Quieren linchar al Procurador: 2. Pretextos y oscuros motivos
Analizo los casos que esgrimieron irresponsablemente los seis legisladores que intentan linchar al Procurador General de la Nación, y concluyo que estos fueron pretextos y no razones para un intento que en verdad no tiene ninguna justificación.
Los seis legisladores arnulfistas y del PRD, que con su informe quieren linchar al Procurador, aprovechan la oportunidad que creó Pérez Balladares al modificar la Ley Orgánica de la PTJ, e intentan la tarea que el diario La Prensa ha tratado de lograr, a saber sacar al Procurador, aunque con ello se destruya la independencia del Ministerio Público.
El documento de los legisladores se concentra en dos casos, el de Alfredo Oranges y el de Marc Harris, que son exactamente los casos que La Prensa ha tergiversado sistemáticamente, y en los cuales ha participado prominentemente personal de la PTJ. No cabe así la menor duda que estos legisladores se han convertido en agentes de los promotores del linchamiento.
La controversia en Panamá del caso de Alfredo Oranges se inició con un documento que la PTJ-Interpol envió a las autoridades judiciales italianas, sin informar al Procurador, el 13 de julio de 1998, en plena campaña del referéndum constitucional, en la que Oranges se opuso a Pérez Balladares. En dicho documento se afirmó "que de las investigaciones realizadas por la PTJ de Panamá sobre lavado de dinero a raíz del conocimiento de vuestro operativo "Malochio", se ha detectado la participación en múltiples empresas utilizadas para tal fin, de los señores Alfredo Oranges, Lauricella Lilio Rosario y otros..." Después del envío de este documento se produjo la orden de arresto contra Oranges por las autoridades italianas, tan destacada por La Prensa.
Tales "investigaciones realizadas por la PTJ" no existieron. El agente Jorge Mottley de la PTJ-Interpol tuvo que reconocer en su declaración jurada ante el Ministerio Público que "directamente, la oficina de Interpol de la PTJ no ha realizado investigaciones sobre lavado de dinero, a raíz de la Operación Malocchio ..." Pero afirmó que tuvo "una comunicación verbal, con la promesa de no revelar su identidad", de "pequeños detalles sobre el movimiento de dinero...que presuntamente estaba relacionado con la Operación..." Luego, en una indagatoria, dijo que la información le había sido dada por la Lic. Victoria Figge, entonces Directora de la Unidad de Análisis Financiero de la Presidencia. Sin embargo, ella ha declarado voluntariamente ante la Fiscalía Especial, que investigaba a Mottley, que "en ningún momento califiqué o afirmé, verbal o por escrito, que el señor Oranges estuviese relacionado con el lavado de dinero producto de narcotráfico". Y cuando le citaron la parte pertinente de la declaración de Mottley, contestó: "Jamás dije eso...No entiendo las razones de esta afirmación del señor Mottley".
Esto significa que la participación de la PTJ en el caso comenzó con lo que tiene visos de ser una grave y descarada mentira por parte de una autoridad de investigación judicial. El propósito se hace patente, si consideramos que el mismo Mottley envió una comunicación a las autoridades italianas el 26 de octubre de 1998, al día siguiente de terminadas las primarias del PRD, donde revelaba que estuvo en Italia (¿quién lo envió y le pagó el viaje, sin conocimiento del Procurador?). En ella se quejaba, con inaudita impropiedad, de que dichas autoridades no le prestaron atención a "la necesidad de continuar los trámites de extradición hacia Italia del panameño Alfredo Oranges" (estuvo así promoviendo la extradición de un ciudadano panameño en violación de la Constitución); también les comentaba descaradamente: "debo decir que por la divulgación de vuestra solicitud de detención y extradición hecha por los conductos de INTERPOL, la mayoría de votantes del partido de Gobierno (PRD) decidió elegir sorpresivamente a otro candidato a la Presidencia de la República en las elecciones primarias", violando así el apoliticismo que debe mantener todo funcionario público, especialmente en la administración de justicia. Pérez Balladares recompensó estos servicios políticos de funcionarios de la PTJ, cuando recién terminadas las primarias del PRD procedió a modificar la Ley Orgánica de la PTJ, otorgando a su Director un período fijo de siete años y colocando su nombramiento y remoción fuera de la acción directa del Procurador.
