Quieren linchar al Procurador: 1. Antecedentes
Analizo el intento de algunos legisladores arnulfistas y del PRD por linchar al Procurador, aunque destruyan la independencia del Ministerio Público, y señalo los antecedentes de esta acción. En un próximo artículo analizaré los pretextos de este intento.
Unos cuantos Legisladores del Partido Arnulfista y del PRD, usando de fachada a la Comisión de Drogas de la Asamblea Legislativa, están tratando de linchar al Procurador General de la Nación y poco les importa que de esa manera destruirían la independencia del Ministerio Público y dejarían la administración de justicia más maltrecha de lo que ya está.
Por burda la jugada se ha hecho manifiesta. Pretendían originalmente saltarse a la Procuradora de la Administración, por Ley la única competente para investigar al Procurador, y dictarle a la Corte Suprema un fallo condenatorio presentándole directamente un documento, donde ellos ya han concluido que éste es culpable de irregularidades y debe ser separado de su cargo, sin citar un solo fundamento de derecho. Supuestamente celebraron una reunión decisiva de la que no se conocen ni el acta ni las grabaciones habituales. Luego distribuyeron a los medios un documento, jurídicamente un mamotreto, en cuya elaboración no participó ningún abogado de las Direcciones de Asesoría Legal y Técnica Legislativas, es decir que fue fabricado Dios sabe dónde y por quién, que no contaba con la firma de todos los miembros de la Comisión y que no sometieron al Secretario General de la Asamblea para que el Presidente de la misma, su único representante legal, fuera quien le diera el curso reglamentario, como lo exigen los artículos 81 y 83 del Reglamento Orgánico de la Asamblea. Contra tales violaciones de procedimiento se pronunció, incluso, un Legislador oficialista como José Blandón.
Esta acción es claramente violatoria del artículo 157 de la Constitución, que le prohibe expresamente a la Asamblea inmiscuirse en asuntos que son privativos de otro órgano del Estado. De lograr su cometido habrán pervertido el Organo Judicial y desnaturalizado el Organo Legislativo. La envergadura del hecho comprometería a las dirigencias del Partido Arnulfista, que controla el Ejecutivo, y al CEN del PRD, que tiene la bancada más numerosa en el Legislativo, los cuales no podrían argumentar ignorancia.
Los ataques contra la independencia de criterio del Procurador han sido numerosos y de múltiples instancias, pues no se ha dejado subordinar por nadie. Entre los más agresivos se contó la denuncia del abogado Santander Tristán Donoso, en la que también se involucró el Defensor de Pueblo, de que el Procurador habría grabado su conversación telefónica con el padre de un acusado por lavado de dinero. Pero la Corte Suprema encontró que el Procurador no había hecho tal cosa, que la grabación había sido realizada por el propio padre del acusado, que en la misma se había hablado de grandes sumas de dinero para liberar al acusado y que la grabación le fue transmitida al Procurador por terceras personas. Por ello, la Corte declaró su sobreseimiento definitivo. Pero el abogado Tristán participa ahora en un grupúsculo de abogados contra el Procurador.
También denunció al Procurador el Juez Jorge Luis Lau, porque el primero habría ordenado la intervención de su teléfono, al haber recibido informes de supuestos actos de corrupción de parte del Juez. La Corte encontró justificadas las razones del Procurador para iniciar la investigación del Juez y reconoció su facultad en estas circunstancias para autorizar la intervención. Decretó por ello a su favor otro sobreseimiento definitivo.
El Director de la PTJ, a su vez, presentó querella criminal contra el Procurador, acusándolo de abuso de autoridad, a raíz de un conflicto dramático entre los dos. Sin embargo, en su Vista Fiscal la Procuradora de la Administración declaró que "queda clara la subordinación jurídica operativa de la Policía Técnica Judicial al Procurador General de la Nación" y añade que "pareciera necesario revisar el actual sistema de nombramiento y de remoción del Director de la PTJ, para que la línea de autoridad de la que dependa, sea de una sola institución o funcionario para evitar en el futuro el lamentable espectáculo que explica la intervención de este despacho". No encontró ningún hecho punible de parte del Procurador y recomendó que se archivara la denuncia. Cuando la Corte falle, sería altamente improbable que llegara a otra conclusión. En efecto, con respecto al detenido, cuyo maltrato por la PTJ suscitó el mencionado conflicto entre el Procurador y el Director de la PTJ, la Corte encontró que "los inspectores o detectives de la PTJ no solamente han violado las garantías contenidas en el artículo 22 de la Constitución Nacional, sino que además han violado los derechos humanos del detenido..., al haber sido sometido a torturas y trato cruel por parte de los agentes policiales que tenían el deber de respetar y garantizar tales derechos". Estimó necesario "hacer un fuerte llamado de atención a las autoridades policiales, en este caso la Policía Técnica Judicial," y declaró ilegal su detención, dando así amplia razón a la preocupación del Procurador que suscitó su confrontación con el Director de la PTJ.
