Reducción de fuerza en el gobierno
Forzado por la precaria situación fiscal, el Gobierno ha anunciado reducción de fuerza que podría llegar hasta 50,000 personas. Se trata de gente que depende de su salario para satisfacer las necesidades básicas de su familia, y la reducción de fuerza se produce cuando el desempleo en el país es creciente. Sin embargo, no queda otra alternativa para la actual administración gubernamental.
Si eso es así, por lo menos, el despido de los empleados y funcionarios debe hacerse siguiendo un procedimiento que tome en cuenta la situación anteriormente mencionada y que contenga un alto ingrediente de equidad y justicia.
En la Comisión del Canal de Panamá le ofrecíamos a esos empleados que dejarían el trabajo involuntariamente servicios de sicólogos para ayudarlos a manejar el trauma que inevitablemente sobrevendría y consejería en materia laboral para ayudarlos a identificar las alternativas que tenían.
El procedimiento establecía que la posición debía ser abolida para justificar la reducción y que el afectado tendría el derecho de ocupar una posición que estuviese vacante dentro de la empresa para la cual estaba calificado y aun cuando ocupada, si esa persona tenía menos años de servicio, empujaba a esa la del puesto y esto a su vez a otra con menos años de servicio hasta que finalmente la que salía era aquella de menor años de servicio.
La persona que salía perjudicada se le colocaba en un lista para su reempleo cuando se presentase una vacante. Estaban excluidos los empleados que tenían menos de un año y que habían sido contratados a prueba. A éstos se les notificaba por escrito las razones para su separación y la fecha en que se haría efectiva.
Para reducir la posibilidad de injusticias por errores al aplicar el procedimiento, los empleados tenían disponibles una oficina de apelaciones que revisaba su caso.
El empleo en el gobierno debe estar basado solamente en el mérito del empleado o individuo y sobre sus calificaciones y condiciones físicas para realizar la posición de que se trate. El sistema debe ser aplicado uniformemente dentro de todos los departamentos de todas las entidades gubernamentales. Las promociones, reasignación de funciones y el traslado de funcionarios deben ser hechas únicamente sobre la base de sus méritos.
Todas las entidades gubernamentales deben ofrecerle oportunidades a sus empleados de participar en las actividades de entrenamiento que realice.
En la determinación del mérito y la capacidad física no debe existir discriminación alguna sobre la base de afiliaciones religiosas o políticas, estatus marital, incapacidad física, raza, color, sexo o preferencia sexual.
Ello sería un paso acertado en el esfuerzo por lograr "Cero corrupción", pues se acabaría con el clientelismo, el favoritismo y el amiguismo que tanto daño nos han hecho, por lo que debemos ponerle fin.
Si eso es así, por lo menos, el despido de los empleados y funcionarios debe hacerse siguiendo un procedimiento que tome en cuenta la situación anteriormente mencionada y que contenga un alto ingrediente de equidad y justicia.
En la Comisión del Canal de Panamá le ofrecíamos a esos empleados que dejarían el trabajo involuntariamente servicios de sicólogos para ayudarlos a manejar el trauma que inevitablemente sobrevendría y consejería en materia laboral para ayudarlos a identificar las alternativas que tenían.
El procedimiento establecía que la posición debía ser abolida para justificar la reducción y que el afectado tendría el derecho de ocupar una posición que estuviese vacante dentro de la empresa para la cual estaba calificado y aun cuando ocupada, si esa persona tenía menos años de servicio, empujaba a esa la del puesto y esto a su vez a otra con menos años de servicio hasta que finalmente la que salía era aquella de menor años de servicio.
La persona que salía perjudicada se le colocaba en un lista para su reempleo cuando se presentase una vacante. Estaban excluidos los empleados que tenían menos de un año y que habían sido contratados a prueba. A éstos se les notificaba por escrito las razones para su separación y la fecha en que se haría efectiva.
Para reducir la posibilidad de injusticias por errores al aplicar el procedimiento, los empleados tenían disponibles una oficina de apelaciones que revisaba su caso.
El empleo en el gobierno debe estar basado solamente en el mérito del empleado o individuo y sobre sus calificaciones y condiciones físicas para realizar la posición de que se trate. El sistema debe ser aplicado uniformemente dentro de todos los departamentos de todas las entidades gubernamentales. Las promociones, reasignación de funciones y el traslado de funcionarios deben ser hechas únicamente sobre la base de sus méritos.
Todas las entidades gubernamentales deben ofrecerle oportunidades a sus empleados de participar en las actividades de entrenamiento que realice.
En la determinación del mérito y la capacidad física no debe existir discriminación alguna sobre la base de afiliaciones religiosas o políticas, estatus marital, incapacidad física, raza, color, sexo o preferencia sexual.
Ello sería un paso acertado en el esfuerzo por lograr "Cero corrupción", pues se acabaría con el clientelismo, el favoritismo y el amiguismo que tanto daño nos han hecho, por lo que debemos ponerle fin.
