Reformas a la ley de la abogacía
El proyecto de ley que “Regula la Profesión de Abogado”, entró a primer debate en la Asamblea Nacional, enfrentando recia oposición de estudiantes y abogados. La confusa redacción con la que el CNA se asegura el control privativo del ejercicio de la abogacía, la acreditación académica como nuevo requisito para alcanzar la idoneidad profesional, y la posibilidad de que letrados extranjeros ejerzan en nuestro país, son sólo algunos de los puntos conflictivos con los que esa ambiciosa iniciativa se asegura el naufragio en las tempestuosas aguas del Legislativo.
Se discute si las universidades privadas en Panamá lanzan al mercado laboral un profesional del derecho con una adecuada formación académica, pero por respeto a la “libertad empresarial” no se nos ocurriría demandar con energía la clausura del negocio de la enseñanza superior.
Muchos de los remedios propuestos en el proyecto persiguen un propósito reparador, a través del fortalecimiento de la relación privada “cliente-abogado”, colocando el engrandecimiento de la profesión de la abogacía en posición accesoria, y lo que es peor, se excluye de la temática por regular los intereses del abogado que labora al servicio del Estado. Preocupa este vacío, por llamarle de alguna forma a esa deliberada omisión, pues a pesar de que en democracia la importancia de los abogados del sector público está fuera de discusión, carecemos de una adecuada protección jurídica en los temas laboral y económico, área en el que el proyecto comentado es pródigo con los intereses del abogado del sector privado.
Participamos del interés por su sobrada justeza, en que exista una tarifa de honorarios profesionales aplicable a la práctica privada, pero deploramos que la equiparación salarial de los abogados oficiales, no le inspire una sola línea dentro del proyecto. Pasa lo mismo con el tema de la estabilidad laboral, pues, a diferencia de los médicos y educadores, la continuidad en los puestos públicos dependen de los vaivenes de la política electoral. Tengo que admitir que forcé la oportunidad de expresar estas opiniones ante los directivos del CNA; sin embargo, opino que las reivindicaciones de los abogados públicos no se abordaron para evitar fricciones con los gobernantes y la escasa capacidad de convocatoria a la lucha de la dirigencia abogadil.