Una y otra vez la independencia de criterio del Procurador, controvertida por personas interesadas en que el Ministerio Público no actúe con criterio propio, ha logrado salvar la institución y poner la Ley por encima de todo.
El último y más audaz atentado contra la Procuraduría tiene diversos antecedentes. Pérez Balladares lo hizo posible cuando, por razones oscuras, hizo modificar la forma de nombrar y remover al Director de la PTJ según la Ley Orgánica de la institución, debilitando así su subordinación al Procurador. Todo hace suponer que estimuló al Director de la PTJ a actuar por su cuenta, al margen del Ministerio Público, para descalificar a Alfredo Oranges como su contendor y crítico dentro del PRD. Ahora el documento del la Comisión de Drogas revela una parcialización tan escandalosa a favor del Director de la PTJ, que no se puede descartar la hipótesis de un intercambio de favores.
Otro antecedente es la campaña irresponsable de La Prensa contra el Procurador desde que el diario publicó un narco-cheque falso supuestamente a su favor y el Procurador, con toda razón, denunció legalmente al periodista Gustavo Gorriti por esta acción y lo ha vuelto a denunciar por la continuación de la campaña de descrédito. Cabe recordar que diez periodistas de La Prensa firmaron una carta, el 15 de julio de 1999, a su director donde afirmaban: "queremos recordarle que desde hace años, dos por lo menos, los reporteros, especialmente los que cubren el Ministerio Público, vienen confrontando problemas con la edición de notas, ya que luego de redactar polémicas noticias, al día siguiente los periodistas se encuentran con la cruda realidad de que todo ha sido maliciosamente manipulado... En constantes ocasiones (el periodista) Otero se lamenta y queja de que el Señor Gorriti le manipula a su antojo estas noticias, siempre con la abierta intención, y así se concluye al leer la información editada, de ridiculizar e inculpar, como si los periodistas fuéramos jueces, al ciudadano Sossa". La Prensa le tolera al Ejecutivo actual, del que el autodenominado "padre" de dicho diario es hoy Asesor, lo que no le ha tolerado a ningún otro Gobierno. Y por ello tiene marcada influencia sobre algunos legisladores arnulfistas, a los que ha dado todo su apoyo en esta tremenda irresponsabilidad.
Se han conjugado antecedentes contrapuestos en una nueva aplicación del viejo dicho: Dios los cría y el Diablo los junta. Lo grave es que el Diablo los está juntando en detrimento no sólo de una persona integra y terca en su integridad, sino de la independencia e institucionalidad de la justicia panameña.
Unos cuantos Legisladores del Partido Arnulfista y del PRD, usando de fachada a la Comisión de Drogas de la Asamblea Legislativa, están tratando de linchar al Procurador General de la Nación y poco les importa que de esa manera destruirían la independencia del Ministerio Público y dejarían la administración de justicia más maltrecha de lo que ya está.
Por burda la jugada se ha hecho manifiesta. Pretendían originalmente saltarse a la Procuradora de la Administración, por Ley la única competente para investigar al Procurador, y dictarle a la Corte Suprema un fallo condenatorio presentándole directamente un documento, donde ellos ya han concluido que éste es culpable de irregularidades y debe ser separado de su cargo, sin citar un solo fundamento de derecho. Supuestamente celebraron una reunión decisiva de la que no se conocen ni el acta ni las grabaciones habituales. Luego distribuyeron a los medios un documento, jurídicamente un mamotreto, en cuya elaboración no participó ningún abogado de las Direcciones de Asesoría Legal y Técnica Legislativas, es decir que fue fabricado Dios sabe dónde y por quién, que no contaba con la firma de todos los miembros de la Comisión y que no sometieron al Secretario General de la Asamblea para que el Presidente de la misma, su único representante legal, fuera quien le diera el curso reglamentario, como lo exigen los artículos 81 y 83 del Reglamento Orgánico de la Asamblea. Contra tales violaciones de procedimiento se pronunció, incluso, un Legislador oficialista como José Blandón.
Esta acción es claramente violatoria del artículo 157 de la Constitución, que le prohibe expresamente a la Asamblea inmiscuirse en asuntos que son privativos de otro órgano del Estado. De lograr su cometido habrán pervertido el Organo Judicial y desnaturalizado el Organo Legislativo. La envergadura del hecho comprometería a las dirigencias del Partido Arnulfista, que controla el Ejecutivo, y al CEN del PRD, que tiene la bancada más numerosa en el Legislativo, los cuales no podrían argumentar ignorancia.
