¿Qué clase de país queremos?
La pregunta, "¿Qué clase de país o sociedad queremos?", muchas veces formulada por generaciones anteriores, y sobre todo, en los albores del siglo XXI, adquiere ciertamente una significación especial para los panameños. La lucha generacional, cuasi centenaria, por la soberanía nacional y la recuperación del Canal de Panamá, culminó exitosamente al finalizar el siglo XX, merced a los Tratados Torrijos-Carter. No obstante, la situación económica, social, cultural y política actual de Panamá, deja mucho que desear. La clase política es, en gran medida, responsable de la aguda crisis que vivimos. ¡Las razones huelgan!
Mientras tanto, si evaluamos el comportamiento de nuestra juventud frente a la crisis que padecemos, tendremos que considerar que si algo caracteriza la sensibilidad de nuestros jóvenes es una cierta desconfianza y malestar frente a las promesas electoreras (y la realidad, muy otra) de nuestros políticos cuando llegan al poder. He aquí una nota importante que informa una triste realidad social en nuestra América: de acuerdo con el último informe de la CEPAL, alrededor de 220 millones de latinoamericanos viven hoy en la pobreza absoluta, siendo el 52 % de ellos niños o adolescentes menores de 20 años. Cerca de 39 millones tienen entre 0 y 4 años de edad, y 43 millones, entre 6 y 12 años.
Esta situación de marginalidad, que afecta tan directamente a nuestra juventud, genera problemas estructurales de difícil solución. La precariedad del mercado laboral estimula entre los jóvenes un creciente sentimiento de inseguridad e indefensión, que parece haberse convertido en un rasgo característico de las sociedades latinoamericanas del comienzo del siglo XXI. La globalización de la economía capitalista y el consecuente repliegue de la acción del Estado hace cada vez más difícil el acceso de nuestros jóvenes a los servicios sociales como la educación y la salud, y dificulta la evolución de la pequeña y mediana empresa.
La falta de empleo permanente y la ausencia de seguridad social trae consigo la inestabilidad de los ingresos familiares, con los costos sociales que ello supone. Además, el debilitamiento de las formas tradicionales de organización y participación social ha alterado significativamente los hábitos colectivos de los jóvenes a favor de un comportamiento más individualista. Y como no han surgido instituciones de reemplazo, la juventud enfrenta su participación en el mercado cada vez más aislada y con menos grados de protección.
A esta situación general de la región latinoamericana se suma una serie de problemas que Panamá experimenta con especial intensidad. La falta de empleo y de perspectivas sociales hacen que los jóvenes panameños encuentren cada vez en los vicios, como el consumo y tráfico de drogas, lo mismo que en la comisión de delitos (criminalidad, robos, secuestros, actos de violencia, etc.) una alternativa a su desesperada situación personal y familiar.
Teniendo en cuenta todos estos factores, y otros más, la pregunta que motiva esta nota - ¿Qué clase de país queremos?-, requiere ser, a su vez, interrogada desde la perspectiva política que, como el gobierno del Estado, tiene la responsabilidad primera de promover la unidad o concordia nacional para hacer frente a los problemas aquí plantados con las mejores soluciones. El actual gobierno de "Unión por Panamá", el gobierno de los pobres, tiene que tomar medidas inmediatas para frenar la corrupción general comenzando por eliminar de una vez por todas el nepotismo oficial, que es una de las modalidades más elocuentes y probatoria de la corrupción generalizada en el gobierno de la señora Moscoso.
Hay una fórmula bíblica-cristiana que, no por vieja deja de tener vigencia de tipo humano, social y democrático: "hacer multiplicar los panes y repartirles entre todos los necesitados". Elimínase, pues, los odiosos "clanes familiares" (se ha dicho públicamente, que sólo uno de los "clanes familiares", recibe en sueldos y otras canonjías cerca de 200 mil dólares mensuales del presupuesto nacional, tamaña injusticia que contrasta con la realidad de cientos de miles de panameños que no reciben ni siquiera 50 dólares al año). Preguntemos otra vez, ¿qué clase de país queremos...?
