A propósito del delfinario
Decía el Dr. Alfonso Pérez Montalvo, catedrático en Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, que el desarrollo de los delitos ecológicos era considerado por los mismos penalistas como el fracaso del Derecho, y también como una manifestación de la impotencia del Derecho Administrativo. Básicamente, porque el delito ambiental significa la consumación de la lesión a los bienes ambientales.
Y ya consumado el delito ambiental, es decir, el daño al medio ambiente, las medidas punitivas que establece la ley son, por una parte, incongruentes con el valor del daño efectuado y por otra parte, ninguna lesión ambiental importante puede ser mitigada o sanada con días-multa, prisión de los infractores o inhabilitación para contrataciones publicas.
Hace pocos días, apareció en los medios de comunicación social, la noticia de que las fiscalías de Delitos Ecológicos habían procesado más de 400 denuncias. Lo sorprendente, decía el periodista, es que de tantos casos, hasta ahora no hay una sola persona procesada.
Como colofón a esto, la Fiscalía Primera para Delitos Ecológicos, “Da luz verde al Delfinario de Chame” (Panamá América, 11 de enero de 2008). Efectivamente, en un increíble fallo, esta Fiscalía "decidió que no existen méritos para impedir las instalaciones de un delfinario en el área de Chame". Esta apreciación, según la nota, se basa en que "La Fiscalía realizó una inspección a las instalaciones donde se construirá el delfinario" y determinó que "no se había cometido acto ilegal alguno".(SIC).
Me pregunto qué iba a ver la Fiscalía en ese sitio “donde se va a construir el delfinario”, donde ahora solamente hay un potrero lleno de rastrojo. ¿Cuántos delfines habrán visto por allí? Por supuesto que “aún” no se ha cometido ningún delito ecológico; pero, irónicamente, es el fallo de la Fiscalía el que va a permitir que éste se cometa.
Es evidente que ese fallo carece de cualquier base técnica-científica y no se ajusta al principio “pro natura” que debe regir la justicia ambiental sobre todo.
Es evidente que hay algo corrupto o anómalo en el sistema de nuestra justicia ambiental. No únicamente en la inoperancia sobre la prevención de los delitos de esa naturaleza, sino en el tratamiento a las denuncias, porque extrañamente, las quejas hechas a empresas o personas poderosas duermen el sueño eterno o son falladas a favor de éstas, mientras el campesino que taló diez árboles se le decomisa la mercancía, se le multa y/o va a la cárcel en el término de la distancia.
