¿Protección al consumidor?, no me hagan reír
Quién protege a los consumidores mexicanos de la incompetencia de la petrolera estatal Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro? Incompetencia es simple y sencillamente falta de competencia. En la frontera norte el gobierno ha decidido igualar los precios de la gasolina para evitar que los consumidores mexicanos opten por comprar la gasolina en Estados Unidos. El resto del país tiene que elegir entre Pemex o Pemex. En el valle de México los consumidores tienen que elegir entre la Compañía de Luz y Fuerza del Centro o la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. En el resto del país los consumidores eligen entre la Comisión Federal de Electricidad o la Comisión Federal de Electricidad. ¿Quién protege a los consumidores en materia de energéticos? La elogiada Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), no. La Comisión Federal de Competencia (CFC), tampoco. Los legisladores, menos; su preocupación, al discutir una tímida reforma eléctrica, es proteger a "la empresa pública", eufemismo para describir a monopolios del gobierno o, peor aún, al botín del sindicato SME que se dedica a cantarle loas a Fidel Castro.
La Procuraduría Federal del Consumidor es un lamentable tiradero de dinero público. El problema no es si los actuales funcionarios son mejores, iguales o peores que los anteriores, sino que es absurdo que el gobierno lastime en serio a los consumidores mediante monopolios y contubernios proteccionistas con los productores (desde la agricultura hasta las telecomunicaciones) y después, como paliativo, diga que los va a "defender" de los abusos de "los malos comerciantes".
Cada vez que nuestros ilustres secretarios de Agricultura o de Economía les prometen a los quejumbrosos productores nacionales (agrupados en carteles de presión) blindajes, protecciones, escudos, subsidios, aranceles compensatorios y compras preferenciales están fastidiando a los consumidores mexicanos. Según el proyecto de presupuesto, la Secretaría de Economía gastará en 2003 más de 5.311 millones de pesos, de los cuales 1.075 millones de pesos serán para el "Programa de comercio interior, abasto y protección al consumidor". Dentro de ese grandilocuente programa están la Profeco -con casi 708 millones de pesos de presupuesto- y la Comisión Federal de Competencia, con $156 millones de pesos de presupuesto. La suma del presupuesto de ambas dependencias representa poco más del 80 por ciento de ese programa. En contraste, la Secretaría de Energía destinará 16.491 millones de pesos (más del 90 por ciento de su presupuesto) a subsidiar a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Esos subsidios, desde luego, no son para que los consumidores tengamos energía eléctrica más barata, sino para mantener incólumes los privilegios exorbitantes del sindicato. Proteger a los consumidores ha sido la última de las últimas prioridades de los gobiernos mexicanos desde Plutarco Elías Calles hasta Vicente Fox Quesada.
*Analista político.
(c)www.aipenet.com
Por su lado, Márquez Amado insiste en que se sigue dando la duplicidad de identidad, por lo que destacó que es muy importante el trabajo que realizan las personas que administran el sistema de otorgamiento de cédulas. Recordó que en el tiempo que estuvo en el Tribunal Electoral puso en práctica un sencillo método y se instauró el Departamento de Verificación de Identidad.
Allí, cuando se presentaba una persona a suplantar la identidad de otro ciudadano, se recurría a citar a las personas que poseían el mismo número de cédula. Se les interrogaba aparte y empleando la base de datos que maneja el Tribunal Electoral, en donde reposa el nombre de los progenitores, hermanos y hasta abuelos, sus fechas de nacimiento, cuándo y donde fallecieron, se les realiza un cuestionario de 100 preguntas. Así a la persona impostora se le hace difícil aprenderse toda esa información y contestar correctamente las interrogantes.
Para garantizar que no se repita el almacenamiento de plásticos por parte de la empresa contratante sin la debida información al TE, el magistrado presidente de esa entidad indicó que se van a estipular en el contrato las condiciones y procedimientos a seguir con la nueva empresa.
