¿Quién vela por las Areas Protegidas?
DESDE HACE décadas Panamá presenta una acelerada pérdida de la biodiversidad debido a la deforestación, las actividades económicas y la urbanización no planificada, entre otras causas.
Esa situación es preocupante, ya que la diversidad de la vida es necesaria para mantener la viabilidad de la agricultura, la pesca, los procesos industriales, la fabricación de medicamentos y del turismo.
Como resultado directo de la Cumbre de Johannesburgo, los Jefes de Estado acordaron reducir los indicadores de pérdida de biodiversidad de forma significativa para el año 2010. En Panamá se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), que agrupa territorios reservados para actividades de estudio científico, cultura, turismo, preservación y conservación.
Las Áreas Protegidas (AP) son reguladas y administradas a través de las categorías de manejo que constituyen formas de uso de la tierra. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,(UICN), organismo dedicado a la conservación de los recursos naturales que agrupa a 78 estados, establece seis categorías de manejo: Áreas de protección estricta de reserva científica, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de manejo de especies, reservas naturales y paisajes protegidos.
En 1923 se establece el Monumento Natural en la isla de Barro Colorado y en 1960 se crean las primeras reservas forestales de La Yeguada, Chepigana y Tonosí. En 1976 se establece el Parque Nacional Volcán Barú , la más agredida y degradada de las AP. Esto se debe a la expansión de la frontera agrícola, la extracción furtiva de recursos biológicos, la instalación de basurales, la generación de desechos por el turismo no controlado y la contaminación visual del paisaje por empresas de telecomunicaciones que indiscriminadamente han instalado antenas y torres en la cumbre del volcán. Este punto, el más alto de Panamá, es un sitio único en América donde al amanecer se pueden divisar los dos mares que rodean al istmo. Duele pensar, como panameño, que este diamante en bruto para el turismo, no cumple los requisitos mínimos de la UICN y, por ende, no es reconocido internacionalmente como Parque Nacional.
Peor aún, en Panamá sólo el 21% de las AP ha sido declarado como tal en base a los resultados de los estudios técnicos. Esto quiere decir que el establecimiento de la mayoría de las AP no ha seguido una planificación científica y ha privado la improvisación.
Los parques nacionales presentan problemas como la falta de hitos y linderos establecidos en el campo y registrados. La falta de fondos se traduce en la escasez de guardabosques y personal permanente. El Parque Internacional La Amistad (PILA) tiene asignado un guardabosque para cada once mil hectáreas, aproximadamente. El Parque Nacional Coiba sufre la pesca ilegal de embarcaciones extranjeras. Por años operadores turísticos costarricenses depredaron este sitio con paquetes de pesca deportiva partiendo del cercano puerto de Golfito.
En el Parque Nacional Darién, en el sector de Palo de las Letras, limítrofe con Colombia, la extracción de maderas preciosas es generalizada, con destino a los aserraderos de Turbo y Medellín. Este parque, establecido en el 2004, cuya extensión supera el medio millón de hectáreas, sufrió la segregación casi quirúrgica del sector de Bahía Piña, para proteger los intereses corporativos y turísticos de las familias que han gobernado Panamá desde su separación de Colombia.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Panamá está formado por 65 zonas que equivalen a la tercera parte del territorio nacional. De éstas, sólo 19 cuentan con planes de manejo y 36 con algún lineamiento de planificación a largo plazo, lo que convierte a la mayoría en " áreas protegidas de papel". La escasez de fondos es generalizada, ya que lo aportado por el Estado no cubre los gastos operativos del SINAP. El valor de los bienes y servicios ambientales de estas áreas no ha sido estudiado, ni valorado ni compensado. Hay graves conflictos sociales por el uso de la tierra por la falta de titulación estatal a nombre de las AP y a las políticas nacionales que favorecen actividades productivas en vez de las de conservación.
Las presiones económicas permiten la alteración de linderos y cambios en el uso de la tierra. Ejemplo de ello, la modificación de límites del Refugio de Vida Silvestre La Barqueta para permitir el desarrollo inmobiliario. Actualmente, el Parque Nacional Coiba enfrenta la pretensión de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá de modificar la ley para autorizar la pesca industrial del atún.
Las AP son un tesoro nacional y como tal deben ser valoradas por todos. El Estado debe fomentar la administración compartida (empresa privada-gobierno) y armonizar las 27 categorías de manejo utilizadas en Panamá con las de la UICN para facilitar el acceso a fondos internacionales. La Reserva Forestal de la Fortuna y Barro Colorado son dos ejemplos exitosos de administración conjunta que demuestran que cuando hay voluntad hay resultados.
