¿Puede el TE cometer un delito electoral?

La Constitución Política dice que el sufragio es un derecho y un deber del ciudadano. La Ley Electoral dice que impedir u obstaculizar el ejercicio del sufragio es un delito electoral. El Tribunal Electoral (TE) desea borrar a unos 60 mil panameños hábiles para votar, del Registro Electoral. ¿Qué pasaría si uno de ellos concurre a las urnas y no puede votar?
Con la excusa de que son personas que no votaron en los últimos tres torneos electorales, el TE se apresta a eliminarlos del Padrón Electoral. No sabemos si tuvieron una razón legítima para no concurrir a los comicios, como fuera la enfermedad, la ausencia del país o haber estado privado de libertad. Tampoco sabemos si no hubo candidaturas o propuestas que los convencieran o motivaran para ir a votar. Sólo sabemos que si en el 2009 quisieran ejercer su derecho, probablemente no lo van a poder hacer.
Todos sabemos que para poder votar hay que aparecer en el registro electoral, por lo que la eliminación hace imposible que puedan ejercer el derecho constitucional. Pero hilemos un poco más delgado. Supongamos que en efecto la "depuración" estuviera justificada, ¿qué garantía tenemos de que en la "borrada" no se vaya gente que sí vota normalmente? ¿Cómo sabemos que no se borren a militantes de un partido en beneficio de otros? ¿No les parece imprudente tomar esta medida a la vez que se introduce en las elecciones el voto en el extranjero y en las prisiones, con toda la suspicacia que esta combinación puede generar?
Ante todas las posibles consecuencias negativas por esta insensata iniciativa, y de que no conocemos que haya en la Ley ninguna sanción por no votar, sumado al hecho de que en Panamá vota más del 75% de los electores, nos tenemos que preguntar el por qué. ¿Qué gana el TE con borrar a estas personas? ¿Ahorrarse papel y tinta? ¿No comprende el TE que ante un resultado estrecho, este tipo de medidas invitan al surgimiento de movimientos de "Plantados" como los de López Obrador, con las nefastas consecuencias para el país, su estabilidad y reputación?
Finalmente tenemos que regresar al planteamiento inicial, ¿comprenden los señores magistrados que bastaría con que una de esas personas intente votar y no lo logre, para que ellos hayan incurrido en un delito electoral? ¿Están dispuestos a todas estas consecuencias para el país y sus personas sólo para ahorrarse papel y tinta?