Destacó que esto representará más responsabilidades por parte del TE. Por otro lado, indicó que para garantizar la seguridad en el comercio, se plante como alternativa el difundir el uso de lectores de códigos de barras. Para ello será necesario que el comercio y los bancos tengan los lectores conectados en líneas, tal como sucede con las tarjetas de crédito. De esta forma, no se podrá sorprender a nadie.
No obstante, enfatizó que hay que motivar al comercio para que invierta en comprar los lectores de códigos de barras y que se conecten en línea con la base de datos del TE.
Mediante un comunicado de prensa enviado a la redacción de El Panamá América, la empresa Unisys da a conocer que ya se ubicaron los restantes 9,500 plásticos extraviados, los que sumados a los 20,500 que se ubicaron anteriormente y los que se localizaron en poder del ciudadano colombiano Oscar Alvarado, completan los 30,000 plásticos duplicados no entregados por Unisys al Tribunal Electoral.
Por lo anterior, aclara que "para evitar especulaciones y por el respeto que la ciudadanía se merece en conocer la verdad" esto elimina cualquier riesgo de que los mismos sean utilizados para fines ilegales y elimina cualquier pretensión de calificar lo sucedido como "falsificación de documento público".
Advierten que las únicos plásticos extraviados fueron los encontrados en poder de Alvarado, los cuales nunca pudieron ser utilizados al lograrse su aprehensión antes de que pudiera colocarlos en el mercado.
Concluye el comunicado que no se ha confeccionado ninguna cédula falsa producto del hurto perpetrado, en vista de que se ha recuperado la totalidad de los plásticos y puestos a órdenes de las autoridades competentes.
Alexis Martínez, Alberto Morales y Héctor Morales, todos empleados de Unisys, fueron beneficiados ayer con fianzas de excarcelación por la suma de B/.130.000.00, que fue pagada por la propia empresa. Por su parte, al colombiano Oscar Alvarado, al que se le decomisaron 500 tarjetas base, se le fijó la fianza en B/.300.000.00.
En Honduras el Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) suscribe en febrero de 1996 un contrato con la empresa General Bussines Machine (GBM) luego de un proceso de licitación que fue duramente criticado por los partidos políticos. En el mismo, GBM debía confeccionar unos tres millones de cédulas desde la fecha de la firma del contrato hasta diciembre de 1998.
El proceso no se cumplió a cabalidad debido en gran parte a que la base de datos proporcionada por el TNE tenía deficiencias. Se dieron duplicidad de identificaciones y muchos hondureños tuvieron que esperar hasta tres meses después de solicitar el documento para que este les fuera entregado. Pero lo más grave es que se vio amenazada la confianza en los comicios de 1997.
En septiembre de 1996 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica abre a licitación el proceso de confección de la cédula de identidad personal. En el mismo se presentan tres empresas: GBM, DATADEC y UNISYS de Centroamérica, S.A., ganando esta última el acto público.
El proceso inició en 1997 con las distribución de los equipos en diferentes puntos del país, posteriormente se actualizó la base de datos del TSE con fotografías de los ciudadanos y en agosto de 1998 se inicia la producción de la nueva cédula de identidad personal, con las mismas características que la confeccionada en Panamá.
Pero el proceso según destacó la prensa local se volvió un dolor de cabeza para el TSE. Luego de un estudio realizado por la Contraloría General de la República, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de agosto de 1999, se determinó que la poca preparación de los funcionarios en el manejo del sistema, la pérdida de expedientes, la falta de control para evitar la duplicidad de identidad, desperfectos en los equipos y problemas en la grabación de las firmas hacía demorar el proceso de otorgamiento del documento más de lo que se esperaba. La empresa Unisys admitió que entregó el sistema con unos meses de demora, pero la atribuyó a la saturación de solicitudes.
El Tribunal Electoral debidamente autorizado por la Sala de Acuerdos No. 42 de 13 de octubre de 1997, firma un contrato con Unisys World Trade Inc. para el suministro de bienes y servicios por la suma de B/.13,993,370.34. Mediante el contrato la empresa proveía al TE de un millón de plásticos para la confección de cédulas e incluía actualizar el equipo de informática en el ámbito nacional, instalación de una red digital de comunicaciones, la digitalización de los archivos del registro civil en cedulación, la creación de una base de datos de imagen alfanumérica con la base de datos de imagen y, por último, emitir un documento de identidad digitalizado.
