¿Quién representa a la sociedad civil?
El surgimiento de la sociedad civil, como alternativa o contrapeso al gobierno y a los partidos políticos es relativamente reciente. Antes se utilizaban dicotomías más simples. La sociedad, por ejemplo, se dividía entre gobernantes y gobernados o entre partidistas y no partidistas y, en consecuencia, era más fácil ubicar a cada quien o saber qué representaba.
Como el devenir de los pueblos es siempre dinámico, aquellos esquemas simples en algún momento tenían que ser superados por la inagotable capacidad que tenemos los seres humanos para inventar o transformar.
Hoy, en el campo del quehacer político y social, la denominada sociedad civil es una protagonista obligada, pero encuentro que hace falta precisar quiénes la forman y, sobre todo, quiénes la representan con verdadera propiedad.
Con la sociedad civil ocurre algo parecido a lo que antaño sucedió con la clase media en la que se pretendió encasillar, sin mayor discriminación, a todo el que no fuera parte de las denominadas clases alta o baja. Después, la realidad impuso las subdivisiones y se identificaron las clases media alta, media media y media baja, entre las que todavía hay imprecisión de límites.
Como consecuencia de la aparición de la sociedad civil, puede entenderse que en la estructura social hay, por lo menos, tres sectores bien identificados: por un lado, los gobernantes; por el otro, los partidos políticos; y el resto que, por eliminación, es lo que ha venido a constituirse en la sociedad civil. Entendida así, ésta comprendería los grupos de presión tradicionales, como los sindicatos obreros, las organizaciones empresariales, las asociaciones gremiales, o las llamadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), cuyas actividades comprenden desde la formación cívica o la defensa ciudadana hasta las tareas de tipo humanitario.
Hasta allí parecía no haber mayores confusiones. Pero en la práctica no es tan simple, porque el problema sobreviene al momento de determinar a quiénes le corresponde representar a la sociedad civil.
Si se asume que ahora, superada la dicotomía tradicional, la sociedad se divide entre gobernantes, gobernados y la sociedad civil, entonces habría que entender que quienes asumen su representación también son los voceros, por ejemplo, de los sindicatos obreros o de las organizaciones empresariales. Pero ocurre que éstos nunca le han cedido su representación a quienes se erigen en los voceros de la llamada sociedad civil, sino que reclaman que se les reconozca en forma separada y por su peso social específico.
La realidad anterior, vuelve a poner sobre el tapete la pregunta básica: ¿qué es la sociedad civil y quién la representa? Utilicemos lo que ocurrió recientemente en la Comisión de la Reformas Electorales, pues el caso es un ejemplo casi gráfico de lo que vengo planteando.
Si se parte de la presunción de que todos los que no forman parte del gobierno ni de los partidos políticos son la sociedad civil, ésta aglutinaría a las iglesias, sindicatos, cámaras empresariales, universidades, asociaciones cívicas, organizaciones deportivas, gremios profesionales, organizaciones no gubernamentales, etc. En síntesis, todo lo que se alumbra bajo el sol que no está etiquetado como político.
Si como está comprobado, número de ciudadanos y ciudadanas que no pertenecen a partidos políticos es mucho mayor que los inscritos en ellos, entonces, el reclamo hecho por quienes dicen representarlos, para que se le reconocieran tres votos en la Comisión de Reformas tenía fundamento lógico. Así lo expresé en la columna ¿Reformar electorales para quiénes? (El Panamá América, edición del 18 /4/2000.
Sin embargo, es un tanto discutible que las personalidades o los gremios que están asistiendo, pues han decidido continuar participando en las discusiones sobre las reformas electorales, a pesar de no habérseles reconocido los tres votos que demandaban, tengan un mandato de por lo menos la mayoría de quienes conforman esa amplia sociedad civil para hablar en nombre de todo ese conglomerado.
Lejos de mi intención disminuir o afectar el espacio que reclaman los "voceros de la sociedad civil", estoy convencido de que su participación será extraordinariamente beneficiosa y se traducirá en aportes positivos para mejorar nuestro sistema electoral y, por ende, nuestra democracia, y sin que ello, necesariamente, dependa del reconocimiento del derecho al voto a lo interno de la Comisión de Reformas Electorales.
Creo que la decisión de continuar participando ha sido la correcta y, además, que la incidencia de las reformas que promueven los sectores no partidistas estará condicionada al mérito intrínseco de las propuestas más que a la formalidad del voto. Si el pliego de reformas que promueven sectores como la iglesia o las organizaciones cívicas cuentan con un amplio respaldo de los sectores no partidistas sería muy difícil ignorarlas.
