¿Qué hacer para tener agua y recoger las aguas negras?
La Presidenta lleva un año a la cabeza el Gobierno. Desde que fue candidata sabía que la situación del suministro de agua potable, del procesamiento de las aguas negras y de la descontaminación de ríos y mares, era grave y urgente, pues afecta la salud y el bienestar básicos de toda nuestra población. También sabía que se requiere transformar el IDAAN, porque esta institución es un verdadero desastre. La interrupción del agua que experimentamos esta semana dramatiza los hechos.
Pero evidentemente la Presidenta no estaba preparada para lidiar con el problema. Sólo proponía algo negativo, no privatizar la institución. Su razón era sencilla, evitar la apasionada oposición de la opinión pública contra Pérez Balladares cuando lo intentó. Mas no tenía ninguna idea positiva de cómo resolver el problema.
Tan pronto asumió el gobierno, la Presidenta le encargó al entonces Ministro de Economía y Finanzas, quien era al mismo tiempo Secretario General del Partido Arnulfista, que preparara una proyecto de ley para reorganizar el IDAAN y por ende, la administración de la producción y del suministro de sus servicios. El esfuerzo de dicho ministro fue tan poco acertado, tal como su manejo de la economía, que la Presidenta tuvo que nombrar a otra persona tanto en el ministerio, como para realizar dicha tarea. Designó al segundo vicepresidente Bazán, como presidente de una Comisión Presidencial para la Modernización del Sistema de Agua Potable, la cual debía preparar dicho proyecto dentro del contexto de una estrategia para la solución global del problema. Ante la carencia de profesionales idóneos en el oficialismo, Bazán tuvo el acierto de recurrir a distinguidos profesionales conocedores de la materia, incluso de otros partidos políticos, como el abogado e ingeniero Eduardo Rodríguez, director general de la CAPAC, el ingeniero José Fierro, ex director del IDAAN, y el Lic. René Luciani, economista y planificador del sector público, todos con amplia experiencia, para que le ayudaran a formular una propuesta.
Ahora circula un documento que resume la propuesta de dicha comisión, tal que la presentó al Consejo de Gabinete. Propone los siguientes lineamientos: 1. Reformar la Ley Orgánica del IDAAN para garantizarle autonomía administrativa y financiera; 2. fortalecer financieramente al IDAAN; 3. reorganizarlo administrativamente para facilitar su desarrollo y funcionamiento; 4. formular un plan quinquenal y decenal de obras; 5. vigorizar su área comercial, principalmente la lectura de medidores, la facturación y el cobro de cuentas, y 6. actualizar los estudios de contaminación. Son lineamientos razonables, aunque demasiado generales para evaluarlos en concreto.
Su diagnóstico de la situación actual del IDAAN no es nueva. Ya se conocía, pero es realista. La institución está "al borde de la insolvencia financiera". Ello le impide mantener adecuadamente los servicios actuales y responder a la creciente demanda de servicios. Como consecuencia, la institución atraviesa una crisis de operación. En efecto, al no tener competencia, nada la obliga a ser eficiente. Sus tarifas no se ajustan a los costos. Tiene serios problemas administrativos, tales como obstáculos para adquirir insumos y servicios de manera expedita, dificultades para obtener financiamiento fuera del limitado presupuesto estatal de inversiones, una imposibilidad para ofrecer salarios competitivos a profesionales de primera calidad, una condición obsoleta de su estructura administrativa y una recurrente intervención política sectaria en las decisiones de personal. Lo más grave del diagnóstico es que la situación empeora día a día.
Algunos datos son sumamente preocupantes. El IDAAN suministra, en principio, agua potable a 1.8 millones de habitantes, lo que abarca el 100% de la población concentrada en comunidades urbanas de más de 1,500 personas. Pero pierde el 40% del agua que produce y compra, lo que sería suficiente para suplir las necesidades de 600,000 personas. Por ello, el servicio de agua potable sirve a 109 comunidades sólo menos de 12 horas al día y a 141 otras comunidades menos de 24 horas diarias. Cerca de 200,000 personas son servidas con camiones cisternas.