Dicho contrato se finiquita luego de addendas y saldos de pagos que tenía el TE con la empresa en el año 2002 y el mismo termina por una suma superior a los B/.14 millones.
El TE realiza una nueva convocatoria de licitación pública internacional 02-2002, para la selección de contratistas para el suministro de dos millones de plásticos e insumos con la finalidad de fabricar las cédulas de identidad personal.
Mediante los documentos de la Sala de Acuerdos 23 de 3 de junio de 2002 y la Sala de Acuerdos 26 de 17 de junio de 2002, el TE declara desierto los actos de convocatoria de licitación pública internacional 02-2002.
El TE solicita al Consejo de Gabinete autorización para la contratación directa de Unisys de Centroamérica , S.A. para el suministro de plásticos e insumos por la suma de B/.2.400.639.35.
Mediante la Resolución de Gabinete 57 de 10 de julio de 2002, con fundamento en el artículo 55 numeral 2 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, el Consejo de Gabinete autorizó al TE realizar contratación directa con Unisys de Centroamérica S.A.
Luego de negociaciones entre ambas partes, el 10 de julio de 2002 Unisys de Centroamérica S.A. accede a realizar un descuento del 3% del valor de la oferta inicial, obteniéndose un precio final por la suma de B/.2.328.620.20.
El Consejo Económico Nacional (CENA), en sesión del 14 de agosto de 2002, por votación unánime emite voto favorable al contrato entre Unisys de Centroamérica S.A. con el TE por el monto señalado anteriormente.
El Consejo de Gabinete emite concepto favorable al referido contrato y, además, el mismo es refrendado por la Contraloría General de la República en octubre de 2002.
El contrato a cuatro años, incluye cuatro pagos anuales a Unisys de Centroamérica S.A.. El primer desembolso era por la suma de B/.654.424.42.
La carta de crédito para el primer pago estaba pendiente de ser refrendada por la Contraloría General de la República, cuando ocurre el escándalo de la pérdida de 30 mil plásticos que estaban pendientes de entrega por Unisys World Trade Inc., como parte del primer contrato de octubre de 1997.
El 25 de noviembre de 2002, por incumplimiento y la falta de garantía demostrada en la custodia de materiales sensitivos, el contralor Alvin Weeden decide no refrendar la carta de garantía y solicita al TE que resuelva administrativamente el contrato con Unisys de Centroamérica S.A..
Independientemente de que Unisys de Centroamérica S.A, es otra persona jurídica, diferente a la que incumplió el primer contrato, la ley de contratación pública de Panamá la identifica como un solo grupo que negocia con el Estado (Unisys) por lo que se decide resolver el contrato. Unisys de Centroamérica S.A. es otra filial del grupo Unisys y junto con Unisys World Trade Inc, son empresas del consorcio, cuya sede está en Filadelfia, Estados Unidos.
Todavía está fresca en la memoria de los panameños, la época en que narcotraficantes como Pablo Escobar Gaviria y Gilberto Rodríguez Orejuela, lograron obtener cédulas de Panamá, mediante la venta de la nacionalidad que se dio durante la dictadura militar.
En las elecciones de 1989 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en visita realizada a Panamá, recibió denuncias en relación con la falsificación de unas cien mil cédulas de electores para favorecer a los partidos políticos que apoyaban la dictadura.
La creación de esas cien mil cédulas conllevó a un padrón electoral donde la cantidad de personas que votaban por primera vez, era mucho mayor a las que realmente deberían existir en el registro electoral, observó en ese entonces la Comisión.
Años después, en democracia, la falsificación del documento ha ocurrido, pero no con intenciones de fraude electoral, reconocen las autoridades del TE. En 1991, las autoridades panameñas descubren una red internacional por medio del cual se falsificaba la cédula de identidad panameña y descubren más de 58 mil pasaportes falsificados, expedidos por la administración anterior.