La sociedad civil tiene un importante papel que jugar en la discusión de los grandes temas nacionales. Eso es indiscutible. Pero la efectividad de su participación también dependerá de qué proponga y cómo se organice para hacerse presente.
Como el devenir de los pueblos es siempre dinámico, aquellos esquemas simples en algún momento tenían que ser superados por la inagotable capacidad que tenemos los seres humanos para inventar o transformar.
Hoy, en el campo del quehacer político y social, la denominada sociedad civil es una protagonista obligada, pero encuentro que hace falta precisar quiénes la forman y, sobre todo, quiénes la representan con verdadera propiedad.
Con la sociedad civil ocurre algo parecido a lo que antaño sucedió con la clase media en la que se pretendió encasillar, sin mayor discriminación, a todo el que no fuera parte de las denominadas clases alta o baja. Después, la realidad impuso las subdivisiones y se identificaron las clases media alta, media media y media baja, entre las que todavía hay imprecisión de límites.
Como consecuencia de la aparición de la sociedad civil, puede entenderse que en la estructura social hay, por lo menos, tres sectores bien identificados: por un lado, los gobernantes; por el otro, los partidos políticos; y el resto que, por eliminación, es lo que ha venido a constituirse en la sociedad civil. Entendida así, ésta comprendería los grupos de presión tradicionales, como los sindicatos obreros, las organizaciones empresariales, las asociaciones gremiales, o las llamadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), cuyas actividades comprenden desde la formación cívica o la defensa ciudadana hasta las tareas de tipo humanitario.
Hasta allí parecía no haber mayores confusiones. Pero en la práctica no es tan simple, porque el problema sobreviene al momento de determinar a quiénes le corresponde representar a la sociedad civil.
Si se asume que ahora, superada la dicotomía tradicional, la sociedad se divide entre gobernantes, gobernados y la sociedad civil, entonces habría que entender que quienes asumen su representación también son los voceros, por ejemplo, de los sindicatos obreros o de las organizaciones empresariales. Pero ocurre que éstos nunca le han cedido su representación a quienes se erigen en los voceros de la llamada sociedad civil, sino que reclaman que se les reconozca en forma separada y por su peso social específico.
La realidad anterior, vuelve a poner sobre el tapete la pregunta básica: ¿qué es la sociedad civil y quién la representa? Utilicemos lo que ocurrió recientemente en la Comisión de la Reformas Electorales, pues el caso es un ejemplo casi gráfico de lo que vengo planteando.
Si se parte de la presunción de que todos los que no forman parte del gobierno ni de los partidos políticos son la sociedad civil, ésta aglutinaría a las iglesias, sindicatos, cámaras empresariales, universidades, asociaciones cívicas, organizaciones deportivas, gremios profesionales, organizaciones no gubernamentales, etc. En síntesis, todo lo que se alumbra bajo el sol que no está etiquetado como político.
Si como está comprobado, número de ciudadanos y ciudadanas que no pertenecen a partidos políticos es mucho mayor que los inscritos en ellos, entonces, el reclamo hecho por quienes dicen representarlos, para que se le reconocieran tres votos en la Comisión de Reformas tenía fundamento lógico. Así lo expresé en la columna ¿Reformar electorales para quiénes? (El Panamá América, edición del 18 /4/2000.
Sin embargo, es un tanto discutible que las personalidades o los gremios que están asistiendo, pues han decidido continuar participando en las discusiones sobre las reformas electorales, a pesar de no habérseles reconocido los tres votos que demandaban, tengan un mandato de por lo menos la mayoría de quienes conforman esa amplia sociedad civil para hablar en nombre de todo ese conglomerado.
Lejos de mi intención disminuir o afectar el espacio que reclaman los "voceros de la sociedad civil", estoy convencido de que su participación será extraordinariamente beneficiosa y se traducirá en aportes positivos para mejorar nuestro sistema electoral y, por ende, nuestra democracia, y sin que ello, necesariamente, dependa del reconocimiento del derecho al voto a lo interno de la Comisión de Reformas Electorales.
Creo que la decisión de continuar participando ha sido la correcta y, además, que la incidencia de las reformas que promueven los sectores no partidistas estará condicionada al mérito intrínseco de las propuestas más que a la formalidad del voto. Si el pliego de reformas que promueven sectores como la iglesia o las organizaciones cívicas cuentan con un amplio respaldo de los sectores no partidistas sería muy difícil ignorarlas.
La sociedad civil tiene un importante papel que jugar en la discusión de los grandes temas nacionales. Eso es indiscutible. Pero la efectividad de su participación también dependerá de qué proponga y cómo se organice para hacerse presente.
