Reformas tributarias, ¿por quién y para quién?
La personificación económica de la existencia del Estado se encuentra en los impuestos. Al hacer uso de su poder político-administrativo, el Estado recoge una buena parte del ingreso de la población por la vía coactiva. De allí que se crea la apariencia de participación equitativa de cada persona en la formación de los ingresos estatales. Pero la realidad es un tanto distinta. Bajo las condiciones del libre mercado, los impuestos representan en sí una de las categorías económicas de mayor importancia.
En nuestra sociedad debe gravarse con impuestos a representantes de todos los grupos sociales; ya que desde el punto de vista conceptual, toda persona que genera ingresos debe tributar al Estado para que estos ingresos se distribuyan a la sociedad a través de servicios públicos.
Los trabajadores en general, entiéndase obreros, funcionarios, así como empleados públicos y privados deben pagar impuestos a partir de sus salarios, pues políticamente están llamados también a pagar impuestos.
No obstante, los sectores de mayores recursos tributan de acuerdo con la declaración de renta que crea condiciones para eximirse del pago del impuesto, ya que gozan de privilegios tributarios que permiten ocultar sus verdaderos ingresos, a la imposición.
Definitivamente que con la ayuda de los impuestos, el Estado moviliza una parte considerable de la Renta Nacional. Sin embargo, su participación en este proceso es limitada, debido a que su propiedad es reducida. El derecho a la Renta Nacional aparece para el Estado únicamente cuando tiene lugar la redistribución de la misma; es decir, cuando el Estado hace uso de su poder político-administrativo.
La redistribución de la Renta Nacional, junto a su significado social, tiene también un sentido económico. El presupuesto sirve como importante instrumento para centralizar en manos del Estado el capital social, para movilizar mediante impuestos y empréstitos los medios de los trabajadores e ingresos de otras capas de la sociedad, y los vierte en capital. Al respecto, la experiencia nos enseña que el incremento en la redistribución de la Renta Nacional no significa igualar los ingresos de los distintos estratos de la sociedad; al contrario, conduce al aumento de la polarización social, lo cual incluso es incapaz de ocultar la estadística oficial.
Los gastos estatales, los impuestos y demás instituciones financieras no actúan como medio para asegurar el bienestar de las amplias capas de la población, sino como instrumentos que afianzan las posiciones y enriquecen a los que concentran en sus manos una parte cada vez mayor de la riqueza nacional.
Por medio de los impuestos también se recibe una parte considerable de la ganancia. Al variar la imposición sobre las ganancias, el Estado puede ejercer determinada influencia sobre el incremento o el descenso de las inversiones de capital. El Estado puede emplear, y de hecho emplea ampliamente, métodos tributarios de influencia, como por ejemplo, el establecimiento de sistemas de las más variadas rebajas al imponer las ganancias de las empresas productivas y, en algunos casos, para su completa exención, de diferenciación de tasas tributarias para compañías de las distintas ramas, aplazamiento en los pagos de impuestos, a veces total anulación de deudas tributarias, devolución de las sumas de impuestos ya pagados, y otros.
Igualmente, para las firmas que se fusionan o se reorganizan, se alargan los plazos para el pago de impuestos; cierto tipo de acciones está exento de imposición. Como resultado de ello, ha crecido el poderío económico de los que más poseen, y aumentado su capacidad competitiva.
El Estado panameño, su aparato administrativo, ha sido incapaz de mitigar las consecuencias que sobre nuestra economía ejerce la crisis actual del sistema. Por eso, activó lo dictaminado por el Consenso de Washington, de 1989, redactado por un grupo de economistas estadounidenses, funcionarios del Gobierno de EE.UU., del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que ordena disciplina presupuestaria (pasión por eliminar el déficit), reforma fiscal (que favorece a quienes más poseen), liberalización comercial (desarme de aranceles de países menos desarrollados sin contrapartida de los ricos), apertura a la inversión extranjera (sin normas ni controles), privatizaciones (el patrimonio público al alcance de los poderosos), desregulaciones (disminución o supresión de garantías laborales, controles sociales y ambientales); garantía absoluta del derecho de propiedad y gobiernos de menor dimensión (salvo en su faceta policial).
