Referéndum boboré
AL TUFO inmoral que se desprende, cada día más, de todo lo que rodea al denominado "proyecto de ampliación", se le suma ahora los rayos de fraude que emanan a diario del Tribunal Electoral. El referéndum fijado para el 22 de octubre próximo es, a todas luces, inconstitucional, ilegal e ilegítimo.
Claro que recurrir ante la Corte Suprema de Justicia para que así lo sentencie es, hoy por hoy, una ilusión. Los gestores y promotores de la corrupción de la ampliación lo saben y, por ello, no están descuidando ningún aspecto para poder orquestar el fraude que se viene gestando desde la aprobación de las reformas constitucionales de 2004.
Por ello no es casual que los "vacacionistas" del Tribunal Electoral, hayan escogido la segunda semana del mes de agosto para reunir en Panamá a unos 60 miembros de organismos electorales de 24 países para la VIII Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, auspiciado nada más y nada menos que por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). El propósito es más que evidente: malgastar los dineros del pueblo -y sin control previo- en un evento que solo busca maquillar la imagen del organismo electoral local, que ha desplegado ya toda su parafernalia para lograr hacer realidad en el referéndum, el ¡Sí se puede! de Lalo y Martín.
La Carta Democrática Interamericana, adoptada en octubre de 2001 en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en sesión extraordinaria, en Lima, Perú, establece en su artículo 7 que: "La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los Derechos Humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas Constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de Derechos Humanos". Estas consideraciones no les importan en lo absoluto a los regentes del Tribunal Electoral y así lo corroboran las disposiciones de corte electorero que han tomado para el referéndum, el cual está vaciado del entorno democrático que le corresponde por el carácter de la consulta.
Maurice Duverger en su obra Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, nos define los procedimientos de la democracia semi-directa como una especie de colaboración de los ciudadanos y de sus representantes.
Más adelante añade que "Los ciudadanos pueden también intervenir acerca de una decisión tomada o preparada por sus representantes. El procedimiento más corriente es entonces el referéndum. Los representantes (parlamento o gobierno) preparan un texto, sobre el que son llamados a pronunciarse todos los ciudadanos por sufragaio universal. Si lo aceptan, el texto se convierte en ley; si lo rechazan, el texto no se aplica". Ernesto Rey Cantor por su parte, en su obra "Referéndum y plebiscito", nos dice que "El referendo en sentido amplio, es la participación de la ciudadanía en la aprobación de una Constitución Política, o su reforma, o de una ley, o de un acto administrativo, siendo su normatividad proyectada por el gobierno, o el parlamento, o una asamblea constituyente, o una revolución triunfante, a fin de organizarse políticamente por medio del sufragio. En sentido restringido, es la participación ciudadana en la aprobación o derogación de un texto normativo, a través del sufragio".
El manejar el referéndum como si tratase de una elección de cargos públicos tiene toda la intención de poder desnaturalizar la participación ciudadana, atomizar el poder constituyente de los ciudadanos y tener a mano los instrumentos antidemocráticos que les permitirá garantizar un resultado de acuerdo con los intereses y propósitos personalistas de los actuales gobernantes. De otra manera, ¿cómo se explica el establecimiento de cuarenta y un circuitos electorales, si es una consulta nacional?; ¿Para qué las más de cuatro mil doscientas mesas si solo se trata de depositar un Sí o un No?; ¿En base a qué la selección de los colores de las papeletas?; ¿Por qué las papeletas boboré o siamesas, si todos los instrumentos técnicos de la ONU sobre referéndum, establecen que, en este tipo de consultas, deben ser papeletas del Si y del No, separadas y sin necesidad de marcar casilla alguna?
Urge, entonces, que los ciudadanos nos activemos, por todos los medios cívicos a nuestro alcance, para desenmascarar el fraude que orquestan Martín y su círculo desde el Tribunal Electoral e impedir que logren sus propósitos de ampliación y reelección. Debemos exigir que se cumplan con los requisitos democráticos de toda consulta popular, que se separen las papeletas, que se excluya a los partidos políticos de las mesas de votación. Debemos desde ahora prepararnos para concurrir a las urnas y cuidar nuestra voluntad para que, los mismos que orquestaron otros fraudes no se salgan con las mismas.
