Remilitarización

En un sistema democrático los que ejercen el poder público deben saber que tienen límites. Por más votado que haya sido un presidente y por más curules que controle su partido, no puede hacerse lo que la Constitución Política prohíbe. A pesar de lo que diga el Secretario Gates -para calmar las críticas de su Congreso, pero preocuparnos a nosotros-, nuestra Constitución Política dice textualmente que Panamá no tendrá ejército. Cuando vemos que militares retirados ocupan las principales posiciones del engranaje de seguridad y que se ha burlado la Ley Orgánica de la Policía "encargando" a un uniformado de la Dirección General, nos tenemos que preguntar hasta dónde quiere llegar el presidente Torrijos en su afán de deshacer el proceso iniciado en 1989 y rubricado por su propio partido al aprobar la reforma constitucional de 1994 aboliendo el ejército.

Los panameños queremos sentirnos igual de orgullosos que los colombianos de nuestra Fuerza Pública y reclamamos que se cumpla la promesa de "Más seguridad"; pero para eso requerimos de una Fuerza Pública comprometida con el sistema democrático e incapaz de utilizar sus armas contra la voluntad del pueblo. Todos estos cambios fundamentales a la política de seguridad, hechos bajo el secreto del Consejo de Gabinete o con medidas de hecho, generan gran suspicacia y preocupación.

Ante las facultades extraordinarias pedidas por el Presidente y cedidas por la Asamblea, lo menos que esperamos es un amplio y profundo debate, en la Cámara Legislativa en septiembre, sobre las materias objeto de estas facultades concedidas. Esperemos que, aunque sea por el año electoral, la oposición abandone el silencio cómplice que la ha caracterizado y se atreva a exigir el debate que requiere la Nación. No sea que el letargo en que están, sea interrumpido algún día por el estruendo de las botas y el traqueteo de las ametralladoras cerrando nuevamente el hemiciclo legislativo.