Quien roba o hurta, por la ley, está obligado a devolver o a reintegrar

Sé, que para no pocos, el tema concerniente a la minera les habrá de resultar un tanto ya aburrido o indiferente. Máxime, para quienes se convirtieron en aliados incondicionales en la defensa a ultranza de la corporación miera.

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Esos son los que piensan, junto a otros indiferentes, que ya todo acabó al dictarse la Sentencia de Inconstitucionalidad de 27 de Noviembre de 2023 proferida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y que quebró, con un solo golpe jurídico, directo al hígado de la minera y del Gobierno actual, a la nefasta Ley 406 de 20 de Octubre del mismo año.

Se han dado varios episodios en esta gesta:

1. Fallo de la Corte Suprema de Justicia de 21 de Diciembre de 2017 que declaró inconstitucional la Ley No. 9 de 1997, misma que contenía el Contrato Ley con Minera Petaquilla, S:A.

2. Operación o funcionamiento ilegal de la minera a partir de esa fecha, una vez ejecutoriada la decisión de inconstitucionalidad, hasta el día 20 de Octubre de 2023, fecha en que mediante Ley 406/Octubre 20/2023, se aprueba en tres furtivos y ligeros debates, el Contrato Ley del Estado y la minera.

3. Previa a la expedición de la mencionada Ley, el Gobierno Nacional desata una férrea campaña, en los medios televisados, radiales y escritos, tratando de venderle a la población que el contrato con la minera tenia que aprobarse porque el mismo era la salvación de la Patria y que traería mejores días de progreso y desarrollo económico para el país. Hasta el propio mandatario Cortizo se involucró en esa campaña, personalmente, aupando la aprobación de dicho contrato.

Diputados afectos al gobierno y miembros del partido gobernante, no tuvieron remilgos ni discreción alguna en sostener públicamente que el contrato era bueno y así lo avalaron con el voto de aprobación.

Diputados que se convirtieron en auténticos abogados defensores del contrato entre el Estado y la minera.

4. El inusual comportamiento de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea que, lejos de cumplir con el mandato plasmado en el artículo 159, numeral 15 de la Constitución, es decir, aprobar o improbar el contrato, desarrollaron un novedosos procedimiento, innominado y no reconocido en la Carta Magna, consistente en que remitieron el Proyecto de Ley, el contrato, al Ejecutivo, a fin de que se hicieran algunas modificaciones al mismo y devuelto éste a la Asamblea fue aprobado a la velocidad del rayo.

5. Debo acotar que la propia Corte hizo mención de este hecho plasmando su atinado criterio jurídico en el sentido de que no cumplió dicha Comisión con el claro mandato constitucional, cual era "aprobar o improbar los contratos en los cuales sea arte o tenga interés el Estado", es decir, la Corte censuró ese actuar de la Comisión de marras, huérfano de sustento jurídico constitucional y, así debe quedar claro para los actuales y próximos diputados que resulten electos en los comicios de mayo del año 2024, ya que no pueden estar inventando formulismos que no tienen cobijo o amparo en la Constitución.

Así lo hice saber, previo al fallo de la Corte, en mis públicas y reiteradas intervenciones en los medios o redes sociales, ya que advertí que la Comisión de Comercio había actuado en claro abuso de autoridad o de extralimitación de funciones.

6. Dictado el fallo de la Corte, hubo un jolgorio nacional, ya que se revitalizó el espíritu objetivo del pueblo (Cuéntense a los verdaderos autores del fallo de inconstitucionalidad: Indígenas, juventud, profesionales, gremios docentes, campesinos, obreros del construcción, etc.), fueron levantadas las medidas de cierres o tranques de las principales vías terrestres del país, los educadores retornaron a las clases, los gremios médicos se incorporan, tiempo completo y plenamente, al servicio publico de salud.

7. Luego de ese jolgorio, lideres y dirigentes populares, profesionales (entre ellos el suscrito), empezamos a exigir cuentas claras del cierre, rehabilitación y retiro de la minera; 6. ,El Gobierno Nacional, quien tiene arte y parte con la minera, crea la famosa Comisión Interinstitucional, con total ausencia de la sociedad civil, de los reales y legítimos voceros del pueblo, para llevar a cabo los planes de cierre, rehabilitación de áreas afectadas o destruidas y el retiro de la minera, integrada por cuatro (4) ministros: De Comercio, Trabajo, Seguridad y Ambiente.

8. El Ministro Eloy Alfaro, quien también defendido a ultranza el contrato con la minera, dado el fallo de la Corte, no le quedó de otra, por dignidad propia, pues a pedido mío también, que presentar su irrevocable renuncia.

9. Pero al explicar su renuncia despotricó contra esta nación y su gente, con claras expresiones de inclinación hacia la minera, lo que nos resultó aun más desacertado ya que era imposible ocultar cuánto apoyo y compromiso tenía con la corporación.

10. He criticado, de esa comisión interinstitucional, que no me parece, no me cuadra, pus se han puesto los ratones a cuidar el queso, a la zorra cuidar el gallinero y al curso de los días hemos notado que ni siquiera se han trasladado a la mina, al lugar de operaciones, a todas esas áreas y puntos, para levantar una documentación o informe del estado real de las afectaciones y daños y perjuicios.

11. Sin embargo, hará cuestión de dos días, sale el nuevo Ministro de Comercio, muy orondo, diciendo con toda ampulosidad, que ya se tienen los planes de cierre, rehabilitación y retiro de la minera.

12. Como si fuera poco, declara en un medio televisado, que aún no tienen claro si el plan de cierre correrá por cuenta de la minera o por cuenta del Estado panameño o por ambas partes; lo que yo, como abogado, sí tengo bien claro es que rige el "principio de que quien contamina paga" y cuanto más que "Quien roba debe devolver lo que ha robado, reintegra", y en el caso panameño se trata de cientos y miles de millones de dólares, ya que operaron de modo avieso e ilegal, durante más de cinco -5- años, como bien lo dijo su CEO en una entrevista en un diario nacional panameño: "Un ex Presidente les dijo que siguieran trabajando", urge esta interrogante ¿Acaso ignoraba la empresa minera que esto es extraño y que escapa a los procedimientos ordinarios, formales y legales de autorización para operar y que era indispensable un contrato ley?.

Desde luego que no. Se las traían, bien que conocían y sabían, a ciencia cierta lo que venían haciendo de modo arbitrario e ilegal, solo que se confiaron en los conciliábulos políticos y de alta demagogia, caracterizados por ser eso, por ninguna seriedad, ausente formalidad y nula ilegalidad.

Conclusión: Nada ha concluido, ni nada ha terminado. Se requiere que estemos muy pendientes de que el fallo de la Corte se cumpla a cabalidad, que se respete la decisión de nuestra máxima corporación de justicia y que el país y el mundo entero, pero sobre todo el gobierno, éste y el por venir, sepan, recuerden, que nunca se les olvide, que con "Las bayonetas se puede hacer de todo, pero menos sentarse sobre ellas".

Sabio consejo que el Canciller Charles Maurice de Talleyrand diera a Napoleón Bonaparte, entendiendo que por "Bayonetas" se debe leer "Las Fuerzas Militares, el Ejército, la Policía", pero para mí, más bien, debería leerse : "El pueblo". Dios bendiga a la Patria!

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