Reforma Tributaria: más dinero para los políticos

Cronista político

Como don Quijote, cuando arremetió contra los molinos de viento que confundía con gigantes, me dispongo acometer, sin más armas que el sentido común, contra el monstruo engendrado por la actual clase política nacional llamado: "La Reforma Tributaria". Llama la atención la poca vehemencia que ha denotado el PRD y otros partidos políticos en señalar su posición, en forma diáfana, respecto a este delicado tema.
Coincido con muchos de que una de las asignaturas pendientes de la democracia panameña es la de edificar la Reforma Tributaria que corresponde a un verdadero Estado de Derecho. Una reforma tributaria que sirva eficazmente a la equitativa distribución de las cargas públicas entre los ciudadanos y a la lucha contra el fraude. Una reforma tributaria que destierre para siempre la confusión de los intereses públicos con los intereses particulares y que cesen los grupos de élite excluidos de la obligación de tributar.
Se ha dicho que una de las razones fundamentales de la Reforma Tributaria, que adelanta el presente gobierno a instancia de las IFIs, es la distribución justa de la carga impositiva y se argumenta que lo que se pretende es lograr exonerar del pago del impuesto sobre la renta a aquellos que devengan bajos salarios, a los que reciben menos de ochocientos dólares mensuales de sueldo.
Dice así textualmente el punto tercero de los objetivos del anteproyecto de Reforma Tributaria: "En tercer lugar, el sistema tributario ha de contribuir a reducir los niveles de pobreza tal como se propone hacer la política social del Gobierno y en tal dirección se encaminan varias de las medidas propuestas a cuyos efectos, como es fácil apreciar, afectan positivamente al patrón distributivo de la carga tributaria entre los ciudadanos y, especialmente, la propuesta de dejar exentos del impuesto a los trabajadores con menores ingresos."
Estimo que el Estado panameño, tiene un desenfoque en este fundamental problema, pues más que estar repasando excluir a los pobres de la responsabilidad tributaria, debería estar empeñado en elevar el estándar económico de los pobres, de tal forma que los que hoy no tienen recursos para pagar, puedan hacerlo en el futuro y así contribuyan con el crecimiento y desarrollo del país. Debemos pensar en aumentar los activos de los pobres y no excluirlos o convertirlos en menesterosos por el resto de sus días. En vez de restar debemos sumar. Debemos incorporar a los pobres al sistema social y hacerlos colaboradores. Entre mejor sea la distribución de la riqueza, menos impuesto tendremos individualmente los ciudadanos de este país que pagar, ya que la carga impositiva será distribuida entre todos y no recaerá sólo sobre una clase social.
La pobreza que vive gran parte de la población panameña no es sólo por falta de ingresos; ella también es la denegación de opciones y oportunidades (salud, vivienda y educación, entre otras) para vivir una vida tolerable, de allí que excluir a los pobres del pago de impuesto no constituye ninguna solución. La mayor riqueza que tiene todo país son sus habitantes por lo que no nos podemos dar el "lujo" de crear ciudadanos paridas que constituirán un freno permanente al desarrollo del país.
Por otro lado, otro asunto primordial que los promotores de la esta reforma están soslayando y que debe aclararse antes de proseguir con todo intento de una reforma tributaria, es la Reforma Administrativa. Antes de estar pensando en incrementar los impuestos a la ciudadanía debemos poner la casa en orden, debemos comprobar y justificar cada uno de los gastos fiscales actuales, ya que sólo en esa medida podremos determinar, a ciencia cierta, si el Estado requiere o no mayores ingresos. Puede acontecer, como estamos seguros ocurre, que los ingresos recibidos son excesivos con relación a los beneficios obtenidos. Tenemos que conocer a cabalidad cuál es el planteamiento funcional del gasto público, en qué se gastará cada uno de los distintos ingresos que el Estado recibe y para ello los detalles del Presupuesto Nacional deben cesar de ser un secreto de Estado. Todos los panameños debemos conocer la forma como se gastan los dineros que pagamos en concepto de impuestos.
Desafortunadamente la actual clase política carece de la credibilidad necesaria para impulsar una reforma tributaria, pues se ha distinguido por la mala administración de los fondos públicos. Gracias a ella, el Estado panameño confronta las limitaciones económicas reinantes y han sido incapaces de actuar y prestar soluciones en función del país. Los escándalos por mala administración de los fondos públicos son comidilla diaria en los medios de comunicación y en estos actos de corrupción se han visto involucrados los miembros más conspicuos de esta administración. Es ilógico que quien es un mal administrador -la misma clase política lo ha aceptado al justificar las privatizaciones- pensemos darle más dinero, pues obviamente será dilapidado.
Habida cuenta de ello, no son pocos los que perplejos han exclamado: ¡Más dinero para los políticos! Ese es el concepto que impera en la ciudadanía. Gran parte de la ciudadanía opina que los dineros que recibe el Estado sólo sirven para la satisfacción de los intereses de los que detentan el gobierno y que el pueblo no ve retribuido en obras los impuestos pagados.
Somos de la opinión que el Estado, contrario al pensamiento neoliberal, debe ser poderoso ya que sólo así puede mediar en las relaciones entre los asociados -evitar los excesos de bando y bando- y que ese poder debe ir acompañado de los recursos económicos necesarios para manejarse. Pero esos dineros deben ser invertidos en el avance de los intereses de los pobres, que son los más en Panamá, y no exclusivamente en incrementar la riqueza de los que tienen más, como se ha venido haciendo. No podemos pensar en seguir manteniendo un sistema que es una vergüenza y que denota el fracaso de la clase política nacional que no ha sabido manejar el Estado.
Bajo ningún punto de vista debemos pensar en darle más dinero a los políticos para que lo derrochen. Ya han obtenido el financiamiento de sus agrupaciones -los partidos políticos- y ahora desean engrosar más las arcas del Estado para continuar con el dispendio. La ciudadanía tiene la última palabra.