¿Qué pasa con el TLC y las patentes?
YA LLEVAMOS varias rondas de negociación, seis para ser exactos. En la palestra, los temas de importación y exportación industriales, los subsidios y la producción agrícola han acaparado la atención. Nos hemos avocado a ponderar sus efectos y proyectar series de tiempos para medir las consecuencias, pero hemos hecho caso omiso y menospreciado a un monstruo sigiloso que cuando menos lo esperemos se estrellará en nuestra cara.
Las negociaciones de un tratado de libre comercio, a simple vista, involucran el intercambio de bienes y servicios, pero como bien lo señala la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través del ADPIC (Acuerdo de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) la propiedad intelectual juega un papel vital dentro del organigrama comercial con impactos tan profundos que si son mal negociados pueden cercenar el equilibrio social.
No me refiero a los derechos de autor, ni a las marcas, ni siquiera al comercio electrónico, ya que tendrán paridad de negociación amparados en los grandes emporios comerciales que pondrán sobre la balanza única y exclusivamente los costos económicos. La propiedad intelectual o industrial a la que no le hemos dado la debida importancia ni atención es a la protección de las patentes. Las mismas involucran invenciones dentro de las cuales se encuentran específicamente los medicamentos que sin una equilibrada negociación, previendo los agentes implicados, puede generar un efecto inmediato al aumentar los costos y limitar el acceso al cuidado de la salud de los panameños.
Esto va mucho más allá de un simple costo-beneficio; es atentar contra la atención médica, restringir a un minúsculo sector social la posibilidad de compra de medicamentos; es permitir que las grandes compañías farmacéuticas se impongan sobre el bien común y que seamos abatidos a las exigencias económicas sin analizar que países de economías emergentes como el nuestro deben proveer un sistema de seguridad social asequible a las masas.
Estados Unidos, dependiendo el país, negocia en varias formas la propiedad intelectual. Con relación a las patentes, debemos armonizar el fondo y la forma del marco legal.
Panamá, a modo de ejemplo, regula en su Ley 35 sobre propiedad industrial las patentes y los modelos de utilidad. Esta última protección no es contemplada en la legislación anglosajona.
Lo anterior es el menor de los problemas. Nuestra contraparte en la mesa de negociación de forma consistente implementa en sus tratados leyes rigurosas que impiden las importaciones paralelas, eliminan las licencias obligatorias ( "compulsory licensing") e inclusive logra fuertes restricciones con los genéricos, en muchos casos al punto de contradecir la Declaración de Doha que persigue establecer que la protección de la salud es más importante que la del comercio.
Los casos de SIDA en África y en países hermanos como Brasil han exigido la producción de genéricos para el tratamiento de lo que se conoce como la triple terapia. Pero no tenemos que salir de nuestras fronteras. En Panamá tenemos 1,636 casos declarados de personas infectadas por el virus de VIH sólo en el Seguro Social, sin contar los del Ministerio se Salud, los cuales tendrán que enfrentar el costo de los tratamientos que ascienden a unos $ 700.00 mensuales, ya que la CSS, con los problemas económicos que afronta, no podrá sufragarlos. Sin mencionar las cifras de los pacientes con cáncer, tuberculosis y cualesquiera enfermedades a los que podemos ser sujetos y que requieren determinadas medicinas.
La protección de las patentes es necesaria, pero el no ser conscientes de nuestra realidad, regular en base a premisas externas y someter un TLC con un socio comercial que alberga la mayor cantidad de empresas farmacéuticas es redactar el prólogo de nuestra "crónica de una muerte anunciada". Los genéricos, por tanto, juegan un papel importante en todo esto.
Los funcionarios designados deben ser cautelosos al momento de cerrar las negociaciones sobre el tema, los medios de comunicación no le han prestado ninguna atención y cada día resulta que los medicamentos son menos accesibles en los países en vías de desarrollo.
Debemos seguir más de cerca lo que nos jugamos en cada ronda de negociación con este TLC y los venideros, los miembros designados por el ejecutivo tienen una responsabilidad histórica ya que se enfrentan a una encrucijada entre el no permitir abusos y que los medicamentos piratas entren por doquier; o tampoco ceder a las imposiciones de la negociación, sino ser ecuánimes en sus actos y cumplir con su mandato constitucional y velar por el pueblo panameño, porque de lo contrario la patria, de la cual todos formamos parte, les llamaremos a rendir cuentas.
