Responsabilidad histórica
A raíz del convenio de intercambio de información tributaria suscrito con la OCDE, que hemos opinado compromete la existencia del centro de servicios del que depende el 80% de la economía nacional, hemos meditado sobre la responsabilidad histórica que por su gestión y desempeño deben asumir los dirigentes y altos funcionarios, lo cual deben hacer con entereza, en forma digna y honesta, con todas las consecuencias que ello derive para su persona, los suyos y para el conglomerado social al que sirve, con el fin de que mediten antes de actuar y pongan su conducta y decisiones a tono con la gravedad de sus deberes.
Cuando Manuel Amador Guerrero y la Junta Provisional de Gobierno avalaron los delicados compromisos del Tratado del Canal, Hay-Buneau Varilla en 1903, sabían que serían juzgados por las generaciones venideras, pero aun así confiaron en las bondades de su decisión y dieron la cara a la posteridad. La historia emitió años después, no sin agrios vilipendios y polémicas, su veredicto absolutorio. El leonino tratado fue el precio pagado por la independencia que ellos forjaron, y correspondería a las futuras generaciones de panameños hacer su parte y rescatar la soberanía mediatizada.
Igual hicieron 70 años después Juan Antonio Tack, Adolfo Ahumada, Rómulo Escobar Bethancourt, Carlos López Guevara, Diógenes De La Rosa, Gabriel Lewis Galindo y Nicolás Ardito Barletta, quienes dirigidos por Omar Torrijos Herrera, gestaron, negociaron y dieron vida a los tratados Torrijos-Carter, asumiendo de ese modo la tarea de dotar al país de un nuevo tratado que pusiera "fecha de cumpleaños" al de 1903 y perfeccionara con ello la independencia patria. Muchos condenamos su gestión y calificamos los nuevos convenios de 1977 de peores; y más de uno los llamó "vendepatrias". Pero esa vez, la historia volvió a dar su veredicto absolutorio, en tránsito actual hacia un justo reconocimiento, pese a las imperfecciones inherentes a toda obra humana, sobre todo si es producto de una negociación. Quienes los criticamos entonces nos equivocamos y mucho nos alegramos de admitirlo años después al contemplar el territorio nacional y el Canal funcionando bajo una sola bandera.
El mismo cosquilleo de la historia debieron sentir Ernesto Pérez Balladares y Guillermo Chapman, cuando bajo la gestión gubernamental del primero, hicieron aprobar en 1996 una ley que aumentaba sustancialmente los impuestos que pagaban la empresas en la Zona Libre de Colón. En esa ocasión, este medio advirtió que eso daría el tiro de gracia a la segunda más grande zona franca del mundo. Y por poco se cumple nuestro vaticinio.
Afortunadamente, la historia otorga a veces a los actores la oportunidad de rectificar, y eso hicieron. No sólo eliminaron el alza sino que bajaron los gravámenes a niveles inferiores a los preexistentes.
Por eso instamos a todo gobernante y todo alto funcionario que tenga en sus manos la toma de decisiones de gran trascendencia e impacto para la Nación, a que medite antes de actuar, que consulte a los expertos y a los ciudadanos y ore a la Providencia por sabiduría, antes de actuar. Y una vez superado ese proceso, debe actuar con decisión, de frente y con transparencia, sin achacar a otros la responsabilidad que le es propia y, sobre todo, rubricar con su nombre para la posteridad todo lo actuado, de cara al juez supremo, la historia.
*Las autoras son estudiantes de Bibliotecología de la Universidad de Panamá.
Cuando Manuel Amador Guerrero y la Junta Provisional de Gobierno avalaron los delicados compromisos del Tratado del Canal, Hay-Buneau Varilla en 1903, sabían que serían juzgados por las generaciones venideras, pero aun así confiaron en las bondades de su decisión y dieron la cara a la posteridad. La historia emitió años después, no sin agrios vilipendios y polémicas, su veredicto absolutorio. El leonino tratado fue el precio pagado por la independencia que ellos forjaron, y correspondería a las futuras generaciones de panameños hacer su parte y rescatar la soberanía mediatizada.
Igual hicieron 70 años después Juan Antonio Tack, Adolfo Ahumada, Rómulo Escobar Bethancourt, Carlos López Guevara, Diógenes De La Rosa, Gabriel Lewis Galindo y Nicolás Ardito Barletta, quienes dirigidos por Omar Torrijos Herrera, gestaron, negociaron y dieron vida a los tratados Torrijos-Carter, asumiendo de ese modo la tarea de dotar al país de un nuevo tratado que pusiera "fecha de cumpleaños" al de 1903 y perfeccionara con ello la independencia patria. Muchos condenamos su gestión y calificamos los nuevos convenios de 1977 de peores; y más de uno los llamó "vendepatrias". Pero esa vez, la historia volvió a dar su veredicto absolutorio, en tránsito actual hacia un justo reconocimiento, pese a las imperfecciones inherentes a toda obra humana, sobre todo si es producto de una negociación. Quienes los criticamos entonces nos equivocamos y mucho nos alegramos de admitirlo años después al contemplar el territorio nacional y el Canal funcionando bajo una sola bandera.
El mismo cosquilleo de la historia debieron sentir Ernesto Pérez Balladares y Guillermo Chapman, cuando bajo la gestión gubernamental del primero, hicieron aprobar en 1996 una ley que aumentaba sustancialmente los impuestos que pagaban la empresas en la Zona Libre de Colón. En esa ocasión, este medio advirtió que eso daría el tiro de gracia a la segunda más grande zona franca del mundo. Y por poco se cumple nuestro vaticinio.
Afortunadamente, la historia otorga a veces a los actores la oportunidad de rectificar, y eso hicieron. No sólo eliminaron el alza sino que bajaron los gravámenes a niveles inferiores a los preexistentes.
Por eso instamos a todo gobernante y todo alto funcionario que tenga en sus manos la toma de decisiones de gran trascendencia e impacto para la Nación, a que medite antes de actuar, que consulte a los expertos y a los ciudadanos y ore a la Providencia por sabiduría, antes de actuar. Y una vez superado ese proceso, debe actuar con decisión, de frente y con transparencia, sin achacar a otros la responsabilidad que le es propia y, sobre todo, rubricar con su nombre para la posteridad todo lo actuado, de cara al juez supremo, la historia.
*Las autoras son estudiantes de Bibliotecología de la Universidad de Panamá.
