Responsabilidad social de las empresas
El principio de la responsabilidad compartida es la base de todo contrato social y el fundamento de la convivencia ciudadana. El piso de la estructura nacional lo conforman el pluralismo político, la competencia económica y la igual en el campo social.
Hay funciones claras. Al gobierno le corresponde democratizar, distribuir y equilibrar el poder, no concentrarlo en forma discrecional. El papel de la oposición política es pasar de ser una expresión de opinión opositora desarticula para convertirse en una alternativa de gobierno con una postura responsable ante los grandes desafíos nacionales.
El sector empresarial tiene la obligación de cumplir con los principios vinculados a los derechos humanos, el trabajo de calidad y el medio ambiente. La sociedad organizada debe actuar en forma cada vez más participativa para exigir mejores estándares éticos. Los ciudadanos en general están llamados a aprovechar los distintos espacios en los cuales puedan levantar su voz y demandar que se los tome en cuenta en las decisiones que los afectan.
Mirado desde la perspectiva de la justicia y el desarrollo, el problema central de Panamá es la desigualdad. Si no se enfrenta con determinación, la democracia, el capitalismo exitoso y la paz social, podrían verse comprometidos. La recuperación de los más postergados, dentro de una economía que integre eficiencia y productividad con capacidad distributiva debería convertirse en una meta compartida por todos los sectores de la sociedad panameña.
Además de las acciones del Gobierno Nacional como administrador puro del Estado, corresponde al sector privado una gran cuota de responsabilidad en materia social. El tema de la responsabilidad social corporativa es parte de un debate internacional del cual las empresas locales no están exentas. Pueden sustraerse a la corriente mundial, pero eso no significa detener la realidad de una corriente que está posesionándose del quehacer empresarial. En Inglaterra, por ejemplo, se ha creado una organización denominada la empresa en la comunidad para enfrentar la demanda social que se acumula sobre el sector privado.
La presión se origina en la sociedad organizada que plantea comportamientos éticos cada vez más exigentes. No sólo lo demandan del liderazgo político, también de los ejecutivos y accionistas de las empresas. No es suficiente que una empresa cumpla con las normas legales para que sea considerada como socialmente responsable. Debe mostrar una ética y procedimientos transparentes con los consumidores, los empleados, el medio ambiente y retribuir a las comunidades la riqueza acumulada. No es reaccionar ante la demanda de los consumidores, empleados o la comunidad, entregando migajas para aminorar la presión. Es granjearse un liderazgo en los temas sensibles para el resto de los ciudadanos como son los empleos de calidad, la sustentabilidad social y el medio ambiente.
Las organizaciones de consumidores en Panamá, por otro lado, son cada vez más vociferantes y articulan las demandas del resto de la población. Están creando conciencia entre los consumidores para que exijan servicios responsables, artículos de calidad y rechacen la publicidad engañosa. Pero hay que ir más allá. Deberían crearse juicios de valores sobre las causas que comparten los ejecutivos y accionistas de las empresas, si promueven una cultura ética, si garantizan los derechos laborales de sus empleados y no atentan contra el medio ambiente.
Cuando se habla de corrupción, inmediatamente se piensa en los funcionarios públicos. Pero la realidad es que se trata de un círculo vicioso entre empresarios que corrompen y funcionarios corruptibles. Las quiebras fraudulentas de empresas, bancos y financieras locales y la depredación de los recursos naturales, son clara expresión de prácticas de corrupción corporativa.
La política de cero tolerancia a la corrupción que se ha impuesto el gobierno nacional, debería ser incorporada a su agenda de trabajo por el sector privado panameño. Eso repercutiría en la eficiencia del servicio, en la calidad del producto y estimularía entre los gerentes y empleados una cultura de compromiso social que se reproduciría en el rendimiento y en la proyección hacia la comunidad. La meta final debería ser contar en Panamá con una empresa privada responsable y con una sociedad organizada cada vez más articulada y participativa en la demanda de sus derechos.
Hay funciones claras. Al gobierno le corresponde democratizar, distribuir y equilibrar el poder, no concentrarlo en forma discrecional. El papel de la oposición política es pasar de ser una expresión de opinión opositora desarticula para convertirse en una alternativa de gobierno con una postura responsable ante los grandes desafíos nacionales.
El sector empresarial tiene la obligación de cumplir con los principios vinculados a los derechos humanos, el trabajo de calidad y el medio ambiente. La sociedad organizada debe actuar en forma cada vez más participativa para exigir mejores estándares éticos. Los ciudadanos en general están llamados a aprovechar los distintos espacios en los cuales puedan levantar su voz y demandar que se los tome en cuenta en las decisiones que los afectan.
Mirado desde la perspectiva de la justicia y el desarrollo, el problema central de Panamá es la desigualdad. Si no se enfrenta con determinación, la democracia, el capitalismo exitoso y la paz social, podrían verse comprometidos. La recuperación de los más postergados, dentro de una economía que integre eficiencia y productividad con capacidad distributiva debería convertirse en una meta compartida por todos los sectores de la sociedad panameña.
Además de las acciones del Gobierno Nacional como administrador puro del Estado, corresponde al sector privado una gran cuota de responsabilidad en materia social. El tema de la responsabilidad social corporativa es parte de un debate internacional del cual las empresas locales no están exentas. Pueden sustraerse a la corriente mundial, pero eso no significa detener la realidad de una corriente que está posesionándose del quehacer empresarial. En Inglaterra, por ejemplo, se ha creado una organización denominada la empresa en la comunidad para enfrentar la demanda social que se acumula sobre el sector privado.
La presión se origina en la sociedad organizada que plantea comportamientos éticos cada vez más exigentes. No sólo lo demandan del liderazgo político, también de los ejecutivos y accionistas de las empresas. No es suficiente que una empresa cumpla con las normas legales para que sea considerada como socialmente responsable. Debe mostrar una ética y procedimientos transparentes con los consumidores, los empleados, el medio ambiente y retribuir a las comunidades la riqueza acumulada. No es reaccionar ante la demanda de los consumidores, empleados o la comunidad, entregando migajas para aminorar la presión. Es granjearse un liderazgo en los temas sensibles para el resto de los ciudadanos como son los empleos de calidad, la sustentabilidad social y el medio ambiente.
Las organizaciones de consumidores en Panamá, por otro lado, son cada vez más vociferantes y articulan las demandas del resto de la población. Están creando conciencia entre los consumidores para que exijan servicios responsables, artículos de calidad y rechacen la publicidad engañosa. Pero hay que ir más allá. Deberían crearse juicios de valores sobre las causas que comparten los ejecutivos y accionistas de las empresas, si promueven una cultura ética, si garantizan los derechos laborales de sus empleados y no atentan contra el medio ambiente.
Cuando se habla de corrupción, inmediatamente se piensa en los funcionarios públicos. Pero la realidad es que se trata de un círculo vicioso entre empresarios que corrompen y funcionarios corruptibles. Las quiebras fraudulentas de empresas, bancos y financieras locales y la depredación de los recursos naturales, son clara expresión de prácticas de corrupción corporativa.
La política de cero tolerancia a la corrupción que se ha impuesto el gobierno nacional, debería ser incorporada a su agenda de trabajo por el sector privado panameño. Eso repercutiría en la eficiencia del servicio, en la calidad del producto y estimularía entre los gerentes y empleados una cultura de compromiso social que se reproduciría en el rendimiento y en la proyección hacia la comunidad. La meta final debería ser contar en Panamá con una empresa privada responsable y con una sociedad organizada cada vez más articulada y participativa en la demanda de sus derechos.