Al acusar al Procurador de negligencia, los legisladores toman esta presunta falsedad politiquera como válida. No toman en cuenta que, para cumplir con la solicitud de asistencia judicial de los Fiscales romanos, la Procuraduría le tomó varias y extensas declaraciones juradas a Alfredo Oranges; requirió información de entidades bancarias, del Registro Público y de la Dirección de Migración y Naturalización; transmitió toda la información recabada a la Embajada de Italia en Panamá; envió un Fiscal a Roma y encargó al Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas del asunto.
Lo que el Procurador ha rehusado hacer es presumir la culpabilidad de un ciudadano panameño, que ningún tribunal ni nacional ni extranjero había enjuiciado ni condenado, para satisfacer los intereses políticos del Presidente Pérez Balladares, aunque éste lo hubiera nombrado Procurador. Durante todo este tiempo, en que se intentaba involucrarlo, Oranges fue invitado a diferentes recepciones de la Embajada de los E.U., cuyas agencias luchan con dedicación contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Personalmente me he encontrado con él allí y, cuando le pregunté a un alto funcionario de dicha Embajada si ellos tenían dudas sobre él, me contestó negativamente.
¿Cómo quedarían los seis Legisladores y detrás de ellos el Director de la PTJ, y detrás de ambos Pérez Balladares y el diario La Prensa, si se confirma, como lo han anunciado los abogados de Oranges, que el Tribunal romano habría levantado las medidas cautelares que había tomado contra Alfredo Oranges, al considerar que no existirían pruebas que demuestren su participación en el delito investigado? Quedarían como irresponsables de marca mayor, la mayoría de ellos enceguecidos por la voluntad de linchar al Procurador, aunque así desprestigiaran la administración de justicia panameña aún más.
El caso de Marc Harris, que vive y tiene negocios en Panamá, es más escueto, por lo cual los Legisladores le dedican menos espacio en su informe. El Director de la PTJ argumenta que él recibió una carta del Agregado Jurídico Adjunto de la Embajada de los E.U. solicitando cooperación de la PTJ en la investigación de Harris, porque "se sospecha que él y su firma ambos se prestan para el lavado de dinero y para ocultar o evitar pagar impuestos al tesorero (sic) estadounidense."
La postura del Procurador ha sido clara y firme. Sabe que no puede investigar el no pago de impuestos al Tesoro de los E.U., por que ello no constituye delito en Panamá. Y sabe que para autorizar una investigación por delito de narcotráfico o por delito conexo a instancias de una autoridad norteamericana, dicha autoridad debe solicitarlo de acuerdo con el Tratado de Asistencia Legal Mutua o de acuerdo con las Convenciones Internacionales sobre Drogas. Ello exige que los E.U. hagan la solicitud a Relaciones Exteriores, a Gobierno y Justicia o a la Procuraduría General de la Nación, no por otra vía, adjuntando además informaciones precisas correspondientes al caso. No lo han hecho así. El Ministerio Público no ha podido por lo tanto prestar legalmente una colaboración investigativa.
Lo que está en juego en este caso, es la seriedad con la que respetamos y hacemos respetar nuestro estado de derecho. Es increíble que Legisladores panameños estén favoreciendo investigaciones violatorias de nuestra legalidad.
La parcialización irresponsable de los legisladores y de quienes los han azuzado, especialmente del diario La Prensa, se manifiesta por el contraste de su silencio cómplice en otros casos de una inmoralidad pública verdadera y escandalosa. ¿Será necesario recordárselos uno por uno? Lo que queda claro es que para tratar de linchar al Procurador no tienen razones, sino pretextos. ¿Qué oscuros motivos los impulsarán entonces?