Después que se confecciona el documento digitalizado, los intentos por falsificarlo continuaron. En diciembre de 2001, la Policía Técnica Judicial (PTJ) descubre una banda que cuenta con mecanismos tecnológicos para falsificar la nueva cédula y por la cual cobraba 400 balboas por cada documento. Las investigaciones señalan que esta red utilizaba un escáner de alta calidad, que les permitía imprimir la parte posterior de la cédula con todos los datos personales, lo que hace difícil determinar su alteración.
Unisys World Trade Inc. quedó pendiente de entregar 75 mil plásticos del millón de estos documentos que acordó confeccionar para el TE, según el contrato suscrito en 1997. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery recordó que la empresa hizo una entrega de 35 mil de esos plásticos pendientes y la misma fue rechazada por el TE por defectuosos, procediendo a perforar e inutilizar las tarjetas base.
Explicó que los documentos defectuosos fueron devueltos perforados a Unisys World Trade Inc. para que se los entregara a su subsidiaria, Sergio Acosta S.A., y éstos a su vez a la fábrica Silcox en Estados Unidos.
Reveló que posteriormente Unisys World Trade Inc. recibe 30 mil plásticos que tenía numeración repetida por error de la fábrica. Según el magistrado, el error de la empresa fue que no comunicó al TE de la existencia de esos plásticos defectuosos y los retuvo desde septiembre de 2000 en una bodega de la empresa Colmar Logistic, ubicada en el parque industrial Costa del Este, donde varias personas tenían acceso, lo que da origen a una fuente del negocio ilícito.
El colombiano Oscar Alvarado, junto con los empleados de Unisys, Alex Martínez y Agustín Jaramillo, descubren la fuente para hacer un buen negocio ilícito, comentó el magistrado, quien agregó que cada plástico era vendido por un valor de B/90.00 En poder del colombiano Alvarado se descubren 500 plásticos y luego, tras un primer allanamiento al depósito de la empresa se recuperan 20 mil más.
De acuerdo con Valdés Escoffery, los 9,500 plásticos restantes fueron encontrados antier en un nuevo operativo realizado por las autoridades del Ministerio Público, quedando saldada la recuperación de los 30 mil plásticos defectuosos que estaban sin localizar y con la posibilidad de que fueran utilizados para suplantar la cédula de identidad personal de miles de panameños. Faltaron por entregar unos 45 mil plásticos, que se encuentran en poder de la empresa en Estados Unidos.
*Este trabajo fue realizado por Elizabeth Muñoz de Lao, Carlos Vargas y Yariela González.
La Procuraduría Federal del Consumidor es un lamentable tiradero de dinero público. El problema no es si los actuales funcionarios son mejores, iguales o peores que los anteriores, sino que es absurdo que el gobierno lastime en serio a los consumidores mediante monopolios y contubernios proteccionistas con los productores (desde la agricultura hasta las telecomunicaciones) y después, como paliativo, diga que los va a "defender" de los abusos de "los malos comerciantes".
Cada vez que nuestros ilustres secretarios de Agricultura o de Economía les prometen a los quejumbrosos productores nacionales (agrupados en carteles de presión) blindajes, protecciones, escudos, subsidios, aranceles compensatorios y compras preferenciales están fastidiando a los consumidores mexicanos. Según el proyecto de presupuesto, la Secretaría de Economía gastará en 2003 más de 5.311 millones de pesos, de los cuales 1.075 millones de pesos serán para el "Programa de comercio interior, abasto y protección al consumidor". Dentro de ese grandilocuente programa están la Profeco -con casi 708 millones de pesos de presupuesto- y la Comisión Federal de Competencia, con $156 millones de pesos de presupuesto. La suma del presupuesto de ambas dependencias representa poco más del 80 por ciento de ese programa. En contraste, la Secretaría de Energía destinará 16.491 millones de pesos (más del 90 por ciento de su presupuesto) a subsidiar a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Esos subsidios, desde luego, no son para que los consumidores tengamos energía eléctrica más barata, sino para mantener incólumes los privilegios exorbitantes del sindicato. Proteger a los consumidores ha sido la última de las últimas prioridades de los gobiernos mexicanos desde Plutarco Elías Calles hasta Vicente Fox Quesada.
