Protección de inversiones, clave del desarrollo
DE ACUERDO con estimaciones de la CEPAL, la entrada de inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe registró por primera vez un incremento el año pasado, lo cual no ocurría desde 1999. Esta afluencia de inversiones superó los 56,400 millones de dólares, cifra que es mucho mayor que los 39,100 millones que ingresaron en 2003, lo que representa un aumento del cuarenta por ciento.
Ese crecimiento ha sido considerado muy positivo para la región, lo que se percibe como el inicio de un nuevo período de auge sostenido de las inversiones, que se refleja a través de la expansión internacional de las empresas transnacionales como eje central de la globalización.
En efecto, durante la última década la inversión extranjera directa se ha convertido en la fuerza pujante para regiones como América Latina al brindar apoyo a los procesos de reestructuración económica, contribuyendo en la adopción de nuevas tecnologías y formas de producción en la búsqueda de un mayor crecimiento económico.
En ese escenario, Panamá no es el único país que está tratando de captar inversiones, pues la mayoría de los países de la región están poniendo en marcha agresivos programas para atraer capitales extranjeros en sus sistemas productivos, de allí la importancia que nuestro país aproveche sus ventajas estratégicas que son sus principales fortalezas para hacer atractiva la entrada de inversión extranjera, orientando su mejor utilización en proyectos de construcción de infraestructuras, redistribución de mercancías y las actividades energéticas, tales como combustible y la electricidad dado que el capital, los recursos humanos y la tecnología constituyen la esencia del desarrollo económico.
Desde la perspectiva de nuestro reducido mercado de tres millones habitantes, el régimen jurídico que facilita y brinda certidumbre a los flujos de inversión extranjera productiva esta concebido para fortalecer la economía nacional a través de la generación de empleos, toda vez que se encuentra amparado en las normas constitucionales y en un marco legal que promueve la propiedad privada, protegen la propiedad intelectual, la libertad de empresas y el principio de no discriminación con fundamento en la estabilidad Jurídica de las Inversiones (Ley No. 54 de 1998). El Estado panameño está empeñado en promover y proteger las inversiones efectuadas en actividades: turísticas, industriales, agrícolas de exportación, agroforestales, mineras, zonas procesadoras de exportación, zonas libres de comerciales y de petróleo; telecomunicaciones, construcciones, desarrollo portuario; de generación de energía eléctrica, proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos.
Durante los últimos veinte años, Panamá ha suscrito y ratificado 19 Acuerdos de Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones (APPRI), que han creado un ambiente favorable al intercambio de inversiones en un régimen de seguridad jurídica y estabilidad democrática para atraer las inversiones extranjeras y facilitar las transferencias de capitales en negocios tanto en producción de bienes como financieros, exigiendo el mismo trato recíproco a las inversiones panameñas en Alemania, Argentina, Canadá, Corea, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, OPIC Estados Unidos, Holanda, la República Checa, República Dominicana, Reino Unido, Taiwan, Suiza, Ucrania y Uruguay. Estos Acuerdos Bilaterales son compatibles con los Convenios Multilaterales suscritos por Panamá que están sujetos a las normas del arbitraje convencional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), creado por el Acuerdo sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobada mediante la Ley 13 de 3 enero de 1996 y el Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones (MIGA) aprobado mediante Ley 19 de 8 de enero de 1996.
Como puede observarse, los Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones permiten acceder con primas razonables a los seguros contra riesgos no comerciales que ofrecen las agencias internacionales. Además garantizan el derecho de propiedad, la libre transferencia y la no discriminación; mientras establecen mecanismos para la solución de controversias que se susciten entre un inversionista extranjero y el Estado receptor, aspectos relacionados con la admisión, tratamiento y expropiación. Estos instrumentos jurídicos crean un entorno de gran seguridad y estabilidad jurídica, facilitando la presencia de inversiones de empresas extranjeras en áreas productivas, marítimas y financieras, constituyéndose en instrumento estratégico de las negociaciones comerciales para el desarrollo económico del país.
La inversión extranjera bien orientada podría facilitar la diversificación de alianzas estratégicas empresariales con otros países en el marco de los TLC, lo que podría fomentar la productividad y la competitividad con capacidad para adaptar las tecnologías en la optimización de la producción agrícola y los servicios marítimos internacionales, consecuente con el objetivo cardinal de la política exterior panameña en su propósito de impulsar el bienestar económico y social a través de la adecuada canalización de inversiones para aumentar las exportaciones y el financiamiento de magnos proyectos que se propone desarrollar el Gobierno en un futuro cercano, como la modernización de los puertos y la ampliación del Canal.