Por otra parte, se descargan al día 200 millones de galones de aguas negras sin tratamiento en quebradas, ríos, lagos, mares y la Bahía de Panamá. Se producen 3,000 desbordes al año por obstrucciones y roturas. Más grave todavía, el 60% de los clientes del IDAAN no tienen alcantarillado sanitario. Inútil destacar el grave peligro que representa esta situación para la salud pública de nuestro pueblo y de nuestro país.
No menos grave es la situación de las finanzas del IDAAN. En efecto, el 50% de los usuarios no tienen medidores y al restante 50% no se le lee a todos el consumo o sus medidores no funcionan correctamente. La morosidad del sector privado es de B/. 51.9 millones y la morosidad total es de B/. 59.8 millones. En 1998 se produjo el equivalente de B/. 90 millones, se facturaron B/64 millones y sólo se cobraron B/. 56 millones, lo que indica que se dejaron de cobrar cerca de B/40 millones. En los últimos cinco años se dejaron de cobrar B/. 200 millones. Cualquiera solución debe prever acuerdos de pago de las sumas que se le adeudan al IDAAN.
Para hacerle frente a este desastre, el documento de la Comisión Presidencial plantea: a) reformar del marco legal; b) establecer una organización adecuada; c) otorgar un contrato de servicios para el área comercial y d) dearrollar una campaña de concientización. Ahora bien, una cosa es enumerar en términos generales estos planteamientos, que suenan válidos, otra cosa es conocer el detalle específico de las propuestas de la Comisión Presidencial. Para la suerte legislativa de tales propuestas, mucho dependerá de la actitud con la que el Ejecutivo las presente a dicho "rgano del Estado, ya sea con una disposición a considerar modificaciones que surjan de la discusión en la opinión pública y con los legisladores, sobre todo de la oposición, sea ya sea con intolerancia hacia cualquiera modificación.
En cuanto al marco legal, interesa saber cuán lejos el gobierno está dispuesto a ir en la consagración de la autonomía efectiva y de la independencia con respecto a la política partidista sectaria. ¿Serán reales o sólo aparentes? También interesa saber cómo se establecerán las tarifas que se han de cobrar por el agua potable y por recoger las aguas negras y si se preverá una real participación de los usuarios en el establecimiento de las mismas o si, por lo contrario, se tiene en mente una fórmula como la que permite aumentos repetidos de las tarifas de teléfono y de electricidad. Es decisivo conocer qué política de subsidios seguirá el gobierno, al margen de la estructura tarifaría del IDAAN, para que los sectores más pobres, muchos de los cuales actualmente no pagan nada por los servicios, puedan cubrir las tarifas y no estén expuestos a constantes interrupciones en dichos servicios. Por último, necesitamos saber si la nueva organización será centralizada o descentralizada, en qué medida permitirá que la competencia genere eficiencia y cómo se concibe el contrato de servicios para el área comercial. Este último punto es crucial, pues pudiera concebirse dicho contrato como algo prácticamente equivalente a una privatización, de tal manera que una vez otorgado el servicio el Estado se desentienda de su ejecución y deje así a los usuarios al arbitrio de las empresas privadas, sin ningún recurso efectivo en caso de arbitrariedades o de deficiencia en el servicio. El país sólo aceptaría la noción de responsabilizar a empresas privadas por los servicios administrativos del IDAAN, si el Estado no reniega de su papel de último árbitro.
Por otra parte, el documento de la Comisión Presidencial prevé un plan quinquenal de inversiones por B/. 491 millones y uno decenal por B/. 677 millones, incluyendo B/. 300 millones necesarios para el saneamiento de la Bahía de Panamá. El documento no precisa cómo se obtendrían estos recursos, ya sea en todo o en parte con el aporte del Estado o si , por lo contrario, se espera que el IDAAN contrate empréstitos (con o sin el aval del Estado) y los pague gracias a sus tarifas (evidentemente mejor cobradas y más altas). Este punto requerirá, sin duda, una detallada y concienzuda discusión para que la solución a considerar nos asegure que dará buenos resultados y que el Estado no rehuya su función como instancia de último recurso, de solidaridad humana y nacional.
