Reformas a la Corte Suprema de Justicia
Los problemas que a diario se presentan en la administración de justicia han servido para que el país tome conciencia de la importancia de una recta y eficiente justicia, pues la cuestión no es de interés exclusivo de unos cuantos y menos de los políticos.
El país tiene hambre de justicia, pues desde todos los sectores de la comunidad se pone de manifiesto una enorme desconfianza de los individuos hacia nuestro sistema judicial, situación que impone la necesidad de discutir la cuestión y proponer soluciones rápidas, efectivas y realistas al problema existente.
Recientemente el Organo Ejecutivo, por medio del Consejo de Gabinete, acordó proponer al Organo Legislativo la creación de una nueva Sala en la Corte Suprema de Justicia, de forma que la misma se ocupe de los casos de amparo constitucional, habeas corpus y asuntos laborales.
No me cabe duda que es un acierto plantear la necesidad de una Sala de Garantías Individuales pues los procesos de amparo y habeas corpus han quedado absorbidos por la labor del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, lo que implica que la justicia protectora de los derechos individuales de los individuos es lenta y mezclada con la justicia civil, penal y contencioso-administrativa/laboral, que tiene otras características y connotaciones.
Con una Sala especializada en la Corte es de esperar que tres magistrados se ocupen de defender la corrección y formalidades fundamentales de los procesos por la vía del amparo y de la integridad de la libertad individual por medio del habeas corpus, con lo que podremos tener decisiones en la materia en tiempo breve y de esta forma el amparo y el habeas corpus no deberán tardar meses en ser resueltos.
Es lamentable, sin embargo, que el proyecto aprobado en el Gabinete pretenda la creación de la Sala de Garantías Individuales y Casación Laboral, ya que la materia laboral es totalmente ajena a la problemática de los amparos y habeas corpus. La materia laboral debe estar aparte en una Sala especializada o dejarla como está en la actualidad, en espera del momento oportuno para ello cuando un volumen de casos aconseje la creación de la misma.
Por otra parte, algunos abogados objetan la creación de la una nueva Sala que atienda cuestiones constitucionales aduciendo la necesidad de crear un Tribunal Constitucional lo que no me parece viable en estos momentos, ya que para ello habría que reformar la Constitución y no parece ser el momento para ello en vista de la inminencia de las elecciones de mayo próximo. En todo caso, me parece necesario un cambio radical de la Constitución y, por el momento, parece que no están dados las condiciones para ello.
Las consideraciones anteriores ponen de manifiesto que el sistema judicial patrio requiere de una reforma, de modo que el mismo sea actualizado y nos encamine al nuevo siglo con estructuras jurídicas aptas para enfrentar la sed de justicia de todo un pueblo que nunca ha tenido un sistema judicial como el que nos merecemos, pues los políticos no han entendido la importancia del mismo más allá de las naturales influencias que cada uno de ellos quiere mantener o ejercer sobre quienes ejercen la misión de administrar justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
El país tiene hambre de justicia, pues desde todos los sectores de la comunidad se pone de manifiesto una enorme desconfianza de los individuos hacia nuestro sistema judicial, situación que impone la necesidad de discutir la cuestión y proponer soluciones rápidas, efectivas y realistas al problema existente.
Recientemente el Organo Ejecutivo, por medio del Consejo de Gabinete, acordó proponer al Organo Legislativo la creación de una nueva Sala en la Corte Suprema de Justicia, de forma que la misma se ocupe de los casos de amparo constitucional, habeas corpus y asuntos laborales.
No me cabe duda que es un acierto plantear la necesidad de una Sala de Garantías Individuales pues los procesos de amparo y habeas corpus han quedado absorbidos por la labor del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, lo que implica que la justicia protectora de los derechos individuales de los individuos es lenta y mezclada con la justicia civil, penal y contencioso-administrativa/laboral, que tiene otras características y connotaciones.
Con una Sala especializada en la Corte es de esperar que tres magistrados se ocupen de defender la corrección y formalidades fundamentales de los procesos por la vía del amparo y de la integridad de la libertad individual por medio del habeas corpus, con lo que podremos tener decisiones en la materia en tiempo breve y de esta forma el amparo y el habeas corpus no deberán tardar meses en ser resueltos.
Es lamentable, sin embargo, que el proyecto aprobado en el Gabinete pretenda la creación de la Sala de Garantías Individuales y Casación Laboral, ya que la materia laboral es totalmente ajena a la problemática de los amparos y habeas corpus. La materia laboral debe estar aparte en una Sala especializada o dejarla como está en la actualidad, en espera del momento oportuno para ello cuando un volumen de casos aconseje la creación de la misma.
Por otra parte, algunos abogados objetan la creación de la una nueva Sala que atienda cuestiones constitucionales aduciendo la necesidad de crear un Tribunal Constitucional lo que no me parece viable en estos momentos, ya que para ello habría que reformar la Constitución y no parece ser el momento para ello en vista de la inminencia de las elecciones de mayo próximo. En todo caso, me parece necesario un cambio radical de la Constitución y, por el momento, parece que no están dados las condiciones para ello.
Las consideraciones anteriores ponen de manifiesto que el sistema judicial patrio requiere de una reforma, de modo que el mismo sea actualizado y nos encamine al nuevo siglo con estructuras jurídicas aptas para enfrentar la sed de justicia de todo un pueblo que nunca ha tenido un sistema judicial como el que nos merecemos, pues los políticos no han entendido la importancia del mismo más allá de las naturales influencias que cada uno de ellos quiere mantener o ejercer sobre quienes ejercen la misión de administrar justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