Ese crecimiento ha sido considerado muy positivo para la región, lo que se percibe como el inicio de un nuevo período de auge sostenido de las inversiones, que se refleja a través de la expansión internacional de las empresas transnacionales como eje central de la globalización.
En efecto, durante la última década la inversión extranjera directa se ha convertido en la fuerza pujante para regiones como América Latina al brindar apoyo a los procesos de reestructuración económica, contribuyendo en la adopción de nuevas tecnologías y formas de producción en la búsqueda de un mayor crecimiento económico.
En ese escenario, Panamá no es el único país que está tratando de captar inversiones, pues la mayoría de los países de la región están poniendo en marcha agresivos programas para atraer capitales extranjeros en sus sistemas productivos, de allí la importancia que nuestro país aproveche sus ventajas estratégicas que son sus principales fortalezas para hacer atractiva la entrada de inversión extranjera, orientando su mejor utilización en proyectos de construcción de infraestructuras, redistribución de mercancías y las actividades energéticas, tales como combustible y la electricidad dado que el capital, los recursos humanos y la tecnología constituyen la esencia del desarrollo económico.
Desde la perspectiva de nuestro reducido mercado de tres millones habitantes, el régimen jurídico que facilita y brinda certidumbre a los flujos de inversión extranjera productiva esta concebido para fortalecer la economía nacional a través de la generación de empleos, toda vez que se encuentra amparado en las normas constitucionales y en un marco legal que promueve la propiedad privada, protegen la propiedad intelectual, la libertad de empresas y el principio de no discriminación con fundamento en la estabilidad Jurídica de las Inversiones (Ley No. 54 de 1998). El Estado panameño está empeñado en promover y proteger las inversiones efectuadas en actividades: turísticas, industriales, agrícolas de exportación, agroforestales, mineras, zonas procesadoras de exportación, zonas libres de comerciales y de petróleo; telecomunicaciones, construcciones, desarrollo portuario; de generación de energía eléctrica, proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos.
Durante los últimos veinte años, Panamá ha suscrito y ratificado 19 Acuerdos de Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones (APPRI), que han creado un ambiente favorable al intercambio de inversiones en un régimen de seguridad jurídica y estabilidad democrática para atraer las inversiones extranjeras y facilitar las transferencias de capitales en negocios tanto en producción de bienes como financieros, exigiendo el mismo trato recíproco a las inversiones panameñas en Alemania, Argentina, Canadá, Corea, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, OPIC Estados Unidos, Holanda, la República Checa, República Dominicana, Reino Unido, Taiwan, Suiza, Ucrania y Uruguay. Estos Acuerdos Bilaterales son compatibles con los Convenios Multilaterales suscritos por Panamá que están sujetos a las normas del arbitraje convencional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), creado por el Acuerdo sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobada mediante la Ley 13 de 3 enero de 1996 y el Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones (MIGA) aprobado mediante Ley 19 de 8 de enero de 1996.
Como puede observarse, los Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones permiten acceder con primas razonables a los seguros contra riesgos no comerciales que ofrecen las agencias internacionales. Además garantizan el derecho de propiedad, la libre transferencia y la no discriminación; mientras establecen mecanismos para la solución de controversias que se susciten entre un inversionista extranjero y el Estado receptor, aspectos relacionados con la admisión, tratamiento y expropiación. Estos instrumentos jurídicos crean un entorno de gran seguridad y estabilidad jurídica, facilitando la presencia de inversiones de empresas extranjeras en áreas productivas, marítimas y financieras, constituyéndose en instrumento estratégico de las negociaciones comerciales para el desarrollo económico del país.
La inversión extranjera bien orientada podría facilitar la diversificación de alianzas estratégicas empresariales con otros países en el marco de los TLC, lo que podría fomentar la productividad y la competitividad con capacidad para adaptar las tecnologías en la optimización de la producción agrícola y los servicios marítimos internacionales, consecuente con el objetivo cardinal de la política exterior panameña en su propósito de impulsar el bienestar económico y social a través de la adecuada canalización de inversiones para aumentar las exportaciones y el financiamiento de magnos proyectos que se propone desarrollar el Gobierno en un futuro cercano, como la modernización de los puertos y la ampliación del Canal.