A todas éstas, mientras se considera la modernización del IDAAN, la institución se ha visto sumido en un escándalo de la más cruda politiquería. Pareciera que la Presidenta entregó el IDAAN como espacio político a uno de los partidos que la acompañan en su gobierno. Y a este partido, desde las oficinas públicas, en el horario de trabajo oficial, haciendo uso de computadoras del Estado y de las planillas de la institución, a través de altos funcionarios con clara influencia administrativa en virtud de sus cargos, se le acusa de cobrar cotización partidaria casi como un descuento directo de los salarios, bajo amenaza velada de que quien no aceptaba pagarla o bien no sería nombrado o bien sería despedido. El Director del IDAAN, en un primer momento, se separó de su cargo, pero ahora ha vuelto al mismo como si nada hubiera sucedido. De dos cosas una: o bien él sabía lo que estaba pasando y fue cómplice pasivo o activo de lo que ocurría, o bien no sabía lo que estaba pasando y fue derrelicto en cumplir con su función de supervisión general.
Es escandaloso que, a sabiendas de la gravísima crisis por la que atraviesa el IDAAN, en medio del proceso que pretende resolverla, la Presidenta tolere este tradicionalismo generador de ineficiencia y corrupción en dicha institución. Entre lo que la Presidenta practica en el IDAAN y lo que su Comisión propone hay una flagrante incongruencia.
Ello genera una duda sobre lo que el Ejecutivo hará con la nueva Ley Orgánica del IDAAN y con los millones que se obtengan para su plan de inversiones. Si la Presidenta quisiera de verdad colocar el IDAAN en la agenda de Estado, debiera comenzar por integrar una nueva junta directiva con representantes de los partidos de gobierno y de oposición, así como con figuras independientes que ofrezcan la máxima garantía de competencia y honradez. Ello le permitiría a la nueva junta escoger de inmediato, por concurso de méritos, un nuevo director que inspire confianza y pueda ejecutar el programa que se apruebe a través de la Asamblea Legislativa.
Sólo así tendremos la seguridad que el problema del agua, de las aguas negras y de la contaminación de cuerpos de agua, encontrará solución. De otra manera estaremos en plena demagogia.
(ariyan@sinfo.net)
Pero evidentemente la Presidenta no estaba preparada para lidiar con el problema. Sólo proponía algo negativo, no privatizar la institución. Su razón era sencilla, evitar la apasionada oposición de la opinión pública contra Pérez Balladares cuando lo intentó. Mas no tenía ninguna idea positiva de cómo resolver el problema.
Tan pronto asumió el gobierno, la Presidenta le encargó al entonces Ministro de Economía y Finanzas, quien era al mismo tiempo Secretario General del Partido Arnulfista, que preparara una proyecto de ley para reorganizar el IDAAN y por ende, la administración de la producción y del suministro de sus servicios. El esfuerzo de dicho ministro fue tan poco acertado, tal como su manejo de la economía, que la Presidenta tuvo que nombrar a otra persona tanto en el ministerio, como para realizar dicha tarea. Designó al segundo vicepresidente Bazán, como presidente de una Comisión Presidencial para la Modernización del Sistema de Agua Potable, la cual debía preparar dicho proyecto dentro del contexto de una estrategia para la solución global del problema. Ante la carencia de profesionales idóneos en el oficialismo, Bazán tuvo el acierto de recurrir a distinguidos profesionales conocedores de la materia, incluso de otros partidos políticos, como el abogado e ingeniero Eduardo Rodríguez, director general de la CAPAC, el ingeniero José Fierro, ex director del IDAAN, y el Lic. René Luciani, economista y planificador del sector público, todos con amplia experiencia, para que le ayudaran a formular una propuesta.
