Reforma económica o Reforma de Salud (I)
Desde mediados de la década del ´90, la salud en Panamá ha dejado de ser un bien colectivo para transformarse en un bien individual y, paulatinamente, el Estado ha disminuido su función social en este campo.
En efecto, el gasto público en salud en el período 1990-1999 osciló entre el 1.6 al 1.9% del PIB; sin embargo, a partir del 2000 hasta el 2005, el mismo se ha incrementado del 2.9 al 4.1% del PIB, a expensas de la Caja de Seguro Social (CSS). Por otro lado, ello ha significado un incremento sustantivo del gasto de bolsillo de los ciudadanos panameños en virtud que el financiamiento del Estado se ha reducido y la CSS no recibe los ingresos necesarios para la prestación de servicios de salud.
A su vez, el Programa de Enfermedad y Maternidad subsidia al Programa de Riesgos Profesionales en una cuantía cercana a los 150 millones de balboas cada año; lo cual agrava la crisis del primero. Con el Reglamento de SSO en la Construcción, el Estado vuelve, ilegalmente, a sobrecargar a la CSS con funciones de Vigilancia de la Salud que el propio Convenio 167 de la OIT responsabiliza a los empleadores.
En otras palabras, el Estado descarga su responsabilidad sanitaria sobre la CSS y ésta, a su vez, subsidia a los empleadores en materia de cotización por Riesgos Profesionales, creando un círculo vicioso donde sólo los trabajadores aportan a la salud del país. Esta es una primera conclusión.
La transformación del sistema público de salud propuesta en un anteproyecto presentado al Ejecutivo al dejar intacto el esquema privatizador estructurado desde 1998 (CONSALUD, Modelo de Gestión del HISMA, PAISS), evidencia con claridad las tendencias y las presiones para reformar el sector salud desde el modelo de mercado. Según Del Prete, "el dilema para el Estado es el imperativo social de mantener la solidaridad contributiva más el concepto de bien tutelar o meritorio de la salud o el imperativo fiscal de controlar los costos crecientes en salud". En este escenario se advierten, según Del Prete, "una tendencia a incorporar instrumentos de reforma que combinen incentivos de mercado con finas regulaciones estatales; lo que se ha denominado Cuasi-mercado, que es una forma híbrida de asociación Estado-mercado". Esta es una segunda conclusión.
En la actualidad, el Estado panameño debiera aportar al financiamiento de la salud unos 720 millones de balboas para la provisión de servicios de salud (que comprende el pago a la CSS por los asegurados dependientes) y 200 millones de balboas para atender los problemas de salud pública; lo cual asciende a 920 millones de balboas y, sin embargo, sólo aporta cerca de 300 millones de balboas.
Es evidente que desde la fase de coordinación hasta la de integración la CSS deberá asumir la pesada responsabilidad de la atención en salud de los panameños, cuando sus propios ingresos no alcanzan para atender a la población asegurada actualmente. Esa es una tercera conclusión.
