Reformas, debate y posposición
Aun cuando sólo ha sido por un espacio eventual de tiempo, la posposición del debate sobre las reformas al Código Penal abre espacio para analizar una posición recurrente en el gobierno.
Tal cual ocurrió con las reformas a la Ley de la Caja de Seguro Social, el Gobierno parece reincidir en su desconocimiento al debate amplio y abierto de aquellos temas que por su importancia trascienden a los partidos y al propio gobierno, y que son de importancia vital para la sociedad. Hay quienes los han llamado temas de Estado, y que, en la primera mitad de los años 90 concitó interesantes encuentros entre las distintas corrientes en nuestro medio. Pero, en una especie de herencia negra, las autoridades se empeñan en el modelo vertical de dirección como si estuviéramos en los tiempos de la dictadura. Es un comportamiento que choca con las anunciadas intenciones de respeto y promoción de la democracia, y que atenta contra la posibilidad de la más amplia participación de distintos sectores de la sociedad en temas tan trascendentes como, por ejemplo, la actual discusión sobre el Plan Nacional de Desarrollo.
A dos años de gestión, pareciera que el establecimiento gubernamental no logra entender que las experiencias vividas por los panameños en el último cuarto del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI han puesto sobre la mesa la urgencia de una democracia participativa, que debe traducirse en la discusión previa, abierta, masiva, a conciencia y en busca de consenso de los tema cruciales para el país. Es una ruta que signará por años el comportamiento de la Nación si hay interés serio en que se borren las heridas del pasado y se mire con confianza el devenir.
El tema de la libertad de expresión, por ejemplo, trasciende al propio gobierno. Es un asunto en el que le toca a la sociedad definir posiciones para desembocar luego en reglamentaciones o no reglamentaciones. Pero nadie debe aspirar a sustituir en discusiones como ésa a los verdaderos actores, y mucho menos a imponer verdades que son abiertamente discutibles.
Tal cual ocurrió con las reformas a la Ley de la Caja de Seguro Social, el Gobierno parece reincidir en su desconocimiento al debate amplio y abierto de aquellos temas que por su importancia trascienden a los partidos y al propio gobierno, y que son de importancia vital para la sociedad. Hay quienes los han llamado temas de Estado, y que, en la primera mitad de los años 90 concitó interesantes encuentros entre las distintas corrientes en nuestro medio. Pero, en una especie de herencia negra, las autoridades se empeñan en el modelo vertical de dirección como si estuviéramos en los tiempos de la dictadura. Es un comportamiento que choca con las anunciadas intenciones de respeto y promoción de la democracia, y que atenta contra la posibilidad de la más amplia participación de distintos sectores de la sociedad en temas tan trascendentes como, por ejemplo, la actual discusión sobre el Plan Nacional de Desarrollo.
A dos años de gestión, pareciera que el establecimiento gubernamental no logra entender que las experiencias vividas por los panameños en el último cuarto del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI han puesto sobre la mesa la urgencia de una democracia participativa, que debe traducirse en la discusión previa, abierta, masiva, a conciencia y en busca de consenso de los tema cruciales para el país. Es una ruta que signará por años el comportamiento de la Nación si hay interés serio en que se borren las heridas del pasado y se mire con confianza el devenir.
El tema de la libertad de expresión, por ejemplo, trasciende al propio gobierno. Es un asunto en el que le toca a la sociedad definir posiciones para desembocar luego en reglamentaciones o no reglamentaciones. Pero nadie debe aspirar a sustituir en discusiones como ésa a los verdaderos actores, y mucho menos a imponer verdades que son abiertamente discutibles.