Los ataques contra la independencia de criterio del Procurador han sido numerosos y de múltiples instancias, pues no se ha dejado subordinar por nadie. Entre los más agresivos se contó la denuncia del abogado Santander Tristán Donoso, en la que también se involucró el Defensor de Pueblo, de que el Procurador habría grabado su conversación telefónica con el padre de un acusado por lavado de dinero. Pero la Corte Suprema encontró que el Procurador no había hecho tal cosa, que la grabación había sido realizada por el propio padre del acusado, que en la misma se había hablado de grandes sumas de dinero para liberar al acusado y que la grabación le fue transmitida al Procurador por terceras personas. Por ello, la Corte declaró su sobreseimiento definitivo. Pero el abogado Tristán participa ahora en un grupúsculo de abogados contra el Procurador.
También denunció al Procurador el Juez Jorge Luis Lau, porque el primero habría ordenado la intervención de su teléfono, al haber recibido informes de supuestos actos de corrupción de parte del Juez. La Corte encontró justificadas las razones del Procurador para iniciar la investigación del Juez y reconoció su facultad en estas circunstancias para autorizar la intervención. Decretó por ello a su favor otro sobreseimiento definitivo.
El Director de la PTJ, a su vez, presentó querella criminal contra el Procurador, acusándolo de abuso de autoridad, a raíz de un conflicto dramático entre los dos. Sin embargo, en su Vista Fiscal la Procuradora de la Administración declaró que "queda clara la subordinación jurídica operativa de la Policía Técnica Judicial al Procurador General de la Nación" y añade que "pareciera necesario revisar el actual sistema de nombramiento y de remoción del Director de la PTJ, para que la línea de autoridad de la que dependa, sea de una sola institución o funcionario para evitar en el futuro el lamentable espectáculo que explica la intervención de este despacho". No encontró ningún hecho punible de parte del Procurador y recomendó que se archivara la denuncia. Cuando la Corte falle, sería altamente improbable que llegara a otra conclusión. En efecto, con respecto al detenido, cuyo maltrato por la PTJ suscitó el mencionado conflicto entre el Procurador y el Director de la PTJ, la Corte encontró que "los inspectores o detectives de la PTJ no solamente han violado las garantías contenidas en el artículo 22 de la Constitución Nacional, sino que además han violado los derechos humanos del detenido..., al haber sido sometido a torturas y trato cruel por parte de los agentes policiales que tenían el deber de respetar y garantizar tales derechos". Estimó necesario "hacer un fuerte llamado de atención a las autoridades policiales, en este caso la Policía Técnica Judicial," y declaró ilegal su detención, dando así amplia razón a la preocupación del Procurador que suscitó su confrontación con el Director de la PTJ.
Una y otra vez la independencia de criterio del Procurador, controvertida por personas interesadas en que el Ministerio Público no actúe con criterio propio, ha logrado salvar la institución y poner la Ley por encima de todo.
El último y más audaz atentado contra la Procuraduría tiene diversos antecedentes. Pérez Balladares lo hizo posible cuando, por razones oscuras, hizo modificar la forma de nombrar y remover al Director de la PTJ según la Ley Orgánica de la institución, debilitando así su subordinación al Procurador. Todo hace suponer que estimuló al Director de la PTJ a actuar por su cuenta, al margen del Ministerio Público, para descalificar a Alfredo Oranges como su contendor y crítico dentro del PRD. Ahora el documento del la Comisión de Drogas revela una parcialización tan escandalosa a favor del Director de la PTJ, que no se puede descartar la hipótesis de un intercambio de favores.
Otro antecedente es la campaña irresponsable de La Prensa contra el Procurador desde que el diario publicó un narco-cheque falso supuestamente a su favor y el Procurador, con toda razón, denunció legalmente al periodista Gustavo Gorriti por esta acción y lo ha vuelto a denunciar por la continuación de la campaña de descrédito. Cabe recordar que diez periodistas de La Prensa firmaron una carta, el 15 de julio de 1999, a su director donde afirmaban: "queremos recordarle que desde hace años, dos por lo menos, los reporteros, especialmente los que cubren el Ministerio Público, vienen confrontando problemas con la edición de notas, ya que luego de redactar polémicas noticias, al día siguiente los periodistas se encuentran con la cruda realidad de que todo ha sido maliciosamente manipulado... En constantes ocasiones (el periodista) Otero se lamenta y queja de que el Señor Gorriti le manipula a su antojo estas noticias, siempre con la abierta intención, y así se concluye al leer la información editada, de ridiculizar e inculpar, como si los periodistas fuéramos jueces, al ciudadano Sossa". La Prensa le tolera al Ejecutivo actual, del que el autodenominado "padre" de dicho diario es hoy Asesor, lo que no le ha tolerado a ningún otro Gobierno. Y por ello tiene marcada influencia sobre algunos legisladores arnulfistas, a los que ha dado todo su apoyo en esta tremenda irresponsabilidad.
Se han conjugado antecedentes contrapuestos en una nueva aplicación del viejo dicho: Dios los cría y el Diablo los junta. Lo grave es que el Diablo los está juntando en detrimento no sólo de una persona integra y terca en su integridad, sino de la independencia e institucionalidad de la justicia panameña.
