Réplica
Señor Director:
En cuanto a los señalamientos hacia la Autoridad Marítima de Panamá, en los editoriales del 7 y 8 de septiembre del presente año, hacemos los siguientes señalamientos: En el editorial del día 7, no nos queda claro si el país lo inventó El Panamá América y si todo el valioso patrimonio que heredamos salió del testamento particular de ese periódico.
Indudablemente que entre los visionarios de los años 20, y los miopes de ahora hay una diferencia abismal. Tal como lo afirma el editorialista el secreto de ellos fue visualizar la historia del Istmo y proyectarla hacia el futuro del país y no hacia intereses particulares de una firma de abogados. Por supuesto que no hay parangón entre ellos y los de ahora.
Lo primero que hubiera hecho Harmodio Arias, Galileo Solís o Ricardo J. Alfaro, antes de opinar o editorializar sobre un tema que no conocen, era estudiarlo y documentarse sobre el mismo. Ahora es posible que los miopes de ahora lo hayan leído y no lo han entendido.
El Panamá América, sin medir las consecuencias, ha confundido los intereses de algunas firmas de abogados, con los intereses del país. Y le indicamos porque las razones para reconocer a una sola empresa para la aprobación de los planes de seguridad fue ampliamente discutidos con los gremios vinculados al sector, con la expedición del certificado, se mantienen los controles necesarios, y de ahí que participan cuatro sectores totalmente independientes el uno del otro. El que prepara el plan; el que revisa y evalúa el plan; y el que verifica in situ el plan y el que expide el certificado definitivo, válido por cinco años.
Panamá ha delegado la evaluación de los planes de seguridad, porque Panamá en materia de terrorismo internacional no tiene experiencia y no estamos dispuestos a que por falta de conocimiento, se perjudique a la marina mercante panameña. La credibilidad de la empresa reconocida, está fuera de toda discusión.
El editorialista manifiesta irresponsablemente que "por regla general ningún gobierno debe adoptar inconsultamente cargas decisorias que afecten el interés nacional cuyos efectos exceden su mandato...", ante esta aseveración le recordamos que el mandato del actual gobierno termina el 31 de agosto del 2004 y la entrada en vigencia del Código de Seguridad ISPS, es el 1 de julio del 2004. No hay que ser Harmodio Arias, Galileo Solís o Ricardo J. Alfaro, para saber que el mes de julio es antes del mes de agosto. O es que el editorialista prevé el rompimiento del orden constitucional antes de lo previsto en la Constitución.
Afirma el editorialista que "tampoco da buena imagen que se cobre multas a las navieras por infracciones de vieja data", las multas no se pueden dejar de cobrar, ni de vieja ni de nueva data. El hecho de que las multas no hayan sido tramitadas en su momento oportuno, no significa que la presente administración deje de aplicar las sanciones de conformidad con la ley, el efecto ejemplarizante de una multa lo constituye su aplicación y sanción sin importar el momento.
Nos agrada saber la denuncia pública que insinúan contra los inspectores, pero nos sorprende que siendo el director de El Panamá América, un abogado, y entendemos que prestigioso, no acuda a interponer las denuncias respectivas de conformidad con lo estatuido en la Ley y ante las autoridades competentes. Tenemos entendido que la Administración de Justicia, se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y no en un periódico, según la Constitución Nacional.
Las cifras vertidas en el editorial, sobre el costo de los tres servicios por la suma de B/.750.00 que cobrara la bandera de Liberia, es totalmente falsa. Lo menos que deben hacer es documentarse sobre el costo final real y no amañar las cifras a su conveniencia. Es sabido que nuestra bandera no es competitiva por lo barato, sino por muchas otras ventajas que ofrece y que son de conocimiento de los principales abogados, armadores y bancos a nivel mundial.
Señala la nota editorial que deben mejorarse y agilizarse los distintos trámites. Es penoso, por decir lo menos, que precisamente ahora, señalan esto, después de la profesionalización y de la modernización efectuada en la Sección de Registro de Naves. Al frente se ha colocado un profesional del Derecho, con Maestría en Derecho Marítimo, sin vinculación a ninguna firma de abogados. La modernización es obvia, cuando anteriormente los trámites demoraban hasta 4 semanas y actualmente ninguno demora más de 3 días, tal como fue demostrado a la Asociación de Abogados Marítimos, quienes no felicitaron por lo anterior.
El editorialista, se le ha olvidado mencionar que después de muchos años, esta Administración firmó un Convenio con el gobierno de Rusia, que elimina la tarifa discriminatoria que existía para los barcos de bandera panameña que atracaban en sus puertos.
Atentamente,
Bertilda García Escalona
Administradora de la Autoridad Marítima de Panamá.
