Reformas tributarias vs. Dinero en puertos
La semana pasada escribí sobre los puertos panameños, trascendiendo el tema de las equiparaciones y expresando nuestro rechazo a que el Estado haga concesiones de tierras nacionales -ahora llamadas tierras portuarias- que forman parte del gran patrimonio de la nación, sin que reviertan en la población o a las arcas del erario público réditos tangibles y concretos. Hoy, a través de nuestro ensayo semanal, haremos otras apreciaciones que de seguro retroalimentarán el debate respecto a esta materia que es de sumo interés por cuanto tiene sus efectos en la economía nacional.
El Estado panameño, sin lugar a dudas, debe orientar su política, en materia marítima, para ubicar a la República de Panamá como el país número uno; el primero, en lo que toca o corresponde con el manejo de los puertos. Es preciso advertir, conforme a esta pretensión, que nuestros puertos, a nivel latinoamericano, manejan el mayor volumen de carga marítima. Eso entraña o implica para el Estado, no obstante, un deber ineludible, con carácter obligacional, de no inmiscuirse en la actividad portuaria favoreciendo o desfavoreciendo a unos y a otros no.
Por el contrario, el Estado, a través de su gobierno, debe procurar que los puertos puedan competir en condiciones de transparencia, equidad y justicia, sin que ninguno de ellos pueda jactarse o irrogarse el pretendido derecho de contar con el aval gubernamental para ser beneficiado o en modo alguno favorecido con prebendas, equiparaciones o cualquier otro mecanismo que tienda a distorsionar la competencia legítima y justa que brindan nuestras leyes y el ordenamiento constitucional patrio.
En ese orden de ideas, el Estado también debe propiciar que los puertos panameños puedan competir con otros en condiciones de “mejor servicio” y así evitar que los clientes se ahuyenten o alejen hacia puertos de otras naciones, tal y como aconteció con el Puerto de Long Beach y Buenaventura.
En ese sentido, podemos observar como ya lo hemos sostenido, que no existe una política sobre la actividad portuaria por parte del Estado, que esté bien definida y que permita la operación de los puertos en condiciones objetivas de trato igual y no preferencial o que, por otra parte, caso de existir tal política ésta resulta totalmente ignorada o soslayada, sin importar los efectos negativos que tiene su inobservancia en nuestro medio económico, por excelencia, caracterizado por ser una economía de servicios.
Como muestra un botón: Recientemente, el Viceministro de Gobierno y Justicia, Lic. Alejandro Pérez, declaró, por ejemplo, que el señor Samuel Lewis Galindo hablaba de maleantería dado que él era un defensor de los intereses de la empresa Panama Ports Company. Y he allí, precisamente, lo que nosotros hemos venido advirtiendo: ¿Cuántos puertos existen en Panamá, que cada vez que de ellos se habla tan sólo se hace referencia a la empresa Panama Ports Company? ¿Por qué los gesticuladores del discurso portuario excluyen hacer mención o referencia de Manzanillo Iinternatonal Terminal y de Evergreen? ¿Qué es lo que se oculta cuando se hace este tipo de exclusiones y se margina la defensa social de los altos y caros intereses del pueblo panameño? ¿Acaso se pretende llevar al conjunto social a una discusión sobre los puertos ocultando verdades que han sido dichas a medias por parte de empresas portuarias que pugnan o luchan frente a otras por mantener una hegemonía o monopolio frente a la actividad portuaria en Panamá, y de esa manera sacar del mercado a la competencia? Estas y muchas otras consideraciones que rayan con la perplejidad son las que algunas mentes agudas, en nuestro terruño, nos formulamos permanentemente.
Por eso no nos resulta difícil entender que cada vez que exigimos cuentas claras sobre el tema de los puertos, un conspicuo defensor de una de estas portuarias, y quien a diario participa en un programa televisado, arremete contra nosotros porque nos atrevemos a señalar que el Estado no tiene por qué regalar tierras al Puerto de Manzanillo, como efectivamente se pretende hacer.
Es dable advertir que cuando se habla de la participación del Estado en aquellas cuestiones o asuntos que interesan a la agenda nacional, los detentadores del poder político no pueden tras sus intervenciones favorecer o desproteger, en detrimento de otros, a aquellos entes que como personas jurídicas, vienen realizando actos contractuales con el Estado o la Nación. Este tipo de conductas o comportamientos por parte de altos personeros del gobierno genera la inseguridad pública y el descrédito de nuestras instituciones jurídicas y democráticas, por lo que las relaciones contractuales del Estado degeneran, al mismo tiempo, en relaciones propias de los escalones del nepotismo.
