¿Qué haríamos sin celulares?
EN EL AÑO 1996, el gobierno panameño llevó a cabo el proceso de privatización del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) para que Panamá pudiera, entre otras cosas, ser el penúltimo país que contara con telefonía móvil o celular, antes que Haití, que es la economía más pobre de América Latina.
El desarrollo tecnológico, la coyuntura geográfica del país por donde pasan los cables submarinos más importantes del continente y la apremiante necesidad de ponernos al día en cuanto a servicios de Internet y transmisión de datos se refiere, demandaban una urgente modernización de los servicios de telecomunicaciones. La concesión la obtuvo la transnacional Cable & Wireless en un acto público, haciéndose "concesionarios" de la red construida por el antiguo INTEL a nivel nacional. Hay que resaltar que C&W no es dueño de la red; su compromiso ha sido el de administrarla y mejorarla, cosa que ha hecho con considerable inversión.
A la par que se privatizaba el INTEL, se efectuaba la licitación de la banda celular A, que obtuvo la empresa estadounidense Bellsouth mediante el contrato 30-A. Para participar con estricto apego a las reglas del juego, CWP tuvo que pagar por la banda celular B la misma cantidad que invirtió Bellsouth, para que no se creara un monopolio en este servicio un año después (1997). Esta suerte de oligopolio se acaba el próximo año y se espera que entren al mercado otras empresas a competir en el mercado de telefonía móvil.
A partir del acceso a los planes de contrato y pre-pago que diseñaron las proveedoras del servicio celular, la demanda por este servicio ha ido exponencialmente "in crescendo". Ambas empresas de telefonía han invertido considerables sumas de dinero para ofrecer cobertura en todo el país, servicio de roaming (recibir y llamar desde cualquier parte del mundo) y, sobre todo, en los agresivos "triplica y cuadriplica" de los planes prepago. Hoy día son más de un millón trescientos mil usuarios de teléfonos celulares -según la Autoridad de los Servicios Públicos y más de 2 millones según Wilfredo Jordán, de La Prensa-, de los cuales solamente el 10% tiene contrato y el resto es de pre pago. Representa, a todas luces, un mal entendido en cuanto al uso de los recursos, pero definitivamente no hay sector de la población que se exima de contar con ese servicio.
La Autoridad del Tránsito incrementó recientemente la multa por conducir al mismo tiempo que hablar por celular, pero es por gusto; la gente sigue hablando a diestra y siniestra y si se hiciera un inventario sobre la penetración del mercado y las multas impuestas, las cifras serían alarmantes. Pero más alarmante sería conocer cuántos de estos violadores de la disposición no son sancionados. Deberíamos todos hacer el ejercicio no sólo de la cantidad de gente que vemos a diario conduciendo y hablando por celular, sino de las veces que nosotros mismos los hacemos.
El contar con teléfono celular se ha convertido, para algunos, en un símbolo de "status", situación bien ridícula pero entendible en el panameño "show off" e inclinado a "pifiar" con cualquier cosa. Hay quienes no tienen dónde sentarse en su casa, pero cuentan con un celular y como no tienen minutos en su saldo de pre pago o han consumido el tiempo aire por el que pagan dejan llamadas perdidas para que los otros los llamen. También los hay que cuentan no con uno sino hasta tres números y aparatos celulares, y la introducción del black berry, el treo y otros modelos de avanzada tiene a todo el que lo posea permanentemente conectado a sus mensajes de Internet.
Soy de las creyentes que los recursos hay que usarlos a discreción y para su mejor rendimiento, sin abusar de ellos. He notado con extrema preocupación cómo las personas de menos recursos pagan desde $0.25 hasta $0.45 centavos el minuto por un pre-pago cuando un teléfono fijo les cuesta mucho menos. Hace falta una orientación por parte de la Autoridad de los Servicios Públicos o la Autoridad de Protección al Consumidor en sentido didáctico, no para desincentivar el uso del teléfono celular, sino para darle un uso racional.
No hace falta mencionar que contar con una línea celular ha provocado toda clase de alteraciones en la vida tanto profesional como personal. Llamadas a cualquier hora y sin preguntar siquiera si es oportuno el momento, llamadas de acoso y romances telefónicos, cónyuges celosos que persiguen a sus consortes revisando a diario las llamadas entrantes y salientes y mensajes de textos invasivos a la privacidad de cada uno, que debería respetarse, sobre todo de parte de los propios proveedores de celulares. Más de uno ha puesto su amistad en peligro o perdido amigos por dejar el teléfono abierto y verter comentarios sobre una u otra persona. La demencia celular no tiene nombre y ha violentado inclusive la estabilidad de hogares, y causado agresiones o incursiones en la intimidad de muchas personas.
Viendo las cosas así, ¿quién puede quejarse de los servicios telefónicos hoy día? ¿Quién se atreve a mencionar que es inaceptable que nos cobren por minuto desde nuestros teléfonos fijos cuando invertimos ingentes sumas en el servicio celular? La pobre argumentación de los que se quejan de la privatización de la telefonía es el resultado de la poca o nula información que ofrecen tanto los proveedores como las autoridades que están obligadas a orientar a los consumidores. De no haberse privatizado al INTEL no tendríamos acceso a Internet a las velocidades que hoy tenemos, a celulares ni a todo ese mundo de comunicación que disfrutamos ahora.
Así que apliquemos aquí aquello de "el que quiere celeste, que le cueste". No puedo ya recordar cómo se hacían los contactos de negocios, los avances románticos o las promociones comerciales sin celulares, ni hablar del trabajo que demanda las campañas políticas. Esperemos que con la entrada al mercado de nuevos jugadores, las tarifas bajen pero, mientras tanto, aquellos que despotrican contra el gobierno que privatizó el INTEL, revisen antes lo que invierten en telefonía, sin que nadie los obligue.
