puertos y canales del mundo, en la que dichas administraciones tienen límites de responsabilidad por daños ocurridos a las naves que se acodan a los muelles o navegan en las aguas de cualquier ruta marítima.
En todo caso, la limitación de responsabilidad se ha fijado a todo daño que no sobrepase del millón de dólares, bien sea cuando afecte la embarcación, sus tripulantes o la carga, y en los casos en que se supere dicha cobertura, la Comisión del Canal no se hará responsable, por lo cual podríamos interpretar que esta disposición podría responder a la necesidad de proteger los intereses de la actual y futura administración del Canal, toda vez que la mayoría de las naves que hoy día utilizan la ruta marítima panameña mantienen seguro contra todo riesgo.
Presionar en las negociaciones laborales a través de la denuncia internacional con giras a Londres y a los principales puertos en el Asia para alertar a los armadores que las recientes medidas adoptadas por la administración ponen en peligro el tránsito por el Canal, podría convertirse en un bumerang para los propios demandantes, cuyas prerrogativas absorben más de 40 millones de dólares del presupuesto de funcionamiento de la Comisión del Canal, lo cual de por sí es un argumento peligroso que concierne a la futura seguridad económica del país.
Por consiguiente, las circunstancias aconsejan prudencia con racionalidad negociadora para sustentar sus reivindicaciones salariales y privilegios, pues resulta poco consistente asegurar que con la reducción a un piloto por tráfico, la propia Administración del Canal pone en peligro de una catástrofe con el apoyo de satélites en los sistemas de navegación, podría poner en entredicho la propia vocación profesional de los pilotos, de entendidos hombres de ciencias, de personal con experiencia altamente calificados y adiestrados, precisamente para hacer uso de la tecnología de punta para la seguridad y desempeño de sus funciones.
En la actualidad existen 74 pilotos estadounidenses, quienes ocupan cargos claves en la actividad de tránsito, mientras se mantienen intransigentes en las negociaciones laborales para preservar algunas canonjías que poseían antes de que el Canal sea traspasado a la jurisdicción panameña, aunque la reacción de las autoridades panameñas ha sido cautelosa, pues el manejo de la crisis de los pilotos es responsabilidad en este momento de los Estados Unidos que controla la Junta Directiva de la Comisión del Canal, lo cual resulta preocupante ante la posibilidad que se pudieran heredar problemas que podrían afectar la eficiencia de la administración panameña.
La estrategia utilizada por los pilotos para ganar mayor capacidad de negociación podrá ser discutible desde una reivindicación gremial, pero desde el punto de vista jurídico es inadmisible, porque la suerte de una nación de casi tres millones de habitantes, no puede estar supeditada a intereses sectoriales de 280 personas por más imprescindibles que sean sus servicios, por ello resulta preocupante que algunos panameños identificados con la campaña instrumentada por la Asociación de Pilotos, hayan insinuado la posibilidad de que pudiera invocarse la cláusula de intervención en el Tratado de Neutralidad para socavar la independencia nacional, en momentos en que el proceso de transición del Canal mantiene su curso irreversible.
Demandas que por su carencia de valor patriótico resultan inadmisibles, toda vez que el Gobierno panameño ha elevado los asuntos del Canal a un tema de Estado, donde existe un amplio consenso de la sociedad política panameña, a tal punto que está consagrado dentro de un título constitucional, el cual ha determinado la creación de un Ministerio de Asuntos del Canal y una Autoridad del Canal para asegurar la transferencia de la estructura funcional y administrativa del Canal, por ello la comunidad marítima internacional no puede abrigar la menor duda de que el país está preparado para afrontar este desafío.
Si bien es cierto que la salida de las fuerzas militares extranjeras de un país que constitucionalmente no tiene ejército creará un vacío de poder, no es menos cierto que los panameños tienen la determinación y capacidad para instrumentar una política de seguridad del Canal dentro de las definiciones de la política exterior, que garantice en el plano interno la estabilidad de la fuerza laboral, mientras que en el plano externo la posibilidad para reaccionar con sentido de oportunidad para hacerle frente a campañas difamatorias que desprestigien la imagen del país y que por consiguiente amenacen los intereses nacionales.
Por ello tendremos que elevar a las prioridades de la política exterior del próximo milenio, la instrumentación de una estrategia diplomática para modificar el régimen de neutralidad de un soporte bilateral a una dimensión multilateral, de tal suerte que logremos la adhesión de los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así del consenso de la comunidad internacional y sus principales usuarios para garantizar un tránsito por el Canal ininterrumpido.