*Analista político.
(c)www.aipenet.com
Por su lado, Márquez Amado insiste en que se sigue dando la duplicidad de identidad, por lo que destacó que es muy importante el trabajo que realizan las personas que administran el sistema de otorgamiento de cédulas. Recordó que en el tiempo que estuvo en el Tribunal Electoral puso en práctica un sencillo método y se instauró el Departamento de Verificación de Identidad.
Allí, cuando se presentaba una persona a suplantar la identidad de otro ciudadano, se recurría a citar a las personas que poseían el mismo número de cédula. Se les interrogaba aparte y empleando la base de datos que maneja el Tribunal Electoral, en donde reposa el nombre de los progenitores, hermanos y hasta abuelos, sus fechas de nacimiento, cuándo y donde fallecieron, se les realiza un cuestionario de 100 preguntas. Así a la persona impostora se le hace difícil aprenderse toda esa información y contestar correctamente las interrogantes.
Para garantizar que no se repita el almacenamiento de plásticos por parte de la empresa contratante sin la debida información al TE, el magistrado presidente de esa entidad indicó que se van a estipular en el contrato las condiciones y procedimientos a seguir con la nueva empresa.
Destacó que esto representará más responsabilidades por parte del TE. Por otro lado, indicó que para garantizar la seguridad en el comercio, se plante como alternativa el difundir el uso de lectores de códigos de barras. Para ello será necesario que el comercio y los bancos tengan los lectores conectados en líneas, tal como sucede con las tarjetas de crédito. De esta forma, no se podrá sorprender a nadie.
No obstante, enfatizó que hay que motivar al comercio para que invierta en comprar los lectores de códigos de barras y que se conecten en línea con la base de datos del TE.
Mediante un comunicado de prensa enviado a la redacción de El Panamá América, la empresa Unisys da a conocer que ya se ubicaron los restantes 9,500 plásticos extraviados, los que sumados a los 20,500 que se ubicaron anteriormente y los que se localizaron en poder del ciudadano colombiano Oscar Alvarado, completan los 30,000 plásticos duplicados no entregados por Unisys al Tribunal Electoral.
Por lo anterior, aclara que "para evitar especulaciones y por el respeto que la ciudadanía se merece en conocer la verdad" esto elimina cualquier riesgo de que los mismos sean utilizados para fines ilegales y elimina cualquier pretensión de calificar lo sucedido como "falsificación de documento público".
Advierten que las únicos plásticos extraviados fueron los encontrados en poder de Alvarado, los cuales nunca pudieron ser utilizados al lograrse su aprehensión antes de que pudiera colocarlos en el mercado.
Concluye el comunicado que no se ha confeccionado ninguna cédula falsa producto del hurto perpetrado, en vista de que se ha recuperado la totalidad de los plásticos y puestos a órdenes de las autoridades competentes.
Alexis Martínez, Alberto Morales y Héctor Morales, todos empleados de Unisys, fueron beneficiados ayer con fianzas de excarcelación por la suma de B/.130.000.00, que fue pagada por la propia empresa. Por su parte, al colombiano Oscar Alvarado, al que se le decomisaron 500 tarjetas base, se le fijó la fianza en B/.300.000.00.
En Honduras el Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) suscribe en febrero de 1996 un contrato con la empresa General Bussines Machine (GBM) luego de un proceso de licitación que fue duramente criticado por los partidos políticos. En el mismo, GBM debía confeccionar unos tres millones de cédulas desde la fecha de la firma del contrato hasta diciembre de 1998.
El proceso no se cumplió a cabalidad debido en gran parte a que la base de datos proporcionada por el TNE tenía deficiencias. Se dieron duplicidad de identificaciones y muchos hondureños tuvieron que esperar hasta tres meses después de solicitar el documento para que este les fuera entregado. Pero lo más grave es que se vio amenazada la confianza en los comicios de 1997.