Esa situación es preocupante, ya que la diversidad de la vida es necesaria para mantener la viabilidad de la agricultura, la pesca, los procesos industriales, la fabricación de medicamentos y del turismo.
Como resultado directo de la Cumbre de Johannesburgo, los Jefes de Estado acordaron reducir los indicadores de pérdida de biodiversidad de forma significativa para el año 2010. En Panamá se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), que agrupa territorios reservados para actividades de estudio científico, cultura, turismo, preservación y conservación.
Las Áreas Protegidas (AP) son reguladas y administradas a través de las categorías de manejo que constituyen formas de uso de la tierra. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,(UICN), organismo dedicado a la conservación de los recursos naturales que agrupa a 78 estados, establece seis categorías de manejo: Áreas de protección estricta de reserva científica, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de manejo de especies, reservas naturales y paisajes protegidos.
En 1923 se establece el Monumento Natural en la isla de Barro Colorado y en 1960 se crean las primeras reservas forestales de La Yeguada, Chepigana y Tonosí. En 1976 se establece el Parque Nacional Volcán Barú , la más agredida y degradada de las AP. Esto se debe a la expansión de la frontera agrícola, la extracción furtiva de recursos biológicos, la instalación de basurales, la generación de desechos por el turismo no controlado y la contaminación visual del paisaje por empresas de telecomunicaciones que indiscriminadamente han instalado antenas y torres en la cumbre del volcán. Este punto, el más alto de Panamá, es un sitio único en América donde al amanecer se pueden divisar los dos mares que rodean al istmo. Duele pensar, como panameño, que este diamante en bruto para el turismo, no cumple los requisitos mínimos de la UICN y, por ende, no es reconocido internacionalmente como Parque Nacional.
Peor aún, en Panamá sólo el 21% de las AP ha sido declarado como tal en base a los resultados de los estudios técnicos. Esto quiere decir que el establecimiento de la mayoría de las AP no ha seguido una planificación científica y ha privado la improvisación.
Los parques nacionales presentan problemas como la falta de hitos y linderos establecidos en el campo y registrados. La falta de fondos se traduce en la escasez de guardabosques y personal permanente. El Parque Internacional La Amistad (PILA) tiene asignado un guardabosque para cada once mil hectáreas, aproximadamente. El Parque Nacional Coiba sufre la pesca ilegal de embarcaciones extranjeras. Por años operadores turísticos costarricenses depredaron este sitio con paquetes de pesca deportiva partiendo del cercano puerto de Golfito.
En el Parque Nacional Darién, en el sector de Palo de las Letras, limítrofe con Colombia, la extracción de maderas preciosas es generalizada, con destino a los aserraderos de Turbo y Medellín. Este parque, establecido en el 2004, cuya extensión supera el medio millón de hectáreas, sufrió la segregación casi quirúrgica del sector de Bahía Piña, para proteger los intereses corporativos y turísticos de las familias que han gobernado Panamá desde su separación de Colombia.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Panamá está formado por 65 zonas que equivalen a la tercera parte del territorio nacional. De éstas, sólo 19 cuentan con planes de manejo y 36 con algún lineamiento de planificación a largo plazo, lo que convierte a la mayoría en " áreas protegidas de papel". La escasez de fondos es generalizada, ya que lo aportado por el Estado no cubre los gastos operativos del SINAP. El valor de los bienes y servicios ambientales de estas áreas no ha sido estudiado, ni valorado ni compensado. Hay graves conflictos sociales por el uso de la tierra por la falta de titulación estatal a nombre de las AP y a las políticas nacionales que favorecen actividades productivas en vez de las de conservación.
Las presiones económicas permiten la alteración de linderos y cambios en el uso de la tierra. Ejemplo de ello, la modificación de límites del Refugio de Vida Silvestre La Barqueta para permitir el desarrollo inmobiliario. Actualmente, el Parque Nacional Coiba enfrenta la pretensión de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá de modificar la ley para autorizar la pesca industrial del atún.
Las AP son un tesoro nacional y como tal deben ser valoradas por todos. El Estado debe fomentar la administración compartida (empresa privada-gobierno) y armonizar las 27 categorías de manejo utilizadas en Panamá con las de la UICN para facilitar el acceso a fondos internacionales. La Reserva Forestal de la Fortuna y Barro Colorado son dos ejemplos exitosos de administración conjunta que demuestran que cuando hay voluntad hay resultados.
