¿Qué hacer con las partidas circuitales?
Las nuevas autoridades han podido comprobar que para los últimos cuatro meses de 1999 escasamente quedan fondos para gastos de funcionamiento y muy poco o nada para inversiones, pues sus predecesores consumieron todos los recursos presupuestados para este rubro durante los primeros ocho meses del año.
Atendiendo a la limitación real de recursos, el Organo Ejecutivo ha elaborado un proyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2000, ajustado a la estrechez de fondos y está por remitirlo a la Asamblea Legislativa. Cuando ese proyecto llegue al parlamento sabremos si ese esfuerzo por ordenar las finanzas públicas tendrá eco en la Asamblea Legislativa. Y la medida para comprobar si hay voluntad de contribuir en ese sentido serán las famosas partidas circuitales.
Durante la pasada campaña electoral quedó demostrado que las denominadas partidas circuitales fueron factor determinante para la reelección de muchos legisladores, principalmente los del PRD, que tuvieron a su disposición las sumas mayores, pues al tener el control de la Asamblea se servían con la cuchara más grande.
Con el propósito evidente de repetir la fórmula, antes de que la anterior Asamblea Legislativa concluyera su mandato, la entonces bancada oficialista del PRD promovió la reforma del Reglamento Interno del Organo Legislativo para poner las partidas circuitales bajo el control absoluto de los legisladores, asegurándose su manejo independiente del Organo Ejecutivo.
La jugarreta estaba montada sobre los supuestos de que el PRD controlaría la Asamblea Legislativa y la designación del Contralor General de la República, pero ambas expectativas se desmoronaron, gracias al "Pacto de la Pintada" que evitó que ese control se diera y que ha creado el espacio político para que el nuevo gobierno pueda trabajar con una asamblea que, sin ser incondicional, por lo pronto está abierta a considerar las iniciativas que provengan del Organo Ejecutivo.
Es obvia la necesidad de derogar la norma que pone bajo el control de la Asamblea la administración de las partidas circuitales. La ejecución de obras no es competencia del Organo Legislativo; esa tarea le corresponde a los ministerios y entidades autónomas y no a los legisladores.
Según ha anunciado el legislador Cigarruista, presidente de la comisión correspondiente, esa medida absurda será revocada, pero ella sólo se refiere, recalcó, a la administración de las partidas circuitales y a la ejecución de las obras que con ellas se financian. Todavía queda pendiente el aspecto medular, que es decidir si esos fondos públicos que durante los próximos cinco años rondarán los 200 millones de balboas se seguirán adjudicando por cuotas a los legisladores.
Cuando era candidata presidencial, doña Mireya Moscoso anunció su intención de reorientar las partidas circuitales, para lograr que sirvan mejor a las comunidades y mencionó que tal vez convendría trasladarlas a los corregimientos.
Dentro de la Asamblea Legislativa hay una mayoría de legisladores que están de acuerdo con devolver la ejecución de las partidas circuitales al Organo Ejecutivo, pero, por el otro lado, y con mayor fuerza, también persiste la intención mayoritaria de los legisladores, de gobierno y de oposición, de aferrarse a "sus partidas circuitales" y conservar el derecho a disponer de ellas.
Las partidas circuitales son una distorsión de las funciones que corresponden a los diferentes órganos del Estado, trastocan el manejo de las finanzas públicas, privan a otras instancias, como los Consejos Provinciales, de su derecho constitucional y legal de proponer y recomendar el Plan de Obras provinciales y crean privilegios electorales que atentan contra el fortalecimiento de la democracia.
Pero la solución a este problema no está, me parece, en trasladarlas a los corregimientos. Creo que sería más conveniente que la decisión sobre el camino que deben seguir esos fondos se traslade a los Consejos Provinciales de Coordinación y que allí, mediante la concertación entre todas las partes que a ellos concurren, unas con voto, como los representantes de corregimientos y otras sin él, pero con evidente peso político, como los gobernadores, los alcaldes, los legisladores, asistidos por la Junta Técnica Provincial, se recomiende la mejor manera de invertirlos, de acuerdo a la estrategia provincial de desarrollo que más convenga.
Los resultados de las decisiones que adopten los Consejos Provinciales serían presentados al Organo Ejecutivo para su inclusión en el Presupuesto General del Estado, como está previsto en la Ley que los regula.