En septiembre de 1996 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica abre a licitación el proceso de confección de la cédula de identidad personal. En el mismo se presentan tres empresas: GBM, DATADEC y UNISYS de Centroamérica, S.A., ganando esta última el acto público.
El proceso inició en 1997 con las distribución de los equipos en diferentes puntos del país, posteriormente se actualizó la base de datos del TSE con fotografías de los ciudadanos y en agosto de 1998 se inicia la producción de la nueva cédula de identidad personal, con las mismas características que la confeccionada en Panamá.
Pero el proceso según destacó la prensa local se volvió un dolor de cabeza para el TSE. Luego de un estudio realizado por la Contraloría General de la República, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de agosto de 1999, se determinó que la poca preparación de los funcionarios en el manejo del sistema, la pérdida de expedientes, la falta de control para evitar la duplicidad de identidad, desperfectos en los equipos y problemas en la grabación de las firmas hacía demorar el proceso de otorgamiento del documento más de lo que se esperaba. La empresa Unisys admitió que entregó el sistema con unos meses de demora, pero la atribuyó a la saturación de solicitudes.
El Tribunal Electoral debidamente autorizado por la Sala de Acuerdos No. 42 de 13 de octubre de 1997, firma un contrato con Unisys World Trade Inc. para el suministro de bienes y servicios por la suma de B/.13,993,370.34. Mediante el contrato la empresa proveía al TE de un millón de plásticos para la confección de cédulas e incluía actualizar el equipo de informática en el ámbito nacional, instalación de una red digital de comunicaciones, la digitalización de los archivos del registro civil en cedulación, la creación de una base de datos de imagen alfanumérica con la base de datos de imagen y, por último, emitir un documento de identidad digitalizado.
Dicho contrato se finiquita luego de addendas y saldos de pagos que tenía el TE con la empresa en el año 2002 y el mismo termina por una suma superior a los B/.14 millones.
El TE realiza una nueva convocatoria de licitación pública internacional 02-2002, para la selección de contratistas para el suministro de dos millones de plásticos e insumos con la finalidad de fabricar las cédulas de identidad personal.
Mediante los documentos de la Sala de Acuerdos 23 de 3 de junio de 2002 y la Sala de Acuerdos 26 de 17 de junio de 2002, el TE declara desierto los actos de convocatoria de licitación pública internacional 02-2002.
El TE solicita al Consejo de Gabinete autorización para la contratación directa de Unisys de Centroamérica , S.A. para el suministro de plásticos e insumos por la suma de B/.2.400.639.35.
Mediante la Resolución de Gabinete 57 de 10 de julio de 2002, con fundamento en el artículo 55 numeral 2 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, el Consejo de Gabinete autorizó al TE realizar contratación directa con Unisys de Centroamérica S.A.
Luego de negociaciones entre ambas partes, el 10 de julio de 2002 Unisys de Centroamérica S.A. accede a realizar un descuento del 3% del valor de la oferta inicial, obteniéndose un precio final por la suma de B/.2.328.620.20.
El Consejo Económico Nacional (CENA), en sesión del 14 de agosto de 2002, por votación unánime emite voto favorable al contrato entre Unisys de Centroamérica S.A. con el TE por el monto señalado anteriormente.
El Consejo de Gabinete emite concepto favorable al referido contrato y, además, el mismo es refrendado por la Contraloría General de la República en octubre de 2002.
El contrato a cuatro años, incluye cuatro pagos anuales a Unisys de Centroamérica S.A.. El primer desembolso era por la suma de B/.654.424.42.
La carta de crédito para el primer pago estaba pendiente de ser refrendada por la Contraloría General de la República, cuando ocurre el escándalo de la pérdida de 30 mil plásticos que estaban pendientes de entrega por Unisys World Trade Inc., como parte del primer contrato de octubre de 1997.
El 25 de noviembre de 2002, por incumplimiento y la falta de garantía demostrada en la custodia de materiales sensitivos, el contralor Alvin Weeden decide no refrendar la carta de garantía y solicita al TE que resuelva administrativamente el contrato con Unisys de Centroamérica S.A..