La dinámica de la transición, nos aconseja que deben distraerse los esfuerzos nacionales en disputas sectoriales, cuando el objetivo fundamental en la política exterior de los gobernantes panameños del próximo milenio, será mantener la confianza en nuestra capacidad para encauzar soluciones integrales de alcance social, puesto que si realmente aspiramos a vivir en un país desmilitarizado ante la terminación de la presencia de tropas foráneas, debemos ser conscientes de nuestras debilidades y nuestras potencialidades, por lo que vale la pena cualquier intento para conjurar mediante el diálogo y el consenso situaciones que pudieran generar la inestabilidad política, en momentos en que el mundo mira con atención el desempeño que tendremos los panameños en la eficiente administración del Canal.
No perdamos las perspectivas del bosque por concentrar la mirada en un solo árbol, pues nos enfrentamos al reto ineludible de instrumentar un desarrollo sostenible de las áreas revertidas, preservando la cuenca hidrográfica del Canal, porque se perfilan como temas de prioridad en la agenda de seguridad nacional, precisamente porque el mantener el régimen pluvial para el funcionamiento del Canal, demanda la instauración de una cultura ambientalista entre la población establecida en los márgenes de la vía interoceánica, sin perturbaciones por la tala indiscriminada que pudiera amenazar en el futuro el funcionamiento de la vía.
Otro objetivo que no puede estar ausente en el diseño de una política de seguridad nacional, son los asuntos migratorios ante el posible incremento de los desplazamientos de nacionales de otros países buscando oportunidades, porque ante las expectativas que tenemos los panameños podría alentar la presencia masiva de indocumentados, constituyéndose en un problema social de grandes proporciones. Por ello resulta un imperativo salvaguardar las fronteras nacionales y el mar territorial, además de la dotación de controles fitosanitarios en las aduanas para proteger la producción pecuaria y agrícola ante la amenaza de plagas y enfermedades que puedan afectar la salud de la población.
En lo que respecta al saneamiento de los polígonos de tiro y sitios de entrenamiento ubicados en las bases militares de nuestro país, esta tarea se constituye en una prioridad de la política de seguridad nacional, lo cual tiene repercusiones en su política exterior ante la determinación del gobierno panameño de exigir a Estados Unidos el cumplimiento de los compromisos de los Tratados Torrijos-Carter de sanear las antiguas instalaciones de las bases militares que habrán de revertir, aún cuando las tareas de saneamiento pudieran trascender el año dos mil. Incluso no se debe descartar la posibilidad de que la Cancillería panameña eleve la exigencia del saneamiento de las bases militares que es un compromiso contractual al plano internacional demandando el saneamiento de las bases militares.
Si bien es cierto que la garantía de una fuerza laboral con estabilidad en la administración del Canal es fundamental como parte de la seguridad nacional, no es menos cierto que debemos estar preparados para sortear obstáculos imponderables que podríamos enfrentar en la fase final de la transición, donde comienzan aparecer grupos que exigen cuotas de participación en el usufructo de un bien patrimonial que pertenece al pueblo panameño.
Por consiguiente, ante los desafíos del nuevo milenio que tendrá la nación panameña con la administración del Canal, debemos proyectar al exterior que la cohesión política, la prosperidad económica y la estabilidad social son factores previos y fundamentales para la seguridad interna y externa; por lo que carece de consistencia la incertidumbre que abrigan algunos sectores frente al impacto que generará la salida del componente militar extranjero del territorio nacional, cuando resulta todo lo contrario, porque sin la tutela extranjera podremos ejercitar nuestra autodeterminación, consecuente con nuestro destino histórico de nación soberana e independiente.
Ante estas circunstancias, se impone la madurez de la clase política en sus propósitos de construir espacios de negociación que garanticen una transición del Canal sin traumas, alejando los peligros que puedan amenazar la gobernabilidad democrática que disfruta el país en un clima de tolerancia, la cual se constituye en un medio eficaz para preservar las ventajas competitivas de nuestra heredad geográfica.
Debemos definir la seguridad como la posibilidad de instrumentar medidas para conjurar las amenazas o agresiones, para lo que es necesario tener capacidad de reacción contra ellas y, por tanto, también de ser posible medios de defensa no sólo contra agresiones armadas sino contra cualquier amenaza a la estabilidad pública.
Pero la seguridad económica es una prioridad de los Estados tanto en el plano interno como en el externo, pues no sólo basta salvaguardar los recursos naturales o fuentes de riqueza como los bienes de producción, sino garantizar los mercados en el exterior, la clientela extranjera a un servicio internacional, asegurando las fuentes domésticas de empleos en la producción industrial, comercial y agropecuaria; incluso la ley del servicio exterior establece como obligación de nuestros representantes diplomáticos el velar y salvaguardar las inversiones nacionales en el extranjero.
