Responsabilidad judicial de la transferencia del Canal
Con mucho entusiasmo vimos recientemente, los actos de traspaso adelantado del Canal de Panamá a la Autoridad del Canal de Panamá, evento que se formalizará a mediodía del próximo 31 de diciembre de 1999. Tal parece que los motivos de alegría del pueblo panameño por el recibimiento de la vía acuática, no van acorde con la preparación para las nuevas responsabilidades judiciales que originan la operación total del Canal por parte de Panamá.
El Canal de Panamá es, hasta el 31 de diciembre de 1999, una agencia federal del gobierno norteamericano y como tal, cuando por negligencia de sus empleados se le ocasionan daños a las naves, carga, tripulantes o pasajeros, los perjudicados debían demandar a dicha agencia ante la Corte Distrital del Estado de Louisiana.
A partir del 1 de enero del 2000, todos los casos que involucren responsabilidad por parte del Canal, derivada de negligencia de sus empleados y que ocasionan daños a las naves, cargas, tripulantes o pasajeros, de acuerdo con los artículos 63 y 72 de la Ley No. 19 de 11 de junio de 1977, deberán ser presentados ante el Tribunal Marítimo de Panamá, lo que nos lleva a mirar hacia dicho tribunal para preguntarnos si se está o no preparado para acometer dicha responsabilidad.
No existe ninguna preparación presupuestaria, ningún proyecto de ley, ni mucho menos manifestaciones gubernamentales que, si quiera, permitan expresar que los funcionarios encargados de la planificación administrativa entienden las obligaciones que hemos adquirido. Pretendemos, en otro acto de improvisación irresponsable, que las actuales estructuras judiciales marítimas decidan nuevos reclamos con el mismo personal y el mismo presupuesto con el que lo han venido haciendo desde 1982.
El 30 de marzo de 1982, al cumplirse una etapa vital del Tratado Torrijos-Carter, clausuró operaciones el Tribunal Federal de la Zona del Canal y Panamá asumió la responsabilidad pactada creando el Tribunal Marítimo. En el propio Tratado se le adjudicó al nuevo tribunal un edificio propio, pero luego fue saturado con tribunales civiles y penales; en el presupuesto se establecieron las partidas mínimas para su funcionamiento, pero jamás se le suministró una fórmula de crecimiento congruente con el volumen y la complejidad de las causas que atiende; se le dotó del personal idóneo necesario, pero con el correr del tiempo, es el único tribunal cuya cantidad de funcionarios no crece.
Desde la creación del Tribunal Marítimo el número de casos y reclamos ha ido en aumento constante, al punto que hoy, el mismo requiere, cuando menos, de aumento de personal y facilidades para cumplir con lo pendiente. Aún así, el no entendimiento de la responsabilidad judicial es clara, al no existir siquiera un plan de incremento de facilidades para atender las responsabilidades adicionales. Nuevamente es obvio, que lo que haremos será improvisar, producto de la falta de entendimiento, de visión y de responsabilidad del rol que la justicia panameña debe asumir en materia de días.
Durante los últimos años, mucho se ha hablado en Panamá del incremento de actividades marítimas. Muchas de ellas han ocurrido con brillante eficiencia. Las nuevas concesiones portuarias, la privatización de actividades marítimas, al punto que todos los economistas y políticos coinciden en que una parte importante del futuro de Panamá, está en el desarrollo de actividades marítimas y portuarias. Ello lo hemos hecho bien. Por otro lado, Panamá ha cumplido con obligaciones internacionales como lo es la adopción de una Ley de Trabajo en el Mar, la cual se adoptó mediante Decreto Ley No. 8 del 26 de febrero de 1998.
Así como hemos tenido una visión de futuro en estos aspectos, hemos carecido del seguimiento necesario. Adoptamos una ley de trabajo en el mar, que crea dos tribunales laborales marítimos, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico y desde hace dos años, todavía no se han creado. Cada intento de incluirlos en el Presupuesto Nacional, ha sido eliminado por la burocracia tradicional, que no sólo no entiende las obligaciones que como país tenemos, sino que pretenden imponer patrones tradicionales que nos afectan como un país serio y responsable. Hoy no podemos brindar la justicia requerida a los miles de marinos empleados por la flota panameña, por la falta de entendimiento de la responsabilidad que desde hace años tenemos, y lo peor; no existe ningún plan serio de implementación de dichos tribunales. Llegamos muy bien hasta adoptar la ley. Pero de allí no hemos pasado. Hoy Panamá se da el lujo de no tener respuestas para los miles de marinos que laboran a bordo de buques panameños en el mundo entero. Esto no es un ejemplo de organización, mucho menos de visión, y por supuesto, quienes nos critican como un país de registro de buques sin soluciones a los problemas que dicho registro ocasiona, tienen algo de razón. Nos damos el lujo de ignorar claras obligaciones internacionales.
