Renuncia en Comisión de Valores
La renuncia presentada el viernes pasado por Dulcidio de la Guardia como miembro de la Comisión Nacional de Valores es la primera dimisión de un funcionario nombrado por el gobierno de Ernesto Pérez Balladares ante las "presiones" del nuevo gobierno. Aunque habrá algunos que defenderán lo hecho, el precedente es funesto y su efecto en el mercado de valores será adverso, lo cual redundará en perjuicio de la economía nacional.
Hay que recordar que el gobierno saliente aprobó en julio pasado una nueva legislación de valores, luego de que una comisión presidencial apolítica, integrada mayoritariamente por representantes del sector privado, presentara los frutos de una labor que duró más de año y medio. sta respondió al clamor del sector financiero por la actualización del Decreto de Gabinete 247 que venía regulando esta materia desde 1970 y no se acomodaba a las realidades del mercado de valores de hoy ni facilitaba su desarrollo para beneficio de la economía nacional y la posible concentración regional en Panamá.
En vísperas de su salida, el Presidente Pérez Balladares decidió efectuar dos de los tres nombramientos en la Comisión Nacional de Valores, los cuales recayeron en Roberto Brenes y Dulcidio de la Guardia, en respuesta a presiones del sector financiero para que la Comisión pudiera continuar con sus labores cotidianas y comenzara con la tarea de reorganizar la institución bajo el nuevo ordenamiento jurídico. Hay que destacar aquí que ambas personas gozaban del total y absoluto respaldo del sector bursátil por su trayectoria profesional y por haber participado en la elaboración de la nueva ley de valores.
Si renunció de la Guardia es muy probable que también renuncie Brenes, ya que, para obrar con efectividad, la nueva institución requiere del respaldo irrestricto del gobierno para su organización. Con la renuncia, la Comisión queda acéfala y los trámites pendientes de emisiones se continuarán acumulando, con el consecuente estancamiento de un mercado de valores de por sí contrariado. Y ahora queda por verse a quiénes nombrará el gobierno arnulfista.
Ya hemos criticado anteriormente la actitud del nuevo go -bierno frente a nombramientos que excedían el 31 de agosto por sus motivaciones netamente políticas. Justificable hubiera sido exigir la renuncia únicamente de los nombrados por política y no por mérito. Pero en el caso de instituciones con funciones técnicas, tales como el Ente Regulador, la CLICAC y la Comisión Nacional de Valores, este tipo de actitud y sus resultados serán contraproducentes. No es un buen comienzo.
Hay que recordar que el gobierno saliente aprobó en julio pasado una nueva legislación de valores, luego de que una comisión presidencial apolítica, integrada mayoritariamente por representantes del sector privado, presentara los frutos de una labor que duró más de año y medio. sta respondió al clamor del sector financiero por la actualización del Decreto de Gabinete 247 que venía regulando esta materia desde 1970 y no se acomodaba a las realidades del mercado de valores de hoy ni facilitaba su desarrollo para beneficio de la economía nacional y la posible concentración regional en Panamá.
En vísperas de su salida, el Presidente Pérez Balladares decidió efectuar dos de los tres nombramientos en la Comisión Nacional de Valores, los cuales recayeron en Roberto Brenes y Dulcidio de la Guardia, en respuesta a presiones del sector financiero para que la Comisión pudiera continuar con sus labores cotidianas y comenzara con la tarea de reorganizar la institución bajo el nuevo ordenamiento jurídico. Hay que destacar aquí que ambas personas gozaban del total y absoluto respaldo del sector bursátil por su trayectoria profesional y por haber participado en la elaboración de la nueva ley de valores.
Si renunció de la Guardia es muy probable que también renuncie Brenes, ya que, para obrar con efectividad, la nueva institución requiere del respaldo irrestricto del gobierno para su organización. Con la renuncia, la Comisión queda acéfala y los trámites pendientes de emisiones se continuarán acumulando, con el consecuente estancamiento de un mercado de valores de por sí contrariado. Y ahora queda por verse a quiénes nombrará el gobierno arnulfista.
Ya hemos criticado anteriormente la actitud del nuevo go -bierno frente a nombramientos que excedían el 31 de agosto por sus motivaciones netamente políticas. Justificable hubiera sido exigir la renuncia únicamente de los nombrados por política y no por mérito. Pero en el caso de instituciones con funciones técnicas, tales como el Ente Regulador, la CLICAC y la Comisión Nacional de Valores, este tipo de actitud y sus resultados serán contraproducentes. No es un buen comienzo.
