Que no vuelva a ocurrir
Antes de los crímenes recién cometidos en Paya y Púcuro, otros ataques tuvieron lugar en las poblaciones darienitas de Nazaret, La Bonga y La Miel. Esos dolorosos episodios repitieron el mismo ciclo: luego de cada incursión de los paramilitares colombianos, la prensa denuncia lo acontecido, el gobierno elude su responsabilidad, hace algún acto de presencia y al poco tiempo, ante cualquier nuevo escándalo, se olvida el asunto. La perseverancia oficial en evadir su deber es tan tenaz como la persistencia en no resolver el fondo de la cuestión.
Esta vez, el legislador Jacobo Salas se turnó con su colega Haydée Milanés de Lay. El primero alegó que la culpa fue del anterior gobierno, que en 1999 desautorizó la compra de dos helicópteros. La segunda, que fue de los sáhilas, que en 1998 pidieron que los policías se fueran porque andaban enamorando a las mujeres indígenas. Cosas veredes, Sancho: como si desde esos años a esta fecha hubiera faltado tiempo para remediar ambos rezagos. A su vez, la propia señora presidenta inculpa públicamente al guía turístico panameño apresado junto a unos clientes norteamericanos por los miembros de las Auteodefensas Unidas de Colombia poco antes de la agresión.
Esos tres ilustres declarantes pasan por alto lo más obvio: que tales hechos están ocurriendo porque el Estado y su Fuerza Pública hace largo rato abandonaron las áreas fronterizas del Darién o, más exactamente, abandonaron la responsabilidad de darle protección y servicios a sus habitantes. No quisiera pensar que tan perseverante renuencia en resolver el problema se debe a que esa enorme y rica provincia tiene menos electores y, en consecuencia, es una plaza política de menor relevancia...
Desde luego, en su aspecto más inmediato la situación de las regiones limítrofes con Colombia se debe a que falta un servicio profesional de guardafronteras, eficazmente estructurado, entrenado y equipado, capaz de custodiar los ríos, bosques y elevaciones del área y de servir a sus poblaciones. En las actuales condiciones, desperdigar a miles de policías en el área, sin estructura organizativa idónea, ni adecuado equipo fluvial, aéreo y de comunicaciones, ni el necesario respaldo logístico, equivale a ponerlos en el mismo abandono en que están los pobladores civiles de esos territorios. Sin embargo, en estos años hubo tiempo más que suficiente para crear dicho servicio de guardafronteras.
Pero yendo más a fondo, el problema de esas regiones es el de su marginación, el de su precaria integración a la vida nacional. Ésta no se resolverá hasta que las instituciones públicas del estado panameño tengan presencia permanente en cada pueblo del área y brinden allí los servicios que les competen.
Y, particularmente, hasta que el Estado materialice su responsabilidad de crear el sistema de comunicaciones y transportes, así como de promover inversiones en la región y facilitar el mercadeo de sus producciones, como se requiere para que el desarrollo humano pueda hacerse viable y sostenible en aquella región.
Hasta la fecha, ¿qué ha pasado? El anterior gobierno -ése que real o supuestamente no compró dos helicópteros- dejó en marcha el Programa de Desarrollo Integral de Darién y consiguió el financiamiento externo para terminar la carretera hasta esa provincia. Ambos fueron proyectos tardíos que Panamá debió emprender con anterioridad. Aún así, eran dos iniciativas tomadas en la dirección correcta, cuando la sangre en Nazaret o Púcuro aún no se había derramado. Sin embargo, tres años después el hecho flagrante es que esa carretera dejó de construirse y el Programa Integral ha quedado en el limbo, sin ejecutarse.
Pese a su marginalidad política, esa región es tan panameña como la capital o Pedasí y tiene inmenso valor estratégico para el desarrollo nacional. Hoy, cuando ya Púcuro enterró sus muertos, esas comunidades son símbolos vivos de un asunto que es de toda la nación. No se debe permitir que se continúe evadiendo responsabilidades. Preocupa que mientras eso pasaba, las camarillas políticas se entretenían en especulaciones preelectorales y que sólo un partido político se pronunció sobre el drama darienita. Esto no debe volver a ocurrir.
Esta vez, el legislador Jacobo Salas se turnó con su colega Haydée Milanés de Lay. El primero alegó que la culpa fue del anterior gobierno, que en 1999 desautorizó la compra de dos helicópteros. La segunda, que fue de los sáhilas, que en 1998 pidieron que los policías se fueran porque andaban enamorando a las mujeres indígenas. Cosas veredes, Sancho: como si desde esos años a esta fecha hubiera faltado tiempo para remediar ambos rezagos. A su vez, la propia señora presidenta inculpa públicamente al guía turístico panameño apresado junto a unos clientes norteamericanos por los miembros de las Auteodefensas Unidas de Colombia poco antes de la agresión.
Esos tres ilustres declarantes pasan por alto lo más obvio: que tales hechos están ocurriendo porque el Estado y su Fuerza Pública hace largo rato abandonaron las áreas fronterizas del Darién o, más exactamente, abandonaron la responsabilidad de darle protección y servicios a sus habitantes. No quisiera pensar que tan perseverante renuencia en resolver el problema se debe a que esa enorme y rica provincia tiene menos electores y, en consecuencia, es una plaza política de menor relevancia...
Desde luego, en su aspecto más inmediato la situación de las regiones limítrofes con Colombia se debe a que falta un servicio profesional de guardafronteras, eficazmente estructurado, entrenado y equipado, capaz de custodiar los ríos, bosques y elevaciones del área y de servir a sus poblaciones. En las actuales condiciones, desperdigar a miles de policías en el área, sin estructura organizativa idónea, ni adecuado equipo fluvial, aéreo y de comunicaciones, ni el necesario respaldo logístico, equivale a ponerlos en el mismo abandono en que están los pobladores civiles de esos territorios. Sin embargo, en estos años hubo tiempo más que suficiente para crear dicho servicio de guardafronteras.
Pero yendo más a fondo, el problema de esas regiones es el de su marginación, el de su precaria integración a la vida nacional. Ésta no se resolverá hasta que las instituciones públicas del estado panameño tengan presencia permanente en cada pueblo del área y brinden allí los servicios que les competen.
Y, particularmente, hasta que el Estado materialice su responsabilidad de crear el sistema de comunicaciones y transportes, así como de promover inversiones en la región y facilitar el mercadeo de sus producciones, como se requiere para que el desarrollo humano pueda hacerse viable y sostenible en aquella región.
Hasta la fecha, ¿qué ha pasado? El anterior gobierno -ése que real o supuestamente no compró dos helicópteros- dejó en marcha el Programa de Desarrollo Integral de Darién y consiguió el financiamiento externo para terminar la carretera hasta esa provincia. Ambos fueron proyectos tardíos que Panamá debió emprender con anterioridad. Aún así, eran dos iniciativas tomadas en la dirección correcta, cuando la sangre en Nazaret o Púcuro aún no se había derramado. Sin embargo, tres años después el hecho flagrante es que esa carretera dejó de construirse y el Programa Integral ha quedado en el limbo, sin ejecutarse.
Pese a su marginalidad política, esa región es tan panameña como la capital o Pedasí y tiene inmenso valor estratégico para el desarrollo nacional. Hoy, cuando ya Púcuro enterró sus muertos, esas comunidades son símbolos vivos de un asunto que es de toda la nación. No se debe permitir que se continúe evadiendo responsabilidades. Preocupa que mientras eso pasaba, las camarillas políticas se entretenían en especulaciones preelectorales y que sólo un partido político se pronunció sobre el drama darienita. Esto no debe volver a ocurrir.