A lo anterior, ahora debemos agregar la falta de preparación para las obligaciones que en materia de días asumiremos. Operar el Canal de Panamá no es sólo que los buques transiten eficientemente. La operación del Canal genera una serie de responsabilidades legales, para las cuales no hemos hecho nada. Muchos de nuestros funcionarios, no sólo carecen del entendimiento de lo que debemos hacer. La falta de preparación y de entendimiento de lo que asumimos en materia judicial, sólo envía señales de alarma a la comunidad marítima internacional. Los afectados en materia de daños de carga, abordajes, accidentes, primordialmente propietarios- operadores de buques y sus aseguradores de casco o de responsabilidad civil hoy ven, con alguna preocupación, que nuestro sistema judicial pretende asumir las nuevas responsabilidades con un tribunal que tiene menos personal que un juzgado municipal. Debemos entender que al Tribunal Marítimo de Panamá no pueden agregarse funciones tan serias e importantes, como lo es decidir las reclamaciones que surjan de la operación del Canal, sin siquiera dotarlo de personal necesario y calificado y de lo necesario para impartir la justicia rápida y eficiente que los intereses marítimos reclaman y a los que están acostumbrados.
Esta es la hora en que Panamá y sus gobernantes deben asumir no sólo la responsabilidad de preparar los estamentos judiciales para el nuevo milenio, sino que en materia marítima, tenemos obligaciones claras y precisas, que requieren que se implemente con la mayor celeridad, la facilidad tribunalicia a la que nos hemos comprometido. Brindar una justicia marítima eficiente y rápida es una obligación de la transferencia del Canal.
Es hora que quienes tienen la responsabilidad de que Panamá cumpla, dejen de ignorar que estamos a punto de hacer otro ridículo internacional, por no prepararnos a tiempo y debidamente. La solución, sea otro tribunal o dotar al actual con el personal calificado y el equipo necesario, será materia a la discreción de los responsables. Y sólo quedan pocos días para improvisar una solución.
El Canal de Panamá es, hasta el 31 de diciembre de 1999, una agencia federal del gobierno norteamericano y como tal, cuando por negligencia de sus empleados se le ocasionan daños a las naves, carga, tripulantes o pasajeros, los perjudicados debían demandar a dicha agencia ante la Corte Distrital del Estado de Louisiana.
A partir del 1 de enero del 2000, todos los casos que involucren responsabilidad por parte del Canal, derivada de negligencia de sus empleados y que ocasionan daños a las naves, cargas, tripulantes o pasajeros, de acuerdo con los artículos 63 y 72 de la Ley No. 19 de 11 de junio de 1977, deberán ser presentados ante el Tribunal Marítimo de Panamá, lo que nos lleva a mirar hacia dicho tribunal para preguntarnos si se está o no preparado para acometer dicha responsabilidad.
No existe ninguna preparación presupuestaria, ningún proyecto de ley, ni mucho menos manifestaciones gubernamentales que, si quiera, permitan expresar que los funcionarios encargados de la planificación administrativa entienden las obligaciones que hemos adquirido. Pretendemos, en otro acto de improvisación irresponsable, que las actuales estructuras judiciales marítimas decidan nuevos reclamos con el mismo personal y el mismo presupuesto con el que lo han venido haciendo desde 1982.
El 30 de marzo de 1982, al cumplirse una etapa vital del Tratado Torrijos-Carter, clausuró operaciones el Tribunal Federal de la Zona del Canal y Panamá asumió la responsabilidad pactada creando el Tribunal Marítimo. En el propio Tratado se le adjudicó al nuevo tribunal un edificio propio, pero luego fue saturado con tribunales civiles y penales; en el presupuesto se establecieron las partidas mínimas para su funcionamiento, pero jamás se le suministró una fórmula de crecimiento congruente con el volumen y la complejidad de las causas que atiende; se le dotó del personal idóneo necesario, pero con el correr del tiempo, es el único tribunal cuya cantidad de funcionarios no crece.
