Propuestas, no personas
En las semanas previas al 1o. de septiembre próximo, todo indica que la atención de los medios de comunicación y de la ciudadanía se seguirá centrando en la elección de la Nueva Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Lamentablemente, hasta el momento la discusión ha girado en torno a las figuras de los posibles candidatos y si tienen o no los votos para ganar. Poca atención, por no decir que ninguna, se le ha prestado al tema realmente importante; esto es, conocer cuáles son las de las distintas candidaturas frente al manejo del Organo Legislativo y la agenda legislativa para dicho período.
Sin lugar a dudas, la Asamblea Legislativa atraviesa una grave y profunda crisis de credibilidad. A diario y en forma genérica, quienes formamos parte de ella somos objeto de duras críticas, algunas veces infundadas, pero también muchas veces totalmente justificadas.
Se hace imperativo, por el bien mismo de la institución, que los legisladores y legisladoras demos pasos concretos en la dirección de hacer reformas significativas al Organo Legislativo.
Algunas de estas reformas sólo son posibles a través de un cambio constitucional. En tal sentido, siempre he sostenido la necesidad de revisar integralmente nuestra Constitución para democratizar y descentralizar el Estado panameño. Y en mi opinión, la mejor forma de hacerlo es a través de una Asamblea Constituyente, aunque reconozco que no es la única forma de hacerlo ni se trata tampoco de un fin en sí mismo, sino de un medio para alcanzar un objetivo. Pero hay otras reformas, que son posibles a través de cambios legislativos. En ese campo, es necesario que haya la voluntad política de discutir las distintas alternativas que se nos presentan para mejorar la imagen de la Asamblea.
Creo sinceramente que existe la disposición de hacer reformas a lo interno de la Asamblea. Donde, seguramente, existen diferencias es en la intensidad de dichas reformas. Sin embargo, la coyuntura es buena para hacer un debate dentro y fuera del Parlamento en torno a las partidas circuitales, los denominados privilegios y el salario de los legisladores, el manejo administrativo de la Asamblea y la optimización del trabajo legislativo.
En lo personal, considero que debemos eliminar las partidas circuitales y regresar al esquema vigente antes de 1968, cuando los legisladores o diputados podían incluir partidas en el Presupuesto Nacional para realizar obras en las circunscripciones que representaban, tal como sucede en democracias bien establecidas como los Estados Unidos. Pero, tal como lo señalé durante la campaña electoral, si no hay el consenso para hacerlo, lo menos que podemos hacer es distribuir equitativamente y establecer rigurosos controles para gasto.
En cuanto a los denominados "privilegios" de los legisladores, creo que hay algunos que se justifican como la inmunidad parlamentaria y la franquicia postal, pero hay otros que deben ser eliminados de plano o restringidos, como la exoneración de vehículos y los pasaportes diplomáticos. También se hace necesario que se aplique y respete la Carrera del Servicio Legislativo, se reduzca el número de Comisiones Permanentes y se elimine aquella norma del Reglamento que, en violación de nuestra Constitución, establece un porcentaje fijo del Presupuesto Nacional para el funcionamiento de la Asamblea y para las partidas circuitales.
En todo caso, ojalá que los legisladores, la opinión pública en general y los medios de comunicación dediquemos las semanas que quedan antes del primero de septiembre a discutir la sustancia y no lo superficial. Debemos emplear nuestro tiempo en elaborar una serie de propuestas de consenso para mejorar el desempeño de la Asamblea y queremos que surja un compromiso, lo más amplio posible, en torno a una Agenda Legislativa de interés nacional. ¿Será mucho pedir?.
Sin lugar a dudas, la Asamblea Legislativa atraviesa una grave y profunda crisis de credibilidad. A diario y en forma genérica, quienes formamos parte de ella somos objeto de duras críticas, algunas veces infundadas, pero también muchas veces totalmente justificadas.
Se hace imperativo, por el bien mismo de la institución, que los legisladores y legisladoras demos pasos concretos en la dirección de hacer reformas significativas al Organo Legislativo.
Algunas de estas reformas sólo son posibles a través de un cambio constitucional. En tal sentido, siempre he sostenido la necesidad de revisar integralmente nuestra Constitución para democratizar y descentralizar el Estado panameño. Y en mi opinión, la mejor forma de hacerlo es a través de una Asamblea Constituyente, aunque reconozco que no es la única forma de hacerlo ni se trata tampoco de un fin en sí mismo, sino de un medio para alcanzar un objetivo. Pero hay otras reformas, que son posibles a través de cambios legislativos. En ese campo, es necesario que haya la voluntad política de discutir las distintas alternativas que se nos presentan para mejorar la imagen de la Asamblea.
Creo sinceramente que existe la disposición de hacer reformas a lo interno de la Asamblea. Donde, seguramente, existen diferencias es en la intensidad de dichas reformas. Sin embargo, la coyuntura es buena para hacer un debate dentro y fuera del Parlamento en torno a las partidas circuitales, los denominados privilegios y el salario de los legisladores, el manejo administrativo de la Asamblea y la optimización del trabajo legislativo.
En lo personal, considero que debemos eliminar las partidas circuitales y regresar al esquema vigente antes de 1968, cuando los legisladores o diputados podían incluir partidas en el Presupuesto Nacional para realizar obras en las circunscripciones que representaban, tal como sucede en democracias bien establecidas como los Estados Unidos. Pero, tal como lo señalé durante la campaña electoral, si no hay el consenso para hacerlo, lo menos que podemos hacer es distribuir equitativamente y establecer rigurosos controles para gasto.
En cuanto a los denominados "privilegios" de los legisladores, creo que hay algunos que se justifican como la inmunidad parlamentaria y la franquicia postal, pero hay otros que deben ser eliminados de plano o restringidos, como la exoneración de vehículos y los pasaportes diplomáticos. También se hace necesario que se aplique y respete la Carrera del Servicio Legislativo, se reduzca el número de Comisiones Permanentes y se elimine aquella norma del Reglamento que, en violación de nuestra Constitución, establece un porcentaje fijo del Presupuesto Nacional para el funcionamiento de la Asamblea y para las partidas circuitales.
En todo caso, ojalá que los legisladores, la opinión pública en general y los medios de comunicación dediquemos las semanas que quedan antes del primero de septiembre a discutir la sustancia y no lo superficial. Debemos emplear nuestro tiempo en elaborar una serie de propuestas de consenso para mejorar el desempeño de la Asamblea y queremos que surja un compromiso, lo más amplio posible, en torno a una Agenda Legislativa de interés nacional. ¿Será mucho pedir?.
