Reformas laborales

Las recientes declaraciones del ministro de Economía y Finanzas en las que anunciaba la decisión del actual gobierno de introducir nuevas reformas al Código de Trabajo, hecho que mereció la inmediata y entusiasta aprobación del CONEP y la APEDE, constituyen una pieza clave para comprender el proceso de implantación y profundización del modelo concentrante y excluyente que caracteriza nuestra economía. Este modelo, cuyo objetivo último es elevar los beneficios del capital y su acumulación, muestra su real contenido si se tiene en cuenta que mientras que en el año 2000 la participación de las remuneraciones de los asalariados en el PIB fue de 38%, este indicador se redujo a tan solo el 30.0% durante el 2008. Se trata de una forma de funcionamiento de la economía que significa un traslado de más de 1,597 millones de balboas anuales desde las manos de los asalariados a los ingresos del capital. La pérdida de los asalariados se aprecia mejor si precisamos que la misma se acerca a los 4.4 millones de balboas diarios. La política económica del actual gobierno, contenida en el “Plan Estratégico de Gobierno 2010 -2014”, no solo se propone reproducir el modelo vigente, si no profundizarlo hasta el nivel en que el salario de los panameños pueda ser competitivo con los de países asiáticos. Esto lleva a recordar que el costo por hora de la fuerza de trabajo en el 2008 fue de 0.55 dólares en China y de 0.28 dólares en Bangladesh.

Lo anterior explica que la política laboral del actual gobierno esté guiada a utilizar la fuerza del Estado, incluyendo su componente represivo, para presionar hacia la baja la remuneración a la fuerza de trabajo. Las nuevas disposiciones se destinan, en primer lugar, a la ilegalización de las protestas, así como a eliminar el ejercicio del derecho a huelga, que constituye la palanca más poderosa del accionar de los asalariados organizados para defender sus derechos. Aparte de estas medidas destinadas a socavar la capacidad organizativa de los trabajadores, también se trata de un ataque directo al nivel de remuneración de la fuerza de trabajo, por medio de modificaciones en la legislación laboral que disminuyen los pagos que reciben los trabajadores por las horas extras, así como por el trabajo realizado en los días festivos, principalmente los domingos. Resulta imperativo que los sectores trabajadores avancen decididamente en un conjunto de tareas. En primer lugar resulta indispensable lograr la unidad de acción de todos los trabajadores. En segundo lugar, es imperioso que los trabajadores se movilicen para conformar una amplia alianza con sectores medios asalariados y los pequeños y medianos productores, que también han sido golpeados por los resultados del modelo vigente. En tercer lugar, se hace necesario el diseño de un proyecto económico y social alternativo, guiado hacia la satisfacción de las necesidades básicas, a la vez que se organiza una fuerza política amplia capaz de hacerlo viable.