Hacemos esta introducción reflexiva para referirnos a la polémica que durante el último mes ha enfrentado a los pilotos con la Comisión del Canal, por tratarse de un hecho que ha trascendido internacionalmente en momentos en que el país atraviesa una campaña electoral, y que por tanto repercute en su imagen exterior no sólo ante el hecho de poner en duda nuestra capacidad para administrar el Canal, aun cuando todavía sea una responsabilidad de los cinco miembros estadounidenses que mantiene la mayoría en las decisiones de la Junta Directiva de la entidad binacional.
En efecto, la Junta Directiva de la Comisión del Canal, acogió recientemente una reforma legislativa del Congreso estadounidense, mediante el cual se desvincula a la Comisión de responsabilidades en el pago por accidentes en las aguas del Canal, que impliquen daños menores de un millón de dólares; al parecer la intención del Gobierno Federal es adecuar o uniformar el régimen de responsabilidad a las prácticas internacionales de navegación que impera en la mayoría de los puertos y canales del mundo, en la que dichas administraciones tienen límites de responsabilidad por daños ocurridos a las naves que se acodan a los muelles o navegan en las aguas de cualquier ruta marítima.
En todo caso, la limitación de responsabilidad se ha fijado a todo daño que no sobrepase del millón de dólares, bien sea cuando afecte la embarcación, sus tripulantes o la carga, y en los casos en que se supere dicha cobertura, la Comisión del Canal no se hará responsable, por lo cual podríamos interpretar que esta disposición podría responder a la necesidad de proteger los intereses de la actual y futura administración del Canal, toda vez que la mayoría de las naves que hoy día utilizan la ruta marítima panameña mantienen seguro contra todo riesgo.
Presionar en las negociaciones laborales a través de la denuncia internacional con giras a Londres y a los principales puertos en el Asia para alertar a los armadores que las recientes medidas adoptadas por la administración ponen en peligro el tránsito por el Canal, podría convertirse en un bumerang para los propios demandantes, cuyas prerrogativas absorben más de 40 millones de dólares del presupuesto de funcionamiento de la Comisión del Canal, lo cual de por sí es un argumento peligroso que concierne a la futura seguridad económica del país.
Por consiguiente, las circunstancias aconsejan prudencia con racionalidad negociadora para sustentar sus reivindicaciones salariales y privilegios, pues resulta poco consistente asegurar que con la reducción a un piloto por tráfico, la propia Administración del Canal pone en peligro de una catástrofe con el apoyo de satélites en los sistemas de navegación, podría poner en entredicho la propia vocación profesional de los pilotos, de entendidos hombres de ciencias, de personal con experiencia altamente calificados y adiestrados, precisamente para hacer uso de la tecnología de punta para la seguridad y desempeño de sus funciones.
En la actualidad existen 74 pilotos estadounidenses, quienes ocupan cargos claves en la actividad de tránsito, mientras se mantienen intransigentes en las negociaciones laborales para preservar algunas canonjías que poseían antes de que el Canal sea traspasado a la jurisdicción panameña, aunque la reacción de las autoridades panameñas ha sido cautelosa, pues el manejo de la crisis de los pilotos es responsabilidad en este momento de los Estados Unidos que controla la Junta Directiva de la Comisión del Canal, lo cual resulta preocupante ante la posibilidad que se pudieran heredar problemas que podrían afectar la eficiencia de la administración panameña.
La estrategia utilizada por los pilotos para ganar mayor capacidad de negociación podrá ser discutible desde una reivindicación gremial, pero desde el punto de vista jurídico es inadmisible, porque la suerte de una nación de casi tres millones de habitantes, no puede estar supeditada a intereses sectoriales de 280 personas por más imprescindibles que sean sus servicios, por ello resulta preocupante que algunos panameños identificados con la campaña instrumentada por la Asociación de Pilotos, hayan insinuado la posibilidad de que pudiera invocarse la cláusula de intervención en el Tratado de Neutralidad para socavar la independencia nacional, en momentos en que el proceso de transición del Canal mantiene su curso irreversible.
Demandas que por su carencia de valor patriótico resultan inadmisibles, toda vez que el Gobierno panameño ha elevado los asuntos del Canal a un tema de Estado, donde existe un amplio consenso de la sociedad política panameña, a tal punto que está consagrado dentro de un título constitucional, el cual ha determinado la creación de un Ministerio de Asuntos del Canal y una Autoridad del Canal para asegurar la transferencia de la estructura funcional y administrativa del Canal, por ello la comunidad marítima internacional no puede abrigar la menor duda de que el país está preparado para afrontar este desafío.
