¿Quién paga la francachela de un gobierno canalla?
Es verdad que las finanzas gubernamen tales de los últimos 25 años se han caracterizado por producir un déficit permanente, convirtiéndose en una explosiva situación que afecta -y aún más en el futuro- a los panameños, si no se hacen correctivos. Ello tiene su origen en la enorme deuda acumulada por más de cuatro décadas, cuando los banqueros internacionales llegaban a manos llenas de petrodólares atarugando a nuestros países, pues hay que pagarle a los nuevos ricos del mundo de los hidrocarburos intereses por esos fondos, mientras que nuestros líderes los recibían como una bendición para resolver problemas seculares de nuestras naciones.
No fue menos cierto que llegó el momento en que la capacidad para pagar la deuda contraída fue menor a los pagos comprometidos, lo que aunado al aumento de las planilla estatales, a los subsidios al resto de las municipalidades del país -que no generan suficientes fondos para pagar sus gastos-, y los pagos a los suplidores del Estado, dejó exhausto, financieramente, a los gobiernos al tener que recurrir a nuevos y mayores endeudamientos para cubrir el déficit y poder realizar impostergables inversiones sociales y de infraestructura.
Es verdad que algunos despilfarraron, robaron y otros realizaron obras importantes, que tanto dictaduras como democracias consolidadas acudieron al concierto de lo que después sería la deuda impagable. Hoy se está pagando esa borrachera a intereses de usura, y no hacerlo implica recibir una mirada terrorífica de los auditores del mundo. También es cierto que los panameños no tenemos una gran conciencia tributaria. Según datos suministrados por el ministro Vásquez, en los países con cultura tributaria, éstos recaudan un 15% del PIB, porcentaje razonable que se realiza en economías como las de Hong Kong y Singapur, países que nuestros empresarios y ejecutivos de empresas consideran como paradigmas dignos de imitar. La recaudación en Panamá es de un 8% del PIB, lo que significa que el Fisco deja de recabar, comparado con el modelo tributario de Hong Kong y Singapur, alrededor de $800 millones por la inexistencia de esa cultura tributaria; además, claro está, de la deficiencia en el cobro y a la evasión fiscal.
La grave situación de las finanzas públicas es la suma del problema estructural más algo adicional. Ese algo adicional es lo que aconteció en los cinco años del gobierno canalla de los arnulfistas. La deuda se incrementó, según cifras oficiales, espectacularmente en $1,300 millones, a diferencia de lo que pasó en el gobierno de Pérez Balladares, en la que la misma disminuyó en unos $500 millones. La planilla gubernamental creció en 50 mil nuevos funcionarios y la deuda contraída con los proveedores cifró alrededor de $ 600 millones.
La conducción del presupuesto nacional por el gobierno anterior prácticamente destruyó las finanzas del estado, ubicándolo en el peligroso umbral de la bancarrota, de la que sólo se puede salir, según el esquema de quienes dirigen las finanzas, reduciendo la planilla estatal -botando funcionarios-, reduciendo otros gastos de funcionamiento e incrementando la carga tributaria para lograr alcanzar $350 millones adicionales a lo presupuestado, y así evitar el colapso. Es decir que a la francachela arnulfista, pletórica de hechos de corrupción, de dineros en refrigeradoras, de graciosos obsequios por $30 millones a empresas portuarias, de incrementos en la planilla en 50 mil personas con fines electorales, más los dineros gastados para no lucir andrajosos, tendrá que ser pagada por los contribuyentes.
Quizás el gobierno de Patria Nueva debió iniciar su cruzada fiscal explicando ampliamente la verdad de la situación de las finanzas públicas y encauzando judicialmente con mayor rigor a los que cometieron actos de corrupción. Eso hizo que sus voceros para defender el proyecto hayan quedado cortos en el discurso apelando, innecesariamente, a lo de un cambio en el modelo económico del país, lo cual no es cierto que se va a lograr con una reforma fiscal. Tratar adornar las reformas con un discurso social, fue contraproducente, pues se abusó de la inteligencia del panameño.