Por ejemplo, para nadie es un secreto que en ese puja y repuja portuario existen poderosos intereses de familias que han llegado, inclusive, al extremo de bipartir viejas amistades, dentro de las cuales hay quienes presionan y ejercen controles sobre altos personeros del gobierno, tanto del presente como del pasado. Tan es así que se habla que en los problemas portuarios que existen en Panamá la pelea se ha reducido a dos bandos familiares, sobresaliendo en uno de ellos un poderoso consorcio familiar que tiene que ver con la reciente privatización del Aeropuerto de Tocumen.
Pero, advirtamos lo siguiente: ¿por qué quienes han venido denunciando a Panama Ports, no han salido también a denunciar a Manzanillo y a Evergreen? ¿Qué oscuros intereses se esconden detrás de esas acusaciones? Amanecerá y veremos, pues creemos que si vamos a ser críticos y defensores de lo nuestro, no podemos perder la objetividad de las cosas, dado que se corre el riesgo de caer en subjetividades que terminan haciendo daño al análisis que debe caracterizarse por la plena objetividad. Y así hemos entrado en una discusión en la que desde el Gobierno del Presidente Endara, pasando por Pérez Balladares y hoy con Moscoso, se viene tratando con cierta irresponsabilidad e indiferencia; esto es, el tema portuario en Panamá.
Otra cuestión, como ya sostuvimos en el ensayo anterior, es lo que tiene que ver con el tema constitucional, para lo cual hemos expresado que no podemos, alegre y campantemente, renunciar sin que medie beneficio o provecho alguno para la Nación, a bienes que son del exclusivo patrimonio del Estado y del conjunto social panameño.
Es evidente que existe una terrible pugna entre las empresas portuarias. Lo que hay de fondo es una lucha de fuertes y poderosos intereses entre las grandes portuarias panameñas que militan por quedarse, dado el manifiesto interés de una de ellas, sola en el país sin mayor competencia en la plaza. Entre tanto, el país sigue de tumbo en tumbo y el caos entronizándose cada vez más en nuestra humilde población.
Bien ha podido el Estado obtener dineros de los puertos, empezando con exigir cuentas claras mediante áuditos precisos y serios; pero no con las despiadadas reformas tributarias que vienen avasallando a nuestra gente.
¡Transparencia antes que cualquier otra cosa, señores del gobierno!
El Estado panameño, sin lugar a dudas, debe orientar su política, en materia marítima, para ubicar a la República de Panamá como el país número uno; el primero, en lo que toca o corresponde con el manejo de los puertos. Es preciso advertir, conforme a esta pretensión, que nuestros puertos, a nivel latinoamericano, manejan el mayor volumen de carga marítima. Eso entraña o implica para el Estado, no obstante, un deber ineludible, con carácter obligacional, de no inmiscuirse en la actividad portuaria favoreciendo o desfavoreciendo a unos y a otros no.
Por el contrario, el Estado, a través de su gobierno, debe procurar que los puertos puedan competir en condiciones de transparencia, equidad y justicia, sin que ninguno de ellos pueda jactarse o irrogarse el pretendido derecho de contar con el aval gubernamental para ser beneficiado o en modo alguno favorecido con prebendas, equiparaciones o cualquier otro mecanismo que tienda a distorsionar la competencia legítima y justa que brindan nuestras leyes y el ordenamiento constitucional patrio.
En ese orden de ideas, el Estado también debe propiciar que los puertos panameños puedan competir con otros en condiciones de “mejor servicio” y así evitar que los clientes se ahuyenten o alejen hacia puertos de otras naciones, tal y como aconteció con el Puerto de Long Beach y Buenaventura.
En ese sentido, podemos observar como ya lo hemos sostenido, que no existe una política sobre la actividad portuaria por parte del Estado, que esté bien definida y que permita la operación de los puertos en condiciones objetivas de trato igual y no preferencial o que, por otra parte, caso de existir tal política ésta resulta totalmente ignorada o soslayada, sin importar los efectos negativos que tiene su inobservancia en nuestro medio económico, por excelencia, caracterizado por ser una economía de servicios.