Ahora circula un documento que resume la propuesta de dicha comisión, tal que la presentó al Consejo de Gabinete. Propone los siguientes lineamientos: 1. Reformar la Ley Orgánica del IDAAN para garantizarle autonomía administrativa y financiera; 2. fortalecer financieramente al IDAAN; 3. reorganizarlo administrativamente para facilitar su desarrollo y funcionamiento; 4. formular un plan quinquenal y decenal de obras; 5. vigorizar su área comercial, principalmente la lectura de medidores, la facturación y el cobro de cuentas, y 6. actualizar los estudios de contaminación. Son lineamientos razonables, aunque demasiado generales para evaluarlos en concreto.
Su diagnóstico de la situación actual del IDAAN no es nueva. Ya se conocía, pero es realista. La institución está "al borde de la insolvencia financiera". Ello le impide mantener adecuadamente los servicios actuales y responder a la creciente demanda de servicios. Como consecuencia, la institución atraviesa una crisis de operación. En efecto, al no tener competencia, nada la obliga a ser eficiente. Sus tarifas no se ajustan a los costos. Tiene serios problemas administrativos, tales como obstáculos para adquirir insumos y servicios de manera expedita, dificultades para obtener financiamiento fuera del limitado presupuesto estatal de inversiones, una imposibilidad para ofrecer salarios competitivos a profesionales de primera calidad, una condición obsoleta de su estructura administrativa y una recurrente intervención política sectaria en las decisiones de personal. Lo más grave del diagnóstico es que la situación empeora día a día.
Algunos datos son sumamente preocupantes. El IDAAN suministra, en principio, agua potable a 1.8 millones de habitantes, lo que abarca el 100% de la población concentrada en comunidades urbanas de más de 1,500 personas. Pero pierde el 40% del agua que produce y compra, lo que sería suficiente para suplir las necesidades de 600,000 personas. Por ello, el servicio de agua potable sirve a 109 comunidades sólo menos de 12 horas al día y a 141 otras comunidades menos de 24 horas diarias. Cerca de 200,000 personas son servidas con camiones cisternas.
Por otra parte, se descargan al día 200 millones de galones de aguas negras sin tratamiento en quebradas, ríos, lagos, mares y la Bahía de Panamá. Se producen 3,000 desbordes al año por obstrucciones y roturas. Más grave todavía, el 60% de los clientes del IDAAN no tienen alcantarillado sanitario. Inútil destacar el grave peligro que representa esta situación para la salud pública de nuestro pueblo y de nuestro país.
No menos grave es la situación de las finanzas del IDAAN. En efecto, el 50% de los usuarios no tienen medidores y al restante 50% no se le lee a todos el consumo o sus medidores no funcionan correctamente. La morosidad del sector privado es de B/. 51.9 millones y la morosidad total es de B/. 59.8 millones. En 1998 se produjo el equivalente de B/. 90 millones, se facturaron B/64 millones y sólo se cobraron B/. 56 millones, lo que indica que se dejaron de cobrar cerca de B/40 millones. En los últimos cinco años se dejaron de cobrar B/. 200 millones. Cualquiera solución debe prever acuerdos de pago de las sumas que se le adeudan al IDAAN.
Para hacerle frente a este desastre, el documento de la Comisión Presidencial plantea: a) reformar del marco legal; b) establecer una organización adecuada; c) otorgar un contrato de servicios para el área comercial y d) dearrollar una campaña de concientización. Ahora bien, una cosa es enumerar en términos generales estos planteamientos, que suenan válidos, otra cosa es conocer el detalle específico de las propuestas de la Comisión Presidencial. Para la suerte legislativa de tales propuestas, mucho dependerá de la actitud con la que el Ejecutivo las presente a dicho "rgano del Estado, ya sea con una disposición a considerar modificaciones que surjan de la discusión en la opinión pública y con los legisladores, sobre todo de la oposición, sea ya sea con intolerancia hacia cualquiera modificación.