Los seis legisladores arnulfistas y del PRD, que con su informe quieren linchar al Procurador, aprovechan la oportunidad que creó Pérez Balladares al modificar la Ley Orgánica de la PTJ, e intentan la tarea que el diario La Prensa ha tratado de lograr, a saber sacar al Procurador, aunque con ello se destruya la independencia del Ministerio Público.
El documento de los legisladores se concentra en dos casos, el de Alfredo Oranges y el de Marc Harris, que son exactamente los casos que La Prensa ha tergiversado sistemáticamente, y en los cuales ha participado prominentemente personal de la PTJ. No cabe así la menor duda que estos legisladores se han convertido en agentes de los promotores del linchamiento.
La controversia en Panamá del caso de Alfredo Oranges se inició con un documento que la PTJ-Interpol envió a las autoridades judiciales italianas, sin informar al Procurador, el 13 de julio de 1998, en plena campaña del referéndum constitucional, en la que Oranges se opuso a Pérez Balladares. En dicho documento se afirmó "que de las investigaciones realizadas por la PTJ de Panamá sobre lavado de dinero a raíz del conocimiento de vuestro operativo "Malochio", se ha detectado la participación en múltiples empresas utilizadas para tal fin, de los señores Alfredo Oranges, Lauricella Lilio Rosario y otros..." Después del envío de este documento se produjo la orden de arresto contra Oranges por las autoridades italianas, tan destacada por La Prensa.
Tales "investigaciones realizadas por la PTJ" no existieron. El agente Jorge Mottley de la PTJ-Interpol tuvo que reconocer en su declaración jurada ante el Ministerio Público que "directamente, la oficina de Interpol de la PTJ no ha realizado investigaciones sobre lavado de dinero, a raíz de la Operación Malocchio ..." Pero afirmó que tuvo "una comunicación verbal, con la promesa de no revelar su identidad", de "pequeños detalles sobre el movimiento de dinero...que presuntamente estaba relacionado con la Operación..." Luego, en una indagatoria, dijo que la información le había sido dada por la Lic. Victoria Figge, entonces Directora de la Unidad de Análisis Financiero de la Presidencia. Sin embargo, ella ha declarado voluntariamente ante la Fiscalía Especial, que investigaba a Mottley, que "en ningún momento califiqué o afirmé, verbal o por escrito, que el señor Oranges estuviese relacionado con el lavado de dinero producto de narcotráfico". Y cuando le citaron la parte pertinente de la declaración de Mottley, contestó: "Jamás dije eso...No entiendo las razones de esta afirmación del señor Mottley".
Esto significa que la participación de la PTJ en el caso comenzó con lo que tiene visos de ser una grave y descarada mentira por parte de una autoridad de investigación judicial. El propósito se hace patente, si consideramos que el mismo Mottley envió una comunicación a las autoridades italianas el 26 de octubre de 1998, al día siguiente de terminadas las primarias del PRD, donde revelaba que estuvo en Italia (¿quién lo envió y le pagó el viaje, sin conocimiento del Procurador?). En ella se quejaba, con inaudita impropiedad, de que dichas autoridades no le prestaron atención a "la necesidad de continuar los trámites de extradición hacia Italia del panameño Alfredo Oranges" (estuvo así promoviendo la extradición de un ciudadano panameño en violación de la Constitución); también les comentaba descaradamente: "debo decir que por la divulgación de vuestra solicitud de detención y extradición hecha por los conductos de INTERPOL, la mayoría de votantes del partido de Gobierno (PRD) decidió elegir sorpresivamente a otro candidato a la Presidencia de la República en las elecciones primarias", violando así el apoliticismo que debe mantener todo funcionario público, especialmente en la administración de justicia. Pérez Balladares recompensó estos servicios políticos de funcionarios de la PTJ, cuando recién terminadas las primarias del PRD procedió a modificar la Ley Orgánica de la PTJ, otorgando a su Director un período fijo de siete años y colocando su nombramiento y remoción fuera de la acción directa del Procurador.