Independientemente de que Unisys de Centroamérica S.A, es otra persona jurídica, diferente a la que incumplió el primer contrato, la ley de contratación pública de Panamá la identifica como un solo grupo que negocia con el Estado (Unisys) por lo que se decide resolver el contrato. Unisys de Centroamérica S.A. es otra filial del grupo Unisys y junto con Unisys World Trade Inc, son empresas del consorcio, cuya sede está en Filadelfia, Estados Unidos.
Todavía está fresca en la memoria de los panameños, la época en que narcotraficantes como Pablo Escobar Gaviria y Gilberto Rodríguez Orejuela, lograron obtener cédulas de Panamá, mediante la venta de la nacionalidad que se dio durante la dictadura militar.
En las elecciones de 1989 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en visita realizada a Panamá, recibió denuncias en relación con la falsificación de unas cien mil cédulas de electores para favorecer a los partidos políticos que apoyaban la dictadura.
La creación de esas cien mil cédulas conllevó a un padrón electoral donde la cantidad de personas que votaban por primera vez, era mucho mayor a las que realmente deberían existir en el registro electoral, observó en ese entonces la Comisión.
Años después, en democracia, la falsificación del documento ha ocurrido, pero no con intenciones de fraude electoral, reconocen las autoridades del TE. En 1991, las autoridades panameñas descubren una red internacional por medio del cual se falsificaba la cédula de identidad panameña y descubren más de 58 mil pasaportes falsificados, expedidos por la administración anterior.
Después que se confecciona el documento digitalizado, los intentos por falsificarlo continuaron. En diciembre de 2001, la Policía Técnica Judicial (PTJ) descubre una banda que cuenta con mecanismos tecnológicos para falsificar la nueva cédula y por la cual cobraba 400 balboas por cada documento. Las investigaciones señalan que esta red utilizaba un escáner de alta calidad, que les permitía imprimir la parte posterior de la cédula con todos los datos personales, lo que hace difícil determinar su alteración.
Unisys World Trade Inc. quedó pendiente de entregar 75 mil plásticos del millón de estos documentos que acordó confeccionar para el TE, según el contrato suscrito en 1997. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery recordó que la empresa hizo una entrega de 35 mil de esos plásticos pendientes y la misma fue rechazada por el TE por defectuosos, procediendo a perforar e inutilizar las tarjetas base.
Explicó que los documentos defectuosos fueron devueltos perforados a Unisys World Trade Inc. para que se los entregara a su subsidiaria, Sergio Acosta S.A., y éstos a su vez a la fábrica Silcox en Estados Unidos.
Reveló que posteriormente Unisys World Trade Inc. recibe 30 mil plásticos que tenía numeración repetida por error de la fábrica. Según el magistrado, el error de la empresa fue que no comunicó al TE de la existencia de esos plásticos defectuosos y los retuvo desde septiembre de 2000 en una bodega de la empresa Colmar Logistic, ubicada en el parque industrial Costa del Este, donde varias personas tenían acceso, lo que da origen a una fuente del negocio ilícito.
El colombiano Oscar Alvarado, junto con los empleados de Unisys, Alex Martínez y Agustín Jaramillo, descubren la fuente para hacer un buen negocio ilícito, comentó el magistrado, quien agregó que cada plástico era vendido por un valor de B/90.00 En poder del colombiano Alvarado se descubren 500 plásticos y luego, tras un primer allanamiento al depósito de la empresa se recuperan 20 mil más.
De acuerdo con Valdés Escoffery, los 9,500 plásticos restantes fueron encontrados antier en un nuevo operativo realizado por las autoridades del Ministerio Público, quedando saldada la recuperación de los 30 mil plásticos defectuosos que estaban sin localizar y con la posibilidad de que fueran utilizados para suplantar la cédula de identidad personal de miles de panameños. Faltaron por entregar unos 45 mil plásticos, que se encuentran en poder de la empresa en Estados Unidos.
*Este trabajo fue realizado por Elizabeth Muñoz de Lao, Carlos Vargas y Yariela González.
