¿Qué es más grave, corrupción o malas políticas?
Recientemente nos han presentado que la "corrupción" y la "perversidad" de algunos de nuestros compatriotas son las que están acabando con el país. La idea de que Panamá va mal por culpa de los corruptos, es una forma de decir que no es por las políticas adoptadas ni por las medidas que se toman que estamos en el caos que sentimos; es la manera de exculpar, de liberarse de responsabilidad por parte de quienes deciden los fracasos que suceden.
No hay duda que la cantidad de actos ilegales se ha multiplicado, y el abuso de las posiciones de poder en el Estado es cada vez más generalizado. Pero de ahí a que sea ésta la principal causa de nuestros males hay mucha distancia.
Es natural que existan elementos de corrupción en toda sociedad (si no fuera así, no existirían leyes para sancionar esos casos); es inevitable que cuanto más desorden y más pobreza exista, más tendencia haya a que se multipliquen, y es inevitable que cuanto más débil sea la administración de justicia y más se promueva la competencia y la búsqueda de soluciones individuales, más tentación habrá para beneficiarse indebidamente de los cargos públicos. Pero es igualmente cierto que el daño que esto puede causar es infinitamente menor al de cualquier política desacertada. La verdad es que las denuncias con nombre propio apenas rondan el 3% de tal suma y que el resto tiene otro origen.
Lo que pasa es que hemos caído en una cultura en la cual la acusación de corrupción es tan sólo una arma para atacar o para defenderse sin que se tenga que responder por ella ante la justicia misma. Desapareció en forma total lo que se conocía como "la majestad de la justicia"; y el manoseo por parte de los medios de comunicación con el uso político de las noticias judiciales llevó a que no sólo toda intervención de los jueces puede ser cuestionada, sino que, en consecuencia con ello, la actuación de los particulares ante ella puede ser totalmente irresponsable.
No hay duda que la cantidad de actos ilegales se ha multiplicado, y el abuso de las posiciones de poder en el Estado es cada vez más generalizado. Pero de ahí a que sea ésta la principal causa de nuestros males hay mucha distancia.
Es natural que existan elementos de corrupción en toda sociedad (si no fuera así, no existirían leyes para sancionar esos casos); es inevitable que cuanto más desorden y más pobreza exista, más tendencia haya a que se multipliquen, y es inevitable que cuanto más débil sea la administración de justicia y más se promueva la competencia y la búsqueda de soluciones individuales, más tentación habrá para beneficiarse indebidamente de los cargos públicos. Pero es igualmente cierto que el daño que esto puede causar es infinitamente menor al de cualquier política desacertada. La verdad es que las denuncias con nombre propio apenas rondan el 3% de tal suma y que el resto tiene otro origen.
Lo que pasa es que hemos caído en una cultura en la cual la acusación de corrupción es tan sólo una arma para atacar o para defenderse sin que se tenga que responder por ella ante la justicia misma. Desapareció en forma total lo que se conocía como "la majestad de la justicia"; y el manoseo por parte de los medios de comunicación con el uso político de las noticias judiciales llevó a que no sólo toda intervención de los jueces puede ser cuestionada, sino que, en consecuencia con ello, la actuación de los particulares ante ella puede ser totalmente irresponsable.