El gobierno ha contado con el ambiente político y el apoyo moral de los panameños para encauzar jurídicamente a los que se robaron las arcas del Estado, y así impulsar, paulatinamente, una reforma que logre introducir esa cultura tributaria basada en nuevo valores de equidad y solidaridad que el país requiere y que rompa con el juega vivo de la evasión.
No fue menos cierto que llegó el momento en que la capacidad para pagar la deuda contraída fue menor a los pagos comprometidos, lo que aunado al aumento de las planilla estatales, a los subsidios al resto de las municipalidades del país -que no generan suficientes fondos para pagar sus gastos-, y los pagos a los suplidores del Estado, dejó exhausto, financieramente, a los gobiernos al tener que recurrir a nuevos y mayores endeudamientos para cubrir el déficit y poder realizar impostergables inversiones sociales y de infraestructura.
Es verdad que algunos despilfarraron, robaron y otros realizaron obras importantes, que tanto dictaduras como democracias consolidadas acudieron al concierto de lo que después sería la deuda impagable. Hoy se está pagando esa borrachera a intereses de usura, y no hacerlo implica recibir una mirada terrorífica de los auditores del mundo. También es cierto que los panameños no tenemos una gran conciencia tributaria. Según datos suministrados por el ministro Vásquez, en los países con cultura tributaria, éstos recaudan un 15% del PIB, porcentaje razonable que se realiza en economías como las de Hong Kong y Singapur, países que nuestros empresarios y ejecutivos de empresas consideran como paradigmas dignos de imitar. La recaudación en Panamá es de un 8% del PIB, lo que significa que el Fisco deja de recabar, comparado con el modelo tributario de Hong Kong y Singapur, alrededor de $800 millones por la inexistencia de esa cultura tributaria; además, claro está, de la deficiencia en el cobro y a la evasión fiscal.
La grave situación de las finanzas públicas es la suma del problema estructural más algo adicional. Ese algo adicional es lo que aconteció en los cinco años del gobierno canalla de los arnulfistas. La deuda se incrementó, según cifras oficiales, espectacularmente en $1,300 millones, a diferencia de lo que pasó en el gobierno de Pérez Balladares, en la que la misma disminuyó en unos $500 millones. La planilla gubernamental creció en 50 mil nuevos funcionarios y la deuda contraída con los proveedores cifró alrededor de $ 600 millones.
La conducción del presupuesto nacional por el gobierno anterior prácticamente destruyó las finanzas del estado, ubicándolo en el peligroso umbral de la bancarrota, de la que sólo se puede salir, según el esquema de quienes dirigen las finanzas, reduciendo la planilla estatal -botando funcionarios-, reduciendo otros gastos de funcionamiento e incrementando la carga tributaria para lograr alcanzar $350 millones adicionales a lo presupuestado, y así evitar el colapso. Es decir que a la francachela arnulfista, pletórica de hechos de corrupción, de dineros en refrigeradoras, de graciosos obsequios por $30 millones a empresas portuarias, de incrementos en la planilla en 50 mil personas con fines electorales, más los dineros gastados para no lucir andrajosos, tendrá que ser pagada por los contribuyentes.
Quizás el gobierno de Patria Nueva debió iniciar su cruzada fiscal explicando ampliamente la verdad de la situación de las finanzas públicas y encauzando judicialmente con mayor rigor a los que cometieron actos de corrupción. Eso hizo que sus voceros para defender el proyecto hayan quedado cortos en el discurso apelando, innecesariamente, a lo de un cambio en el modelo económico del país, lo cual no es cierto que se va a lograr con una reforma fiscal. Tratar adornar las reformas con un discurso social, fue contraproducente, pues se abusó de la inteligencia del panameño.
El gobierno ha contado con el ambiente político y el apoyo moral de los panameños para encauzar jurídicamente a los que se robaron las arcas del Estado, y así impulsar, paulatinamente, una reforma que logre introducir esa cultura tributaria basada en nuevo valores de equidad y solidaridad que el país requiere y que rompa con el juega vivo de la evasión.
