Reformas a la PTJ
La Policía Secreta de los tiempos de Remón y otros, fue un organismo represivo usado y abusado por todos los gobiernos para perseguir y espiar a los comunistas y opositores.
El que algún tiempo después fuera reemplazado por el rimbombante Departamento Nacional de Investigaciones, no varió en nada su naturaleza. En esencia, continuó siendo un centro de torturas y encarcelamiento preliminar por excelencia.
Su vieja estructura de Avenida "B" fue testigo de violaciones sin nombre de los derechos humanos, y muchos valiosos ciudadanos durmieron y sufrieron en sus masmorras, aguijoneados por directores cuyo solo nombre, apodo o imagen infundía espanto y unas ganas irresistibles de confesar hasta lo no cometido.
Golpes, picanas eléctricas, extracción de uñas en vivo, celdas estrechas y malolientas, compañías aterradoras, gritos de media noche y todo tipo de atrocidades constituía parte de un ambiente perfecto para infundir terror, no para investigar crímenes.
La dictadura militar le dio pleno uso a ese papel y por eso no es de extrañar que, tras la restitución de la Democracia haya sido de las primeras entidades represoras en ser desmanteladas. A imagen y semejanza de su similar costarricense OIJ (Organismo de Investigación Judicial), la entidad fue puesta en 1991 bajo control de la Corte Suprema de Justicia, cuyo director era nombrado por el Pleno.
La fórmula eliminó el carácter represivo de la antigua Policía Secreta y DENI, bajo el nuevo nombre de Policía Técnica Judicial (PTJ), dejando de ser organismo de investigación de la Policía para transformarse en un auxiliar del Organo Judicial, tanto de los tribunales como del Ministerio Público.
En la práctica, la PTJ fue colaborador primario en la investigación de delitos para el Ministerio Público, institución encargada de perseguir crímenes y armar sumarios para los tribunales penales. No obstante, el hecho de que su director fuera nombrado por la Corte Suprema de Justicia, fue motivo de diferencias entre ambos.
La PTJ terminó como hasta ahora, bajo la égida del Ministerio Público. Pero ahora, con el proyeto que está por aprobarse en la Asamblea Legislativa, se quiere echar marcha atrás, pero bastante más atrás, hasta el punto que algunos temen una vuelta a las antiguas DENI y Policía Secreta.
Los temores pueden ser exagerados. El que corresponda a la Corte nombrar otra vez a su director, no convertirá a la PTJ automáticamente en un organismo represor al servicio del Ejecutivo. Pero el dotarla de demasiada autonomía, como pretende el proyecto, es peligroso.
La PTJ debe continuar bajo el estrecho control separado o compartido del Organo Judicial y del Ministerio Público. Y su director no requiere más estabilidad que la que emane de su seriedad, efectividad y buen desempeño. Nada de autonomías exageradas, ni de artículos de poder represivo independiente, ni de control directo ni indirecto del Ejecutivo.
El que algún tiempo después fuera reemplazado por el rimbombante Departamento Nacional de Investigaciones, no varió en nada su naturaleza. En esencia, continuó siendo un centro de torturas y encarcelamiento preliminar por excelencia.
Su vieja estructura de Avenida "B" fue testigo de violaciones sin nombre de los derechos humanos, y muchos valiosos ciudadanos durmieron y sufrieron en sus masmorras, aguijoneados por directores cuyo solo nombre, apodo o imagen infundía espanto y unas ganas irresistibles de confesar hasta lo no cometido.
Golpes, picanas eléctricas, extracción de uñas en vivo, celdas estrechas y malolientas, compañías aterradoras, gritos de media noche y todo tipo de atrocidades constituía parte de un ambiente perfecto para infundir terror, no para investigar crímenes.
La dictadura militar le dio pleno uso a ese papel y por eso no es de extrañar que, tras la restitución de la Democracia haya sido de las primeras entidades represoras en ser desmanteladas. A imagen y semejanza de su similar costarricense OIJ (Organismo de Investigación Judicial), la entidad fue puesta en 1991 bajo control de la Corte Suprema de Justicia, cuyo director era nombrado por el Pleno.
La fórmula eliminó el carácter represivo de la antigua Policía Secreta y DENI, bajo el nuevo nombre de Policía Técnica Judicial (PTJ), dejando de ser organismo de investigación de la Policía para transformarse en un auxiliar del Organo Judicial, tanto de los tribunales como del Ministerio Público.
En la práctica, la PTJ fue colaborador primario en la investigación de delitos para el Ministerio Público, institución encargada de perseguir crímenes y armar sumarios para los tribunales penales. No obstante, el hecho de que su director fuera nombrado por la Corte Suprema de Justicia, fue motivo de diferencias entre ambos.
La PTJ terminó como hasta ahora, bajo la égida del Ministerio Público. Pero ahora, con el proyeto que está por aprobarse en la Asamblea Legislativa, se quiere echar marcha atrás, pero bastante más atrás, hasta el punto que algunos temen una vuelta a las antiguas DENI y Policía Secreta.
Los temores pueden ser exagerados. El que corresponda a la Corte nombrar otra vez a su director, no convertirá a la PTJ automáticamente en un organismo represor al servicio del Ejecutivo. Pero el dotarla de demasiada autonomía, como pretende el proyecto, es peligroso.
La PTJ debe continuar bajo el estrecho control separado o compartido del Organo Judicial y del Ministerio Público. Y su director no requiere más estabilidad que la que emane de su seriedad, efectividad y buen desempeño. Nada de autonomías exageradas, ni de artículos de poder represivo independiente, ni de control directo ni indirecto del Ejecutivo.