Repitamos como pueblo la lección que les dimos, a pesar de todo, en 1992 y en 1998, con una marea roja de un gigantesco No, que les impida salirse con la suya.
Claro que recurrir ante la Corte Suprema de Justicia para que así lo sentencie es, hoy por hoy, una ilusión. Los gestores y promotores de la corrupción de la ampliación lo saben y, por ello, no están descuidando ningún aspecto para poder orquestar el fraude que se viene gestando desde la aprobación de las reformas constitucionales de 2004.
Por ello no es casual que los "vacacionistas" del Tribunal Electoral, hayan escogido la segunda semana del mes de agosto para reunir en Panamá a unos 60 miembros de organismos electorales de 24 países para la VIII Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, auspiciado nada más y nada menos que por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). El propósito es más que evidente: malgastar los dineros del pueblo -y sin control previo- en un evento que solo busca maquillar la imagen del organismo electoral local, que ha desplegado ya toda su parafernalia para lograr hacer realidad en el referéndum, el ¡Sí se puede! de Lalo y Martín.
La Carta Democrática Interamericana, adoptada en octubre de 2001 en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en sesión extraordinaria, en Lima, Perú, establece en su artículo 7 que: "La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los Derechos Humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas Constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de Derechos Humanos". Estas consideraciones no les importan en lo absoluto a los regentes del Tribunal Electoral y así lo corroboran las disposiciones de corte electorero que han tomado para el referéndum, el cual está vaciado del entorno democrático que le corresponde por el carácter de la consulta.
Maurice Duverger en su obra Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, nos define los procedimientos de la democracia semi-directa como una especie de colaboración de los ciudadanos y de sus representantes.
Más adelante añade que "Los ciudadanos pueden también intervenir acerca de una decisión tomada o preparada por sus representantes. El procedimiento más corriente es entonces el referéndum. Los representantes (parlamento o gobierno) preparan un texto, sobre el que son llamados a pronunciarse todos los ciudadanos por sufragaio universal. Si lo aceptan, el texto se convierte en ley; si lo rechazan, el texto no se aplica". Ernesto Rey Cantor por su parte, en su obra "Referéndum y plebiscito", nos dice que "El referendo en sentido amplio, es la participación de la ciudadanía en la aprobación de una Constitución Política, o su reforma, o de una ley, o de un acto administrativo, siendo su normatividad proyectada por el gobierno, o el parlamento, o una asamblea constituyente, o una revolución triunfante, a fin de organizarse políticamente por medio del sufragio. En sentido restringido, es la participación ciudadana en la aprobación o derogación de un texto normativo, a través del sufragio".
El manejar el referéndum como si tratase de una elección de cargos públicos tiene toda la intención de poder desnaturalizar la participación ciudadana, atomizar el poder constituyente de los ciudadanos y tener a mano los instrumentos antidemocráticos que les permitirá garantizar un resultado de acuerdo con los intereses y propósitos personalistas de los actuales gobernantes. De otra manera, ¿cómo se explica el establecimiento de cuarenta y un circuitos electorales, si es una consulta nacional?; ¿Para qué las más de cuatro mil doscientas mesas si solo se trata de depositar un Sí o un No?; ¿En base a qué la selección de los colores de las papeletas?; ¿Por qué las papeletas boboré o siamesas, si todos los instrumentos técnicos de la ONU sobre referéndum, establecen que, en este tipo de consultas, deben ser papeletas del Si y del No, separadas y sin necesidad de marcar casilla alguna?
Urge, entonces, que los ciudadanos nos activemos, por todos los medios cívicos a nuestro alcance, para desenmascarar el fraude que orquestan Martín y su círculo desde el Tribunal Electoral e impedir que logren sus propósitos de ampliación y reelección. Debemos exigir que se cumplan con los requisitos democráticos de toda consulta popular, que se separen las papeletas, que se excluya a los partidos políticos de las mesas de votación. Debemos desde ahora prepararnos para concurrir a las urnas y cuidar nuestra voluntad para que, los mismos que orquestaron otros fraudes no se salgan con las mismas.
Repitamos como pueblo la lección que les dimos, a pesar de todo, en 1992 y en 1998, con una marea roja de un gigantesco No, que les impida salirse con la suya.
