Rasgos generales de la reforma del Estado
Frente a situaciones en que el mercado asume un rol protagonista, se ha empezado a reconocer la necesidad imperiosa de concebir nuevas formas de regulación que, cuando menos, aseguren transparencia, garanticen competitividad y disciplinen el actuar de empresas privadas que heredaron monopolios y mercados cautivos. Esto ha dado lugar a la concepción estratégica del Estado, que busca superar las deficiencias de una planificación eminentemente de intenciones, divorciada del proceso de adopción de decisiones que tenía su propio curso y respondía a otros intereses.
La gestión estratégica del Estado constituye el método por medio del cual se plasma en decisiones y acciones concretas un proyecto político dado.
Al Estado se le exige en la actualidad la competencia para visualizar escenarios futuros y los comportamientos previsibles de los agentes económicos, sociales y políticos indispensables para la transformación de la economía nacional. Se le exige, asimismo, la capacidad de coadyuvar a la formulación de un proyecto político respaldado mayoritariamente por la ciudadanía, junto con la renovación de sus estructuras a fin de lograr mayores grados de coordinación, seguimiento y control de decisiones para la materialización del proyecto político.
Un proyecto político plantea un espectro de políticas públicas. Se trata de jerarquizar, fijar las precedencias correspondientes y establecer su itinerario.
Hoy, por ejemplo, un primer ámbito de compatibilidad entre las políticas destinadas al logro de los equilibrios macro-económicos, las que promueven la expansión de la base productiva y las que tienen por finalidad alcanzar equilibrios macro-sociales.
Es en logro de estas compatibilidades donde una gestión estratégica consolida la capacidad de gobernar que tiene su capital de base en el apoyo electoral que ha merecido el proyecto político.
La búsqueda y el logro de consensos para concretar el proceso de reforma implica identificar con claridad las alianzas posibles, los principales actores para la negociación y los que estarán en abierto desacuerdo, todo lo que pone de relieve el rol atribuido también a la actividad parlamentaria y a las funciones legislativas.
En efecto, la evaluación del peso político y del grado de compromiso con la transformación de la economía y de la sociedad nacional, en general, y con determinada política pública, en particular, constituye una etapa clave dentro del proceso decisorio.
Una gestión estratégica tiene una sólida base de apoyo cuando el diagnóstico político sobre la viabilidad de los pactos necesarios para concretar una acción estatal identifica con acierto a los factores de poder que intervienen en la discusión, como también los principales actores dispuestos a la negociación y los que estarán proclives al disenso.
Ha sido, sin duda, un avance llamar la atención sobre la capacidad para prever conflictos, la mayor parte de los cuales son posibles de anticipar, como una función de vital importancia de la gestión estratégica del Estado para evitar la erosión en la capacidad de gobernar.
Por otra parte, los caminos para lograr una mayor profundización de la democracia no necesariamente se cruzan con los caminos de la transformación de la economía. Para que estos senderos de hecho se entrecrucen y se fortalezcan mutuamente habrá, pues, que poner una atención especial a los temas de la gobernabilidad, la cual está condicionada por la calidad del liderazgo político, por los niveles de concertación y de participación sociales, así como por la existencia de una cultura de tolerancia y de respeto a la diversidad.
Es esto, en definitiva, lo que permitirá que el gobierno y la sociedad puedan jerarquizar un conjunto de propuestas de transformación que configuren el mencionado proyecto político y puedan a la vez lograr una base de apoyo sostenido y estable para éste.
En definitiva, se impone rescatar la función política tradicional, en su dimensión de representación de intereses, a la par con la renovación y el fortalecimiento de la función profesional en el tratamiento especializado de los temas que requieren de solución deliberativa.
La gestión estratégica del Estado constituye el método por medio del cual se plasma en decisiones y acciones concretas un proyecto político dado.
Al Estado se le exige en la actualidad la competencia para visualizar escenarios futuros y los comportamientos previsibles de los agentes económicos, sociales y políticos indispensables para la transformación de la economía nacional. Se le exige, asimismo, la capacidad de coadyuvar a la formulación de un proyecto político respaldado mayoritariamente por la ciudadanía, junto con la renovación de sus estructuras a fin de lograr mayores grados de coordinación, seguimiento y control de decisiones para la materialización del proyecto político.
Un proyecto político plantea un espectro de políticas públicas. Se trata de jerarquizar, fijar las precedencias correspondientes y establecer su itinerario.
Hoy, por ejemplo, un primer ámbito de compatibilidad entre las políticas destinadas al logro de los equilibrios macro-económicos, las que promueven la expansión de la base productiva y las que tienen por finalidad alcanzar equilibrios macro-sociales.
Es en logro de estas compatibilidades donde una gestión estratégica consolida la capacidad de gobernar que tiene su capital de base en el apoyo electoral que ha merecido el proyecto político.
La búsqueda y el logro de consensos para concretar el proceso de reforma implica identificar con claridad las alianzas posibles, los principales actores para la negociación y los que estarán en abierto desacuerdo, todo lo que pone de relieve el rol atribuido también a la actividad parlamentaria y a las funciones legislativas.
En efecto, la evaluación del peso político y del grado de compromiso con la transformación de la economía y de la sociedad nacional, en general, y con determinada política pública, en particular, constituye una etapa clave dentro del proceso decisorio.
Una gestión estratégica tiene una sólida base de apoyo cuando el diagnóstico político sobre la viabilidad de los pactos necesarios para concretar una acción estatal identifica con acierto a los factores de poder que intervienen en la discusión, como también los principales actores dispuestos a la negociación y los que estarán proclives al disenso.
Ha sido, sin duda, un avance llamar la atención sobre la capacidad para prever conflictos, la mayor parte de los cuales son posibles de anticipar, como una función de vital importancia de la gestión estratégica del Estado para evitar la erosión en la capacidad de gobernar.
Por otra parte, los caminos para lograr una mayor profundización de la democracia no necesariamente se cruzan con los caminos de la transformación de la economía. Para que estos senderos de hecho se entrecrucen y se fortalezcan mutuamente habrá, pues, que poner una atención especial a los temas de la gobernabilidad, la cual está condicionada por la calidad del liderazgo político, por los niveles de concertación y de participación sociales, así como por la existencia de una cultura de tolerancia y de respeto a la diversidad.
Es esto, en definitiva, lo que permitirá que el gobierno y la sociedad puedan jerarquizar un conjunto de propuestas de transformación que configuren el mencionado proyecto político y puedan a la vez lograr una base de apoyo sostenido y estable para éste.
En definitiva, se impone rescatar la función política tradicional, en su dimensión de representación de intereses, a la par con la renovación y el fortalecimiento de la función profesional en el tratamiento especializado de los temas que requieren de solución deliberativa.