Desde la creación del Tribunal Marítimo el número de casos y reclamos ha ido en aumento constante, al punto que hoy, el mismo requiere, cuando menos, de aumento de personal y facilidades para cumplir con lo pendiente. Aún así, el no entendimiento de la responsabilidad judicial es clara, al no existir siquiera un plan de incremento de facilidades para atender las responsabilidades adicionales. Nuevamente es obvio, que lo que haremos será improvisar, producto de la falta de entendimiento, de visión y de responsabilidad del rol que la justicia panameña debe asumir en materia de días.
Durante los últimos años, mucho se ha hablado en Panamá del incremento de actividades marítimas. Muchas de ellas han ocurrido con brillante eficiencia. Las nuevas concesiones portuarias, la privatización de actividades marítimas, al punto que todos los economistas y políticos coinciden en que una parte importante del futuro de Panamá, está en el desarrollo de actividades marítimas y portuarias. Ello lo hemos hecho bien. Por otro lado, Panamá ha cumplido con obligaciones internacionales como lo es la adopción de una Ley de Trabajo en el Mar, la cual se adoptó mediante Decreto Ley No. 8 del 26 de febrero de 1998.
Así como hemos tenido una visión de futuro en estos aspectos, hemos carecido del seguimiento necesario. Adoptamos una ley de trabajo en el mar, que crea dos tribunales laborales marítimos, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico y desde hace dos años, todavía no se han creado. Cada intento de incluirlos en el Presupuesto Nacional, ha sido eliminado por la burocracia tradicional, que no sólo no entiende las obligaciones que como país tenemos, sino que pretenden imponer patrones tradicionales que nos afectan como un país serio y responsable. Hoy no podemos brindar la justicia requerida a los miles de marinos empleados por la flota panameña, por la falta de entendimiento de la responsabilidad que desde hace años tenemos, y lo peor; no existe ningún plan serio de implementación de dichos tribunales. Llegamos muy bien hasta adoptar la ley. Pero de allí no hemos pasado. Hoy Panamá se da el lujo de no tener respuestas para los miles de marinos que laboran a bordo de buques panameños en el mundo entero. Esto no es un ejemplo de organización, mucho menos de visión, y por supuesto, quienes nos critican como un país de registro de buques sin soluciones a los problemas que dicho registro ocasiona, tienen algo de razón. Nos damos el lujo de ignorar claras obligaciones internacionales.
A lo anterior, ahora debemos agregar la falta de preparación para las obligaciones que en materia de días asumiremos. Operar el Canal de Panamá no es sólo que los buques transiten eficientemente. La operación del Canal genera una serie de responsabilidades legales, para las cuales no hemos hecho nada. Muchos de nuestros funcionarios, no sólo carecen del entendimiento de lo que debemos hacer. La falta de preparación y de entendimiento de lo que asumimos en materia judicial, sólo envía señales de alarma a la comunidad marítima internacional. Los afectados en materia de daños de carga, abordajes, accidentes, primordialmente propietarios- operadores de buques y sus aseguradores de casco o de responsabilidad civil hoy ven, con alguna preocupación, que nuestro sistema judicial pretende asumir las nuevas responsabilidades con un tribunal que tiene menos personal que un juzgado municipal. Debemos entender que al Tribunal Marítimo de Panamá no pueden agregarse funciones tan serias e importantes, como lo es decidir las reclamaciones que surjan de la operación del Canal, sin siquiera dotarlo de personal necesario y calificado y de lo necesario para impartir la justicia rápida y eficiente que los intereses marítimos reclaman y a los que están acostumbrados.
Esta es la hora en que Panamá y sus gobernantes deben asumir no sólo la responsabilidad de preparar los estamentos judiciales para el nuevo milenio, sino que en materia marítima, tenemos obligaciones claras y precisas, que requieren que se implemente con la mayor celeridad, la facilidad tribunalicia a la que nos hemos comprometido. Brindar una justicia marítima eficiente y rápida es una obligación de la transferencia del Canal.
Es hora que quienes tienen la responsabilidad de que Panamá cumpla, dejen de ignorar que estamos a punto de hacer otro ridículo internacional, por no prepararnos a tiempo y debidamente. La solución, sea otro tribunal o dotar al actual con el personal calificado y el equipo necesario, será materia a la discreción de los responsables. Y sólo quedan pocos días para improvisar una solución.