La ventaja de esta propuesta es que puede desarrollarse sin necesidad de reformas legales. Sólo se requiere de la buena voluntad de los legisladores.
Atendiendo a la limitación real de recursos, el Organo Ejecutivo ha elaborado un proyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2000, ajustado a la estrechez de fondos y está por remitirlo a la Asamblea Legislativa. Cuando ese proyecto llegue al parlamento sabremos si ese esfuerzo por ordenar las finanzas públicas tendrá eco en la Asamblea Legislativa. Y la medida para comprobar si hay voluntad de contribuir en ese sentido serán las famosas partidas circuitales.
Durante la pasada campaña electoral quedó demostrado que las denominadas partidas circuitales fueron factor determinante para la reelección de muchos legisladores, principalmente los del PRD, que tuvieron a su disposición las sumas mayores, pues al tener el control de la Asamblea se servían con la cuchara más grande.
Con el propósito evidente de repetir la fórmula, antes de que la anterior Asamblea Legislativa concluyera su mandato, la entonces bancada oficialista del PRD promovió la reforma del Reglamento Interno del Organo Legislativo para poner las partidas circuitales bajo el control absoluto de los legisladores, asegurándose su manejo independiente del Organo Ejecutivo.
La jugarreta estaba montada sobre los supuestos de que el PRD controlaría la Asamblea Legislativa y la designación del Contralor General de la República, pero ambas expectativas se desmoronaron, gracias al "Pacto de la Pintada" que evitó que ese control se diera y que ha creado el espacio político para que el nuevo gobierno pueda trabajar con una asamblea que, sin ser incondicional, por lo pronto está abierta a considerar las iniciativas que provengan del Organo Ejecutivo.
Es obvia la necesidad de derogar la norma que pone bajo el control de la Asamblea la administración de las partidas circuitales. La ejecución de obras no es competencia del Organo Legislativo; esa tarea le corresponde a los ministerios y entidades autónomas y no a los legisladores.
Según ha anunciado el legislador Cigarruista, presidente de la comisión correspondiente, esa medida absurda será revocada, pero ella sólo se refiere, recalcó, a la administración de las partidas circuitales y a la ejecución de las obras que con ellas se financian. Todavía queda pendiente el aspecto medular, que es decidir si esos fondos públicos que durante los próximos cinco años rondarán los 200 millones de balboas se seguirán adjudicando por cuotas a los legisladores.
Cuando era candidata presidencial, doña Mireya Moscoso anunció su intención de reorientar las partidas circuitales, para lograr que sirvan mejor a las comunidades y mencionó que tal vez convendría trasladarlas a los corregimientos.
Dentro de la Asamblea Legislativa hay una mayoría de legisladores que están de acuerdo con devolver la ejecución de las partidas circuitales al Organo Ejecutivo, pero, por el otro lado, y con mayor fuerza, también persiste la intención mayoritaria de los legisladores, de gobierno y de oposición, de aferrarse a "sus partidas circuitales" y conservar el derecho a disponer de ellas.
Las partidas circuitales son una distorsión de las funciones que corresponden a los diferentes órganos del Estado, trastocan el manejo de las finanzas públicas, privan a otras instancias, como los Consejos Provinciales, de su derecho constitucional y legal de proponer y recomendar el Plan de Obras provinciales y crean privilegios electorales que atentan contra el fortalecimiento de la democracia.
Pero la solución a este problema no está, me parece, en trasladarlas a los corregimientos. Creo que sería más conveniente que la decisión sobre el camino que deben seguir esos fondos se traslade a los Consejos Provinciales de Coordinación y que allí, mediante la concertación entre todas las partes que a ellos concurren, unas con voto, como los representantes de corregimientos y otras sin él, pero con evidente peso político, como los gobernadores, los alcaldes, los legisladores, asistidos por la Junta Técnica Provincial, se recomiende la mejor manera de invertirlos, de acuerdo a la estrategia provincial de desarrollo que más convenga.
Los resultados de las decisiones que adopten los Consejos Provinciales serían presentados al Organo Ejecutivo para su inclusión en el Presupuesto General del Estado, como está previsto en la Ley que los regula.
La ventaja de esta propuesta es que puede desarrollarse sin necesidad de reformas legales. Sólo se requiere de la buena voluntad de los legisladores.