Las negociaciones de un tratado de libre comercio, a simple vista, involucran el intercambio de bienes y servicios, pero como bien lo señala la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través del ADPIC (Acuerdo de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) la propiedad intelectual juega un papel vital dentro del organigrama comercial con impactos tan profundos que si son mal negociados pueden cercenar el equilibrio social.
No me refiero a los derechos de autor, ni a las marcas, ni siquiera al comercio electrónico, ya que tendrán paridad de negociación amparados en los grandes emporios comerciales que pondrán sobre la balanza única y exclusivamente los costos económicos. La propiedad intelectual o industrial a la que no le hemos dado la debida importancia ni atención es a la protección de las patentes. Las mismas involucran invenciones dentro de las cuales se encuentran específicamente los medicamentos que sin una equilibrada negociación, previendo los agentes implicados, puede generar un efecto inmediato al aumentar los costos y limitar el acceso al cuidado de la salud de los panameños.
Esto va mucho más allá de un simple costo-beneficio; es atentar contra la atención médica, restringir a un minúsculo sector social la posibilidad de compra de medicamentos; es permitir que las grandes compañías farmacéuticas se impongan sobre el bien común y que seamos abatidos a las exigencias económicas sin analizar que países de economías emergentes como el nuestro deben proveer un sistema de seguridad social asequible a las masas.
Estados Unidos, dependiendo el país, negocia en varias formas la propiedad intelectual. Con relación a las patentes, debemos armonizar el fondo y la forma del marco legal.
Panamá, a modo de ejemplo, regula en su Ley 35 sobre propiedad industrial las patentes y los modelos de utilidad. Esta última protección no es contemplada en la legislación anglosajona.
Lo anterior es el menor de los problemas. Nuestra contraparte en la mesa de negociación de forma consistente implementa en sus tratados leyes rigurosas que impiden las importaciones paralelas, eliminan las licencias obligatorias ( "compulsory licensing") e inclusive logra fuertes restricciones con los genéricos, en muchos casos al punto de contradecir la Declaración de Doha que persigue establecer que la protección de la salud es más importante que la del comercio.
Los casos de SIDA en África y en países hermanos como Brasil han exigido la producción de genéricos para el tratamiento de lo que se conoce como la triple terapia. Pero no tenemos que salir de nuestras fronteras. En Panamá tenemos 1,636 casos declarados de personas infectadas por el virus de VIH sólo en el Seguro Social, sin contar los del Ministerio se Salud, los cuales tendrán que enfrentar el costo de los tratamientos que ascienden a unos $ 700.00 mensuales, ya que la CSS, con los problemas económicos que afronta, no podrá sufragarlos. Sin mencionar las cifras de los pacientes con cáncer, tuberculosis y cualesquiera enfermedades a los que podemos ser sujetos y que requieren determinadas medicinas.
La protección de las patentes es necesaria, pero el no ser conscientes de nuestra realidad, regular en base a premisas externas y someter un TLC con un socio comercial que alberga la mayor cantidad de empresas farmacéuticas es redactar el prólogo de nuestra "crónica de una muerte anunciada". Los genéricos, por tanto, juegan un papel importante en todo esto.
Los funcionarios designados deben ser cautelosos al momento de cerrar las negociaciones sobre el tema, los medios de comunicación no le han prestado ninguna atención y cada día resulta que los medicamentos son menos accesibles en los países en vías de desarrollo.
Debemos seguir más de cerca lo que nos jugamos en cada ronda de negociación con este TLC y los venideros, los miembros designados por el ejecutivo tienen una responsabilidad histórica ya que se enfrentan a una encrucijada entre el no permitir abusos y que los medicamentos piratas entren por doquier; o tampoco ceder a las imposiciones de la negociación, sino ser ecuánimes en sus actos y cumplir con su mandato constitucional y velar por el pueblo panameño, porque de lo contrario la patria, de la cual todos formamos parte, les llamaremos a rendir cuentas.
