Reforma del Estado
El presidente electo Martín Torrijos Espino ha anunciado que realizará una reforma del Estado panameño. El tema siempre ha estado presente a través de los años en el análisis económico y político, quizás con mas fuerza ahora. Una lectura del debate actual sobre modernización y reforma económica en Panamá, revela con nitidez los cambios ocurridos en el tratamiento dado al asunto de la reforma del Estado.
Si bien es cierto que la crisis del Estado panameño ha estado desde siempre en el debate público, éste ha asumido distintos matices y grados diferenciados de importancia coyuntural.
La década del 80 puso en el centro de la atención el agotamiento de un determinado modelo de desarrollo seguido en muchos países de la región, el modelo de sustitución de importaciones.
En la Constitución de 1972 se introdujo la reforma para construir un Estado productor, intervensionista y empresario; la reforma que se discute en la actualidad, contiene otros significados y revela distintas direcciones.
Gran parte de las propuestas actuales pueden caracterizarse por abogar por un Estado mínimo (en lo social) y subsidiario (en lo económico). De hecho, el mayor protagonismo otorgado al mercado y a la iniciativa privada han llevado a la desaparición o disminución de responsabilidades en muchas esferas de la vida económica y social tradicionalmente asignadas al Estado, al tiempo que revelan nuevas obligaciones. Por un lado, se exige al Estado encauzar la una fuerza del mercado y garantizar la competitividad de las empresas en aras de una mejor inserción económica internacional. Por el otro, se le demanda que vele por la consolidación democrática y que garantice la incorporación de todos los estratos al desarrollo, reduzca los niveles de pobreza absoluta y disminuya las distancias socioeconómicas entre estratos en pos de la equidad y la justicia social.
En resumen, los vaivenes ideológicos de los últimos tiempos han proyectado una gran dosis de ambigüedad en las propuestas para la reforma del Estado.
Si las demandas sociales y las transformaciones del escenario económico y político mundial llevaron en un primer momento, al poner el Estado en la capilla acorralándolo bajo presiones que alternaban fuerzas centrípetas y centrífugas, muchos defienden ahora iniciativas que a la larga tienden a relegarlo a una posición marginal en el proceso de desarrollo, sustituyéndolo por el mercado.
En definitiva para que se pueda apreciar el rol atribuido al Estado en el proceso de ajuste y de transformación de la economía, y advertir los desafíos que quedan por delante para las distintas dimensiones estatales -de gobierno, de representación de intereses, de legislativas y de administración de justicia-, corresponde pasar revista a los temas que han dominado el debate político hoy, algo que no estamos en capacidad de hacer por limitaciones de espacio.
Lo que debía seguir, luego de una introducción respecto de las características generales de las iniciativas para la reforma del Estado, es un breve recuento de los tópicos que han dominado la agenda del debate político, en particular, las relaciones entre mercado, Estado y democracia, la crisis de la actividad política y de representación, y los aspectos institucionales de las propuestas en discusión.
Pese a las insuficiencias de iniciativas de encauzar la acción del Estado casi exclusivamente en función de las necesidades del ajuste, se ha fortalecido el consenso en que la complementariedad entre crecimiento y equidad ocurre mediante el logro de equilibrios macroeconómicos, la inversión en recursos humanos, la modernización tecnológica y la generación de empleo productivo.
Habiéndose superado las etapas más ideologizadas del debate, tal consenso apunta a reconocer el papel indispensable e irrenunciable del Estado en el establecimiento de los objetivos macro sociales del proceso de crecimiento y orientar, y regular las fuerzas de mercado a fin de ajustar el comportamiento de los agentes económicos a esos objetivos.
Ese mismo entendimiento no puede ignorar la vigencia histórica del mercado en una sociedad caracterizada por la escasez, razón por la cual la acción del Estado no puede desconocer o contrariar las pautas del conducta que son propias del mercado, so pena de caer en los mismos errores voluntaristas de la planificación gubernamental en el pasado.
Si bien es cierto que la crisis del Estado panameño ha estado desde siempre en el debate público, éste ha asumido distintos matices y grados diferenciados de importancia coyuntural.
La década del 80 puso en el centro de la atención el agotamiento de un determinado modelo de desarrollo seguido en muchos países de la región, el modelo de sustitución de importaciones.
En la Constitución de 1972 se introdujo la reforma para construir un Estado productor, intervensionista y empresario; la reforma que se discute en la actualidad, contiene otros significados y revela distintas direcciones.
Gran parte de las propuestas actuales pueden caracterizarse por abogar por un Estado mínimo (en lo social) y subsidiario (en lo económico). De hecho, el mayor protagonismo otorgado al mercado y a la iniciativa privada han llevado a la desaparición o disminución de responsabilidades en muchas esferas de la vida económica y social tradicionalmente asignadas al Estado, al tiempo que revelan nuevas obligaciones. Por un lado, se exige al Estado encauzar la una fuerza del mercado y garantizar la competitividad de las empresas en aras de una mejor inserción económica internacional. Por el otro, se le demanda que vele por la consolidación democrática y que garantice la incorporación de todos los estratos al desarrollo, reduzca los niveles de pobreza absoluta y disminuya las distancias socioeconómicas entre estratos en pos de la equidad y la justicia social.
En resumen, los vaivenes ideológicos de los últimos tiempos han proyectado una gran dosis de ambigüedad en las propuestas para la reforma del Estado.
Si las demandas sociales y las transformaciones del escenario económico y político mundial llevaron en un primer momento, al poner el Estado en la capilla acorralándolo bajo presiones que alternaban fuerzas centrípetas y centrífugas, muchos defienden ahora iniciativas que a la larga tienden a relegarlo a una posición marginal en el proceso de desarrollo, sustituyéndolo por el mercado.
En definitiva para que se pueda apreciar el rol atribuido al Estado en el proceso de ajuste y de transformación de la economía, y advertir los desafíos que quedan por delante para las distintas dimensiones estatales -de gobierno, de representación de intereses, de legislativas y de administración de justicia-, corresponde pasar revista a los temas que han dominado el debate político hoy, algo que no estamos en capacidad de hacer por limitaciones de espacio.
Lo que debía seguir, luego de una introducción respecto de las características generales de las iniciativas para la reforma del Estado, es un breve recuento de los tópicos que han dominado la agenda del debate político, en particular, las relaciones entre mercado, Estado y democracia, la crisis de la actividad política y de representación, y los aspectos institucionales de las propuestas en discusión.
Pese a las insuficiencias de iniciativas de encauzar la acción del Estado casi exclusivamente en función de las necesidades del ajuste, se ha fortalecido el consenso en que la complementariedad entre crecimiento y equidad ocurre mediante el logro de equilibrios macroeconómicos, la inversión en recursos humanos, la modernización tecnológica y la generación de empleo productivo.
Habiéndose superado las etapas más ideologizadas del debate, tal consenso apunta a reconocer el papel indispensable e irrenunciable del Estado en el establecimiento de los objetivos macro sociales del proceso de crecimiento y orientar, y regular las fuerzas de mercado a fin de ajustar el comportamiento de los agentes económicos a esos objetivos.
Ese mismo entendimiento no puede ignorar la vigencia histórica del mercado en una sociedad caracterizada por la escasez, razón por la cual la acción del Estado no puede desconocer o contrariar las pautas del conducta que son propias del mercado, so pena de caer en los mismos errores voluntaristas de la planificación gubernamental en el pasado.
