Reforma Económica o Reforma de Salud (II)
La muerte prematura, la discapacidad y la enfermedad no aparecen como aspectos prioritarios de la transformación del sistema público de salud, mucho menos los crecientes problemas de salud pública asociados a estos; sin embargo, la mortalidad general de 4.1 a 4.4 va en ascenso, la mortalidad neonatal, postnatal (con un incremento importante en el 2006), perinatal y maternal presentan profundas asimetrías entre las provincias del país; la discapacidad se sitúa en 300,000 (sin considerar los discapacitados que se producen en la edad adulta y por razones de trabajo); más de 150 trabajadores fallecen por accidentes de trabajo, ocurren más de 100,000 accidentes de trabajo y cerca de 3,000 caso nuevos de enfermedades profesionales (según la OIT/OMS). Esta es una cuarta conclusión sobre el rechazo al anteproyecto de ley.
Henderson ("En La salud pública más allá del año 2000". OPS.) señala que "tradicionalmente, la mayoría de los programas de salud se han configurado y administrado como dos actividades independientes: Una, relacionada con la medicina curativa y, la otra, con las actividades de salud pública. Basándose en el razonamiento lógico de que, al fin y al cabo, el objetivo de ambas actividades es la salud y el bienestar de la sociedad en su totalidad, los funcionarios de salud han realizado esfuerzos periódicos por fusionar las dos actividades y, en la mayoría de los casos, le han asignado las responsabilidades de salud pública a los médicos que están a cargo de los programas de atención curativa". Prosigue afirmando que, entonces, "no es sorprendente que los resultados hayan sido decepcionantes".
Los fracasos para crear un sistema de salud unitario, capaz de reunir armónicamente a los programas curativos y de salud pública en forma efectiva, se deben, según este autor, a la falta de comprensión sobre la naturaleza diferente de ambas actividades. La separación entre salud pública y provisión de servicios de salud es la quinta objeción al anteproyecto de ley.
¿Por qué el gobierno no quiere asumir sus responsabilidades constitucionales de garantizar la salud a la población panameña? La respuesta es clara. La inversión en salud puede comprometer sus futuros acuerdos con las IFI, recorta las posibilidades de hacer negocios por cuenta propia (corrupción) y castiga al poder económico.
En efecto, ello supondría un gasto por lo no asegurados cercano a los 500 millones de balboas, 500 millones de balboas por dependientes asegurados, 200 millones en salud pública y 400 millones de balboas por los asegurados activos; es decir, 1600 millones de balboas a partir del 2009, cercano al 7.6% del PIB como gasto público, que es la cifra deseada para un país de ingreso medio altos como Panamá (que alcanzó la cifra de 20,000,000 millones de balboas como PIB.
En una segunda fase se calcularía el costo per cápita de la preservación de la salud (Colectiva e individual), curación (tratamientos de todo tipo incluyendo las enfermedades crónicas y las llamadas catastróficas), rehabilitación y reinserción laboral, por grupos de edades y niveles de atención y complejidad. Si el gobierno hace esto último, estamos caminando hacia el bienestar, pero si insiste en el sistema unificado, marcharemos hacia la debacle, la discriminación en función de la aportación en dinero y hacia la privatización del sistema de salud.