Como muestra un botón: Recientemente, el Viceministro de Gobierno y Justicia, Lic. Alejandro Pérez, declaró, por ejemplo, que el señor Samuel Lewis Galindo hablaba de maleantería dado que él era un defensor de los intereses de la empresa Panama Ports Company. Y he allí, precisamente, lo que nosotros hemos venido advirtiendo: ¿Cuántos puertos existen en Panamá, que cada vez que de ellos se habla tan sólo se hace referencia a la empresa Panama Ports Company? ¿Por qué los gesticuladores del discurso portuario excluyen hacer mención o referencia de Manzanillo Iinternatonal Terminal y de Evergreen? ¿Qué es lo que se oculta cuando se hace este tipo de exclusiones y se margina la defensa social de los altos y caros intereses del pueblo panameño? ¿Acaso se pretende llevar al conjunto social a una discusión sobre los puertos ocultando verdades que han sido dichas a medias por parte de empresas portuarias que pugnan o luchan frente a otras por mantener una hegemonía o monopolio frente a la actividad portuaria en Panamá, y de esa manera sacar del mercado a la competencia? Estas y muchas otras consideraciones que rayan con la perplejidad son las que algunas mentes agudas, en nuestro terruño, nos formulamos permanentemente.
Por eso no nos resulta difícil entender que cada vez que exigimos cuentas claras sobre el tema de los puertos, un conspicuo defensor de una de estas portuarias, y quien a diario participa en un programa televisado, arremete contra nosotros porque nos atrevemos a señalar que el Estado no tiene por qué regalar tierras al Puerto de Manzanillo, como efectivamente se pretende hacer.
Es dable advertir que cuando se habla de la participación del Estado en aquellas cuestiones o asuntos que interesan a la agenda nacional, los detentadores del poder político no pueden tras sus intervenciones favorecer o desproteger, en detrimento de otros, a aquellos entes que como personas jurídicas, vienen realizando actos contractuales con el Estado o la Nación. Este tipo de conductas o comportamientos por parte de altos personeros del gobierno genera la inseguridad pública y el descrédito de nuestras instituciones jurídicas y democráticas, por lo que las relaciones contractuales del Estado degeneran, al mismo tiempo, en relaciones propias de los escalones del nepotismo.
Por ejemplo, para nadie es un secreto que en ese puja y repuja portuario existen poderosos intereses de familias que han llegado, inclusive, al extremo de bipartir viejas amistades, dentro de las cuales hay quienes presionan y ejercen controles sobre altos personeros del gobierno, tanto del presente como del pasado. Tan es así que se habla que en los problemas portuarios que existen en Panamá la pelea se ha reducido a dos bandos familiares, sobresaliendo en uno de ellos un poderoso consorcio familiar que tiene que ver con la reciente privatización del Aeropuerto de Tocumen.
Pero, advirtamos lo siguiente: ¿por qué quienes han venido denunciando a Panama Ports, no han salido también a denunciar a Manzanillo y a Evergreen? ¿Qué oscuros intereses se esconden detrás de esas acusaciones? Amanecerá y veremos, pues creemos que si vamos a ser críticos y defensores de lo nuestro, no podemos perder la objetividad de las cosas, dado que se corre el riesgo de caer en subjetividades que terminan haciendo daño al análisis que debe caracterizarse por la plena objetividad. Y así hemos entrado en una discusión en la que desde el Gobierno del Presidente Endara, pasando por Pérez Balladares y hoy con Moscoso, se viene tratando con cierta irresponsabilidad e indiferencia; esto es, el tema portuario en Panamá.
Otra cuestión, como ya sostuvimos en el ensayo anterior, es lo que tiene que ver con el tema constitucional, para lo cual hemos expresado que no podemos, alegre y campantemente, renunciar sin que medie beneficio o provecho alguno para la Nación, a bienes que son del exclusivo patrimonio del Estado y del conjunto social panameño.
Es evidente que existe una terrible pugna entre las empresas portuarias. Lo que hay de fondo es una lucha de fuertes y poderosos intereses entre las grandes portuarias panameñas que militan por quedarse, dado el manifiesto interés de una de ellas, sola en el país sin mayor competencia en la plaza. Entre tanto, el país sigue de tumbo en tumbo y el caos entronizándose cada vez más en nuestra humilde población.
Bien ha podido el Estado obtener dineros de los puertos, empezando con exigir cuentas claras mediante áuditos precisos y serios; pero no con las despiadadas reformas tributarias que vienen avasallando a nuestra gente.
¡Transparencia antes que cualquier otra cosa, señores del gobierno!