En cuanto al marco legal, interesa saber cuán lejos el gobierno está dispuesto a ir en la consagración de la autonomía efectiva y de la independencia con respecto a la política partidista sectaria. ¿Serán reales o sólo aparentes? También interesa saber cómo se establecerán las tarifas que se han de cobrar por el agua potable y por recoger las aguas negras y si se preverá una real participación de los usuarios en el establecimiento de las mismas o si, por lo contrario, se tiene en mente una fórmula como la que permite aumentos repetidos de las tarifas de teléfono y de electricidad. Es decisivo conocer qué política de subsidios seguirá el gobierno, al margen de la estructura tarifaría del IDAAN, para que los sectores más pobres, muchos de los cuales actualmente no pagan nada por los servicios, puedan cubrir las tarifas y no estén expuestos a constantes interrupciones en dichos servicios. Por último, necesitamos saber si la nueva organización será centralizada o descentralizada, en qué medida permitirá que la competencia genere eficiencia y cómo se concibe el contrato de servicios para el área comercial. Este último punto es crucial, pues pudiera concebirse dicho contrato como algo prácticamente equivalente a una privatización, de tal manera que una vez otorgado el servicio el Estado se desentienda de su ejecución y deje así a los usuarios al arbitrio de las empresas privadas, sin ningún recurso efectivo en caso de arbitrariedades o de deficiencia en el servicio. El país sólo aceptaría la noción de responsabilizar a empresas privadas por los servicios administrativos del IDAAN, si el Estado no reniega de su papel de último árbitro.
Por otra parte, el documento de la Comisión Presidencial prevé un plan quinquenal de inversiones por B/. 491 millones y uno decenal por B/. 677 millones, incluyendo B/. 300 millones necesarios para el saneamiento de la Bahía de Panamá. El documento no precisa cómo se obtendrían estos recursos, ya sea en todo o en parte con el aporte del Estado o si , por lo contrario, se espera que el IDAAN contrate empréstitos (con o sin el aval del Estado) y los pague gracias a sus tarifas (evidentemente mejor cobradas y más altas). Este punto requerirá, sin duda, una detallada y concienzuda discusión para que la solución a considerar nos asegure que dará buenos resultados y que el Estado no rehuya su función como instancia de último recurso, de solidaridad humana y nacional.
A todas éstas, mientras se considera la modernización del IDAAN, la institución se ha visto sumido en un escándalo de la más cruda politiquería. Pareciera que la Presidenta entregó el IDAAN como espacio político a uno de los partidos que la acompañan en su gobierno. Y a este partido, desde las oficinas públicas, en el horario de trabajo oficial, haciendo uso de computadoras del Estado y de las planillas de la institución, a través de altos funcionarios con clara influencia administrativa en virtud de sus cargos, se le acusa de cobrar cotización partidaria casi como un descuento directo de los salarios, bajo amenaza velada de que quien no aceptaba pagarla o bien no sería nombrado o bien sería despedido. El Director del IDAAN, en un primer momento, se separó de su cargo, pero ahora ha vuelto al mismo como si nada hubiera sucedido. De dos cosas una: o bien él sabía lo que estaba pasando y fue cómplice pasivo o activo de lo que ocurría, o bien no sabía lo que estaba pasando y fue derrelicto en cumplir con su función de supervisión general.
Es escandaloso que, a sabiendas de la gravísima crisis por la que atraviesa el IDAAN, en medio del proceso que pretende resolverla, la Presidenta tolere este tradicionalismo generador de ineficiencia y corrupción en dicha institución. Entre lo que la Presidenta practica en el IDAAN y lo que su Comisión propone hay una flagrante incongruencia.
Ello genera una duda sobre lo que el Ejecutivo hará con la nueva Ley Orgánica del IDAAN y con los millones que se obtengan para su plan de inversiones. Si la Presidenta quisiera de verdad colocar el IDAAN en la agenda de Estado, debiera comenzar por integrar una nueva junta directiva con representantes de los partidos de gobierno y de oposición, así como con figuras independientes que ofrezcan la máxima garantía de competencia y honradez. Ello le permitiría a la nueva junta escoger de inmediato, por concurso de méritos, un nuevo director que inspire confianza y pueda ejecutar el programa que se apruebe a través de la Asamblea Legislativa.
Sólo así tendremos la seguridad que el problema del agua, de las aguas negras y de la contaminación de cuerpos de agua, encontrará solución. De otra manera estaremos en plena demagogia.
(ariyan@sinfo.net)