Que hablemos de un Diálogo Nacional. Sí, pero antes, la Iglesia Católica (posible mediadora) y la sociedad civil (el pueblo soberano), ha de exigir al gobierno de "Unión por Panamá", la erradicación total de estos vicios aberrantes de la politiquería imperante: la corrupción en todas sus manifestaciones la injusticia social que nos agobia y avergüenza.
Mientras tanto, si evaluamos el comportamiento de nuestra juventud frente a la crisis que padecemos, tendremos que considerar que si algo caracteriza la sensibilidad de nuestros jóvenes es una cierta desconfianza y malestar frente a las promesas electoreras (y la realidad, muy otra) de nuestros políticos cuando llegan al poder. He aquí una nota importante que informa una triste realidad social en nuestra América: de acuerdo con el último informe de la CEPAL, alrededor de 220 millones de latinoamericanos viven hoy en la pobreza absoluta, siendo el 52 % de ellos niños o adolescentes menores de 20 años. Cerca de 39 millones tienen entre 0 y 4 años de edad, y 43 millones, entre 6 y 12 años.
Esta situación de marginalidad, que afecta tan directamente a nuestra juventud, genera problemas estructurales de difícil solución. La precariedad del mercado laboral estimula entre los jóvenes un creciente sentimiento de inseguridad e indefensión, que parece haberse convertido en un rasgo característico de las sociedades latinoamericanas del comienzo del siglo XXI. La globalización de la economía capitalista y el consecuente repliegue de la acción del Estado hace cada vez más difícil el acceso de nuestros jóvenes a los servicios sociales como la educación y la salud, y dificulta la evolución de la pequeña y mediana empresa.
La falta de empleo permanente y la ausencia de seguridad social trae consigo la inestabilidad de los ingresos familiares, con los costos sociales que ello supone. Además, el debilitamiento de las formas tradicionales de organización y participación social ha alterado significativamente los hábitos colectivos de los jóvenes a favor de un comportamiento más individualista. Y como no han surgido instituciones de reemplazo, la juventud enfrenta su participación en el mercado cada vez más aislada y con menos grados de protección.
A esta situación general de la región latinoamericana se suma una serie de problemas que Panamá experimenta con especial intensidad. La falta de empleo y de perspectivas sociales hacen que los jóvenes panameños encuentren cada vez en los vicios, como el consumo y tráfico de drogas, lo mismo que en la comisión de delitos (criminalidad, robos, secuestros, actos de violencia, etc.) una alternativa a su desesperada situación personal y familiar.
Teniendo en cuenta todos estos factores, y otros más, la pregunta que motiva esta nota - ¿Qué clase de país queremos?-, requiere ser, a su vez, interrogada desde la perspectiva política que, como el gobierno del Estado, tiene la responsabilidad primera de promover la unidad o concordia nacional para hacer frente a los problemas aquí plantados con las mejores soluciones. El actual gobierno de "Unión por Panamá", el gobierno de los pobres, tiene que tomar medidas inmediatas para frenar la corrupción general comenzando por eliminar de una vez por todas el nepotismo oficial, que es una de las modalidades más elocuentes y probatoria de la corrupción generalizada en el gobierno de la señora Moscoso.
Hay una fórmula bíblica-cristiana que, no por vieja deja de tener vigencia de tipo humano, social y democrático: "hacer multiplicar los panes y repartirles entre todos los necesitados". Elimínase, pues, los odiosos "clanes familiares" (se ha dicho públicamente, que sólo uno de los "clanes familiares", recibe en sueldos y otras canonjías cerca de 200 mil dólares mensuales del presupuesto nacional, tamaña injusticia que contrasta con la realidad de cientos de miles de panameños que no reciben ni siquiera 50 dólares al año). Preguntemos otra vez, ¿qué clase de país queremos...?
Que hablemos de un Diálogo Nacional. Sí, pero antes, la Iglesia Católica (posible mediadora) y la sociedad civil (el pueblo soberano), ha de exigir al gobierno de "Unión por Panamá", la erradicación total de estos vicios aberrantes de la politiquería imperante: la corrupción en todas sus manifestaciones la injusticia social que nos agobia y avergüenza.