En nuestra sociedad debe gravarse con impuestos a representantes de todos los grupos sociales; ya que desde el punto de vista conceptual, toda persona que genera ingresos debe tributar al Estado para que estos ingresos se distribuyan a la sociedad a través de servicios públicos.
Los trabajadores en general, entiéndase obreros, funcionarios, así como empleados públicos y privados deben pagar impuestos a partir de sus salarios, pues políticamente están llamados también a pagar impuestos.
No obstante, los sectores de mayores recursos tributan de acuerdo con la declaración de renta que crea condiciones para eximirse del pago del impuesto, ya que gozan de privilegios tributarios que permiten ocultar sus verdaderos ingresos, a la imposición.
Definitivamente que con la ayuda de los impuestos, el Estado moviliza una parte considerable de la Renta Nacional. Sin embargo, su participación en este proceso es limitada, debido a que su propiedad es reducida. El derecho a la Renta Nacional aparece para el Estado únicamente cuando tiene lugar la redistribución de la misma; es decir, cuando el Estado hace uso de su poder político-administrativo.
La redistribución de la Renta Nacional, junto a su significado social, tiene también un sentido económico. El presupuesto sirve como importante instrumento para centralizar en manos del Estado el capital social, para movilizar mediante impuestos y empréstitos los medios de los trabajadores e ingresos de otras capas de la sociedad, y los vierte en capital. Al respecto, la experiencia nos enseña que el incremento en la redistribución de la Renta Nacional no significa igualar los ingresos de los distintos estratos de la sociedad; al contrario, conduce al aumento de la polarización social, lo cual incluso es incapaz de ocultar la estadística oficial.
Los gastos estatales, los impuestos y demás instituciones financieras no actúan como medio para asegurar el bienestar de las amplias capas de la población, sino como instrumentos que afianzan las posiciones y enriquecen a los que concentran en sus manos una parte cada vez mayor de la riqueza nacional.
Por medio de los impuestos también se recibe una parte considerable de la ganancia. Al variar la imposición sobre las ganancias, el Estado puede ejercer determinada influencia sobre el incremento o el descenso de las inversiones de capital. El Estado puede emplear, y de hecho emplea ampliamente, métodos tributarios de influencia, como por ejemplo, el establecimiento de sistemas de las más variadas rebajas al imponer las ganancias de las empresas productivas y, en algunos casos, para su completa exención, de diferenciación de tasas tributarias para compañías de las distintas ramas, aplazamiento en los pagos de impuestos, a veces total anulación de deudas tributarias, devolución de las sumas de impuestos ya pagados, y otros.
Igualmente, para las firmas que se fusionan o se reorganizan, se alargan los plazos para el pago de impuestos; cierto tipo de acciones está exento de imposición. Como resultado de ello, ha crecido el poderío económico de los que más poseen, y aumentado su capacidad competitiva.
El Estado panameño, su aparato administrativo, ha sido incapaz de mitigar las consecuencias que sobre nuestra economía ejerce la crisis actual del sistema. Por eso, activó lo dictaminado por el Consenso de Washington, de 1989, redactado por un grupo de economistas estadounidenses, funcionarios del Gobierno de EE.UU., del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que ordena disciplina presupuestaria (pasión por eliminar el déficit), reforma fiscal (que favorece a quienes más poseen), liberalización comercial (desarme de aranceles de países menos desarrollados sin contrapartida de los ricos), apertura a la inversión extranjera (sin normas ni controles), privatizaciones (el patrimonio público al alcance de los poderosos), desregulaciones (disminución o supresión de garantías laborales, controles sociales y ambientales); garantía absoluta del derecho de propiedad y gobiernos de menor dimensión (salvo en su faceta policial).