Si bien es cierto que la salida de las fuerzas militares extranjeras de un país que constitucionalmente no tiene ejército creará un vacío de poder, no es menos cierto que los panameños tienen la determinación y capacidad para instrumentar una política de seguridad del Canal dentro de las definiciones de la política exterior, que garantice en el plano interno la estabilidad de la fuerza laboral, mientras que en el plano externo la posibilidad para reaccionar con sentido de oportunidad para hacerle frente a campañas difamatorias que desprestigien la imagen del país y que por consiguiente amenacen los intereses nacionales.
Por ello tendremos que elevar a las prioridades de la política exterior del próximo milenio, la instrumentación de una estrategia diplomática para modificar el régimen de neutralidad de un soporte bilateral a una dimensión multilateral, de tal suerte que logremos la adhesión de los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así del consenso de la comunidad internacional y sus principales usuarios para garantizar un tránsito por el Canal ininterrumpido.
La dinámica de la transición, nos aconseja que deben distraerse los esfuerzos nacionales en disputas sectoriales, cuando el objetivo fundamental en la política exterior de los gobernantes panameños del próximo milenio, será mantener la confianza en nuestra capacidad para encauzar soluciones integrales de alcance social, puesto que si realmente aspiramos a vivir en un país desmilitarizado ante la terminación de la presencia de tropas foráneas, debemos ser conscientes de nuestras debilidades y nuestras potencialidades, por lo que vale la pena cualquier intento para conjurar mediante el diálogo y el consenso situaciones que pudieran generar la inestabilidad política, en momentos en que el mundo mira con atención el desempeño que tendremos los panameños en la eficiente administración del Canal.
No perdamos las perspectivas del bosque por concentrar la mirada en un solo árbol, pues nos enfrentamos al reto ineludible de instrumentar un desarrollo sostenible de las áreas revertidas, preservando la cuenca hidrográfica del Canal, porque se perfilan como temas de prioridad en la agenda de seguridad nacional, precisamente porque el mantener el régimen pluvial para el funcionamiento del Canal, demanda la instauración de una cultura ambientalista entre la población establecida en los márgenes de la vía interoceánica, sin perturbaciones por la tala indiscriminada que pudiera amenazar en el futuro el funcionamiento de la vía.
Otro objetivo que no puede estar ausente en el diseño de una política de seguridad nacional, son los asuntos migratorios ante el posible incremento de los desplazamientos de nacionales de otros países buscando oportunidades, porque ante las expectativas que tenemos los panameños podría alentar la presencia masiva de indocumentados, constituyéndose en un problema social de grandes proporciones. Por ello resulta un imperativo salvaguardar las fronteras nacionales y el mar territorial, además de la dotación de controles fitosanitarios en las aduanas para proteger la producción pecuaria y agrícola ante la amenaza de plagas y enfermedades que puedan afectar la salud de la población.
En lo que respecta al saneamiento de los polígonos de tiro y sitios de entrenamiento ubicados en las bases militares de nuestro país, esta tarea se constituye en una prioridad de la política de seguridad nacional, lo cual tiene repercusiones en su política exterior ante la determinación del gobierno panameño de exigir a Estados Unidos el cumplimiento de los compromisos de los Tratados Torrijos-Carter de sanear las antiguas instalaciones de las bases militares que habrán de revertir, aún cuando las tareas de saneamiento pudieran trascender el año dos mil. Incluso no se debe descartar la posibilidad de que la Cancillería panameña eleve la exigencia del saneamiento de las bases militares que es un compromiso contractual al plano internacional demandando el saneamiento de las bases militares.
Si bien es cierto que la garantía de una fuerza laboral con estabilidad en la administración del Canal es fundamental como parte de la seguridad nacional, no es menos cierto que debemos estar preparados para sortear obstáculos imponderables que podríamos enfrentar en la fase final de la transición, donde comienzan aparecer grupos que exigen cuotas de participación en el usufructo de un bien patrimonial que pertenece al pueblo panameño.
Por consiguiente, ante los desafíos del nuevo milenio que tendrá la nación panameña con la administración del Canal, debemos proyectar al exterior que la cohesión política, la prosperidad económica y la estabilidad social son factores previos y fundamentales para la seguridad interna y externa; por lo que carece de consistencia la incertidumbre que abrigan algunos sectores frente al impacto que generará la salida del componente militar extranjero del territorio nacional, cuando resulta todo lo contrario, porque sin la tutela extranjera podremos ejercitar nuestra autodeterminación, consecuente con nuestro destino histórico de nación soberana e independiente.
Ante estas circunstancias, se impone la madurez de la clase política en sus propósitos de construir espacios de negociación que garanticen una transición del Canal sin traumas, alejando los peligros que puedan amenazar la gobernabilidad democrática que disfruta el país en un clima de tolerancia, la cual se constituye en un medio eficaz para preservar las ventajas competitivas de nuestra heredad geográfica.