Al acusar al Procurador de negligencia, los legisladores toman esta presunta falsedad politiquera como válida. No toman en cuenta que, para cumplir con la solicitud de asistencia judicial de los Fiscales romanos, la Procuraduría le tomó varias y extensas declaraciones juradas a Alfredo Oranges; requirió información de entidades bancarias, del Registro Público y de la Dirección de Migración y Naturalización; transmitió toda la información recabada a la Embajada de Italia en Panamá; envió un Fiscal a Roma y encargó al Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas del asunto.
Lo que el Procurador ha rehusado hacer es presumir la culpabilidad de un ciudadano panameño, que ningún tribunal ni nacional ni extranjero había enjuiciado ni condenado, para satisfacer los intereses políticos del Presidente Pérez Balladares, aunque éste lo hubiera nombrado Procurador. Durante todo este tiempo, en que se intentaba involucrarlo, Oranges fue invitado a diferentes recepciones de la Embajada de los E.U., cuyas agencias luchan con dedicación contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Personalmente me he encontrado con él allí y, cuando le pregunté a un alto funcionario de dicha Embajada si ellos tenían dudas sobre él, me contestó negativamente.
¿Cómo quedarían los seis Legisladores y detrás de ellos el Director de la PTJ, y detrás de ambos Pérez Balladares y el diario La Prensa, si se confirma, como lo han anunciado los abogados de Oranges, que el Tribunal romano habría levantado las medidas cautelares que había tomado contra Alfredo Oranges, al considerar que no existirían pruebas que demuestren su participación en el delito investigado? Quedarían como irresponsables de marca mayor, la mayoría de ellos enceguecidos por la voluntad de linchar al Procurador, aunque así desprestigiaran la administración de justicia panameña aún más.
El caso de Marc Harris, que vive y tiene negocios en Panamá, es más escueto, por lo cual los Legisladores le dedican menos espacio en su informe. El Director de la PTJ argumenta que él recibió una carta del Agregado Jurídico Adjunto de la Embajada de los E.U. solicitando cooperación de la PTJ en la investigación de Harris, porque "se sospecha que él y su firma ambos se prestan para el lavado de dinero y para ocultar o evitar pagar impuestos al tesorero (sic) estadounidense."
La postura del Procurador ha sido clara y firme. Sabe que no puede investigar el no pago de impuestos al Tesoro de los E.U., por que ello no constituye delito en Panamá. Y sabe que para autorizar una investigación por delito de narcotráfico o por delito conexo a instancias de una autoridad norteamericana, dicha autoridad debe solicitarlo de acuerdo con el Tratado de Asistencia Legal Mutua o de acuerdo con las Convenciones Internacionales sobre Drogas. Ello exige que los E.U. hagan la solicitud a Relaciones Exteriores, a Gobierno y Justicia o a la Procuraduría General de la Nación, no por otra vía, adjuntando además informaciones precisas correspondientes al caso. No lo han hecho así. El Ministerio Público no ha podido por lo tanto prestar legalmente una colaboración investigativa.
Lo que está en juego en este caso, es la seriedad con la que respetamos y hacemos respetar nuestro estado de derecho. Es increíble que Legisladores panameños estén favoreciendo investigaciones violatorias de nuestra legalidad.
La parcialización irresponsable de los legisladores y de quienes los han azuzado, especialmente del diario La Prensa, se manifiesta por el contraste de su silencio cómplice en otros casos de una inmoralidad pública verdadera y escandalosa. ¿Será necesario recordárselos uno por uno? Lo que queda claro es que para tratar de linchar al Procurador no tienen razones, sino pretextos. ¿Qué oscuros motivos los impulsarán entonces?
