¿Quién mató a Miró?
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rubén Oscar Miró, abogado panameño, murió en la noche del 31 de diciembre de 1969 durante la dictadura de Omar Torrijos, "de heridas causadas por fuego de ametralladoras. Su cadáver apareció en la madrugada del siguiente día al borde de la carretera a Chepo, cerca de la ciudad de Panamá".
La CIDH también ha dicho que su homicidio puede haber sido un acto de venganza realizado por personas que sospechaban que Miró había estado involucrado en el asesinato del presidente y ex jefe de la Guardia Nacional, José Antonio Remón Cantera, hecho ocurrido en 1955. Miró fue juzgado por supuesta complicidad en ese crimen, y absuelto.
Según su hijo, Gabriel Miró, el cadáver de su padre fue tirado en un sitio llamado El Naranjal, efectivamente, en el Distrito de Chepo. Cuando se le hizo la autopsia -dice Gabriel-, se pudo detectar que tenía, aproximadamente, 38 perforaciones de balas. Sin embargo, hubo una sola bala diferente a todas las demás, que estaba alojada en el cerebro. El agujero de entrada de esta bala, estaba a la altura del lado izquierdo del cuello.
Esa bala era calibre 11 milímetros, que corresponde a las balas utilizadas por las pistolas 45, que eran de uso exclusivo, para la oficialidad de la Guardia Nacional.
El resto de las balas eran de calibre nueve milímetros, las correspondientes a las de subametralladoras que utilizaron los individuos que, supuestamente, se las descargaron encima al cadáver, para hacer ver que había sido asesinado en el sitio El Naranjal.
Según el hijo de Miró, el único hecho cierto que sus familiares pudieron constatar sobre el asesinato de su padre, es que fue asesinado en una celda del DENI (Departamento Nacional de Investigaciones).
Esto lo pudieron corroborar a través de diferentes personas que tuvieron acceso e inclusive estuvieron presentes el día en que torturaron a su padre y que, posteriormente, quizás por motivaciones de conciencia comenzaron a revelar ese acontecimiento. Gabriel presentó a principios de los años 90, ante el entonces procurador Rogelio Cruz, una acusación criminal en contra de Marcos Justines Fernández, quien era el Director del DENI en 1969.
Justines -dice Gabriel- estaba presente cuando torturaban a su padre y era el único oficial que portaba el arma de reglamento calibre 45. Sin embargo, según Gabriel, las autoridades del Ministerio Público "se fueron por el lado fácil", al declarar prescrita la acción legal en esas investigaciones.
Con relación a este caso, nunca la Procuraduría llamó a Marcos Justines, para ser investigado. Este ex militar estuvo detenido por acusaciones de sustracción de fondos del Banco Nacional, por corrupción de funcionarios públicos, por peculado, pero no por su vinculación al crimen de Rubén Oscar Miró.
Los delitos de violación a los derechos humanos no admiten prescripción, según acuerdos internacionales firmados por el Estado panameño.
La CIDH también ha dicho que su homicidio puede haber sido un acto de venganza realizado por personas que sospechaban que Miró había estado involucrado en el asesinato del presidente y ex jefe de la Guardia Nacional, José Antonio Remón Cantera, hecho ocurrido en 1955. Miró fue juzgado por supuesta complicidad en ese crimen, y absuelto.
Según su hijo, Gabriel Miró, el cadáver de su padre fue tirado en un sitio llamado El Naranjal, efectivamente, en el Distrito de Chepo. Cuando se le hizo la autopsia -dice Gabriel-, se pudo detectar que tenía, aproximadamente, 38 perforaciones de balas. Sin embargo, hubo una sola bala diferente a todas las demás, que estaba alojada en el cerebro. El agujero de entrada de esta bala, estaba a la altura del lado izquierdo del cuello.
Esa bala era calibre 11 milímetros, que corresponde a las balas utilizadas por las pistolas 45, que eran de uso exclusivo, para la oficialidad de la Guardia Nacional.
El resto de las balas eran de calibre nueve milímetros, las correspondientes a las de subametralladoras que utilizaron los individuos que, supuestamente, se las descargaron encima al cadáver, para hacer ver que había sido asesinado en el sitio El Naranjal.
Según el hijo de Miró, el único hecho cierto que sus familiares pudieron constatar sobre el asesinato de su padre, es que fue asesinado en una celda del DENI (Departamento Nacional de Investigaciones).
Esto lo pudieron corroborar a través de diferentes personas que tuvieron acceso e inclusive estuvieron presentes el día en que torturaron a su padre y que, posteriormente, quizás por motivaciones de conciencia comenzaron a revelar ese acontecimiento. Gabriel presentó a principios de los años 90, ante el entonces procurador Rogelio Cruz, una acusación criminal en contra de Marcos Justines Fernández, quien era el Director del DENI en 1969.
Justines -dice Gabriel- estaba presente cuando torturaban a su padre y era el único oficial que portaba el arma de reglamento calibre 45. Sin embargo, según Gabriel, las autoridades del Ministerio Público "se fueron por el lado fácil", al declarar prescrita la acción legal en esas investigaciones.
Con relación a este caso, nunca la Procuraduría llamó a Marcos Justines, para ser investigado. Este ex militar estuvo detenido por acusaciones de sustracción de fondos del Banco Nacional, por corrupción de funcionarios públicos, por peculado, pero no por su vinculación al crimen de Rubén Oscar Miró.
Los delitos de violación a los derechos humanos no admiten prescripción, según acuerdos internacionales firmados por el Estado panameño.