En cuanto a los señalamientos hacia la Autoridad Marítima de Panamá, en los editoriales del 7 y 8 de septiembre del presente año, hacemos los siguientes señalamientos: En el editorial del día 7, no nos queda claro si el país lo inventó El Panamá América y si todo el valioso patrimonio que heredamos salió del testamento particular de ese periódico.
Indudablemente que entre los visionarios de los años 20, y los miopes de ahora hay una diferencia abismal. Tal como lo afirma el editorialista el secreto de ellos fue visualizar la historia del Istmo y proyectarla hacia el futuro del país y no hacia intereses particulares de una firma de abogados. Por supuesto que no hay parangón entre ellos y los de ahora.
Lo primero que hubiera hecho Harmodio Arias, Galileo Solís o Ricardo J. Alfaro, antes de opinar o editorializar sobre un tema que no conocen, era estudiarlo y documentarse sobre el mismo. Ahora es posible que los miopes de ahora lo hayan leído y no lo han entendido.
El Panamá América, sin medir las consecuencias, ha confundido los intereses de algunas firmas de abogados, con los intereses del país. Y le indicamos porque las razones para reconocer a una sola empresa para la aprobación de los planes de seguridad fue ampliamente discutidos con los gremios vinculados al sector, con la expedición del certificado, se mantienen los controles necesarios, y de ahí que participan cuatro sectores totalmente independientes el uno del otro. El que prepara el plan; el que revisa y evalúa el plan; y el que verifica in situ el plan y el que expide el certificado definitivo, válido por cinco años.
Panamá ha delegado la evaluación de los planes de seguridad, porque Panamá en materia de terrorismo internacional no tiene experiencia y no estamos dispuestos a que por falta de conocimiento, se perjudique a la marina mercante panameña. La credibilidad de la empresa reconocida, está fuera de toda discusión.
El editorialista manifiesta irresponsablemente que "por regla general ningún gobierno debe adoptar inconsultamente cargas decisorias que afecten el interés nacional cuyos efectos exceden su mandato...", ante esta aseveración le recordamos que el mandato del actual gobierno termina el 31 de agosto del 2004 y la entrada en vigencia del Código de Seguridad ISPS, es el 1 de julio del 2004. No hay que ser Harmodio Arias, Galileo Solís o Ricardo J. Alfaro, para saber que el mes de julio es antes del mes de agosto. O es que el editorialista prevé el rompimiento del orden constitucional antes de lo previsto en la Constitución.
Afirma el editorialista que "tampoco da buena imagen que se cobre multas a las navieras por infracciones de vieja data", las multas no se pueden dejar de cobrar, ni de vieja ni de nueva data. El hecho de que las multas no hayan sido tramitadas en su momento oportuno, no significa que la presente administración deje de aplicar las sanciones de conformidad con la ley, el efecto ejemplarizante de una multa lo constituye su aplicación y sanción sin importar el momento.
Nos agrada saber la denuncia pública que insinúan contra los inspectores, pero nos sorprende que siendo el director de El Panamá América, un abogado, y entendemos que prestigioso, no acuda a interponer las denuncias respectivas de conformidad con lo estatuido en la Ley y ante las autoridades competentes. Tenemos entendido que la Administración de Justicia, se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y no en un periódico, según la Constitución Nacional.
Las cifras vertidas en el editorial, sobre el costo de los tres servicios por la suma de B/.750.00 que cobrara la bandera de Liberia, es totalmente falsa. Lo menos que deben hacer es documentarse sobre el costo final real y no amañar las cifras a su conveniencia. Es sabido que nuestra bandera no es competitiva por lo barato, sino por muchas otras ventajas que ofrece y que son de conocimiento de los principales abogados, armadores y bancos a nivel mundial.
Señala la nota editorial que deben mejorarse y agilizarse los distintos trámites. Es penoso, por decir lo menos, que precisamente ahora, señalan esto, después de la profesionalización y de la modernización efectuada en la Sección de Registro de Naves. Al frente se ha colocado un profesional del Derecho, con Maestría en Derecho Marítimo, sin vinculación a ninguna firma de abogados. La modernización es obvia, cuando anteriormente los trámites demoraban hasta 4 semanas y actualmente ninguno demora más de 3 días, tal como fue demostrado a la Asociación de Abogados Marítimos, quienes no felicitaron por lo anterior.
El editorialista, se le ha olvidado mencionar que después de muchos años, esta Administración firmó un Convenio con el gobierno de Rusia, que elimina la tarifa discriminatoria que existía para los barcos de bandera panameña que atracaban en sus puertos.
Atentamente,
Bertilda García Escalona
Administradora de la Autoridad Marítima de Panamá.