El desarrollo tecnológico, la coyuntura geográfica del país por donde pasan los cables submarinos más importantes del continente y la apremiante necesidad de ponernos al día en cuanto a servicios de Internet y transmisión de datos se refiere, demandaban una urgente modernización de los servicios de telecomunicaciones. La concesión la obtuvo la transnacional Cable & Wireless en un acto público, haciéndose "concesionarios" de la red construida por el antiguo INTEL a nivel nacional. Hay que resaltar que C&W no es dueño de la red; su compromiso ha sido el de administrarla y mejorarla, cosa que ha hecho con considerable inversión.
A la par que se privatizaba el INTEL, se efectuaba la licitación de la banda celular A, que obtuvo la empresa estadounidense Bellsouth mediante el contrato 30-A. Para participar con estricto apego a las reglas del juego, CWP tuvo que pagar por la banda celular B la misma cantidad que invirtió Bellsouth, para que no se creara un monopolio en este servicio un año después (1997). Esta suerte de oligopolio se acaba el próximo año y se espera que entren al mercado otras empresas a competir en el mercado de telefonía móvil.
A partir del acceso a los planes de contrato y pre-pago que diseñaron las proveedoras del servicio celular, la demanda por este servicio ha ido exponencialmente "in crescendo". Ambas empresas de telefonía han invertido considerables sumas de dinero para ofrecer cobertura en todo el país, servicio de roaming (recibir y llamar desde cualquier parte del mundo) y, sobre todo, en los agresivos "triplica y cuadriplica" de los planes prepago. Hoy día son más de un millón trescientos mil usuarios de teléfonos celulares -según la Autoridad de los Servicios Públicos y más de 2 millones según Wilfredo Jordán, de La Prensa-, de los cuales solamente el 10% tiene contrato y el resto es de pre pago. Representa, a todas luces, un mal entendido en cuanto al uso de los recursos, pero definitivamente no hay sector de la población que se exima de contar con ese servicio.
La Autoridad del Tránsito incrementó recientemente la multa por conducir al mismo tiempo que hablar por celular, pero es por gusto; la gente sigue hablando a diestra y siniestra y si se hiciera un inventario sobre la penetración del mercado y las multas impuestas, las cifras serían alarmantes. Pero más alarmante sería conocer cuántos de estos violadores de la disposición no son sancionados. Deberíamos todos hacer el ejercicio no sólo de la cantidad de gente que vemos a diario conduciendo y hablando por celular, sino de las veces que nosotros mismos los hacemos.
El contar con teléfono celular se ha convertido, para algunos, en un símbolo de "status", situación bien ridícula pero entendible en el panameño "show off" e inclinado a "pifiar" con cualquier cosa. Hay quienes no tienen dónde sentarse en su casa, pero cuentan con un celular y como no tienen minutos en su saldo de pre pago o han consumido el tiempo aire por el que pagan dejan llamadas perdidas para que los otros los llamen. También los hay que cuentan no con uno sino hasta tres números y aparatos celulares, y la introducción del black berry, el treo y otros modelos de avanzada tiene a todo el que lo posea permanentemente conectado a sus mensajes de Internet.
Soy de las creyentes que los recursos hay que usarlos a discreción y para su mejor rendimiento, sin abusar de ellos. He notado con extrema preocupación cómo las personas de menos recursos pagan desde $0.25 hasta $0.45 centavos el minuto por un pre-pago cuando un teléfono fijo les cuesta mucho menos. Hace falta una orientación por parte de la Autoridad de los Servicios Públicos o la Autoridad de Protección al Consumidor en sentido didáctico, no para desincentivar el uso del teléfono celular, sino para darle un uso racional.
No hace falta mencionar que contar con una línea celular ha provocado toda clase de alteraciones en la vida tanto profesional como personal. Llamadas a cualquier hora y sin preguntar siquiera si es oportuno el momento, llamadas de acoso y romances telefónicos, cónyuges celosos que persiguen a sus consortes revisando a diario las llamadas entrantes y salientes y mensajes de textos invasivos a la privacidad de cada uno, que debería respetarse, sobre todo de parte de los propios proveedores de celulares. Más de uno ha puesto su amistad en peligro o perdido amigos por dejar el teléfono abierto y verter comentarios sobre una u otra persona. La demencia celular no tiene nombre y ha violentado inclusive la estabilidad de hogares, y causado agresiones o incursiones en la intimidad de muchas personas.
Viendo las cosas así, ¿quién puede quejarse de los servicios telefónicos hoy día? ¿Quién se atreve a mencionar que es inaceptable que nos cobren por minuto desde nuestros teléfonos fijos cuando invertimos ingentes sumas en el servicio celular? La pobre argumentación de los que se quejan de la privatización de la telefonía es el resultado de la poca o nula información que ofrecen tanto los proveedores como las autoridades que están obligadas a orientar a los consumidores. De no haberse privatizado al INTEL no tendríamos acceso a Internet a las velocidades que hoy tenemos, a celulares ni a todo ese mundo de comunicación que disfrutamos ahora.
Así que apliquemos aquí aquello de "el que quiere celeste, que le cueste". No puedo ya recordar cómo se hacían los contactos de negocios, los avances románticos o las promociones comerciales sin celulares, ni hablar del trabajo que demanda las campañas políticas. Esperemos que con la entrada al mercado de nuevos jugadores, las tarifas bajen pero, mientras tanto, aquellos que despotrican contra el gobierno que privatizó el INTEL, revisen antes lo que invierten en telefonía, sin que nadie los obligue.
