Riesgos de la segunda vuelta
La posibilidad de una segunda presidencia de la república de Alan García ha resucitado viejos traumas peruanos y extranjeros, partiendo de la hipótesis que el postulante aprista pueda reeditar el esquema económico de controles y excesiva injerencia del Estado. Por su parte, el candidato Alejandro Toledo también despierta desconfianza a las empresas consultoras por las contradicciones entre sus promesas populistas de campaña - "subiré los sueldos y reduciré los impuestos" - y el discurso neoliberal del jefe de su equipo económico Pedro Pablo Kuzcinsky, ex ministro de Belaúnde Terry, vinculado a la banca transnacional.
Más desconfianza despiertan, sin embargo, las empresas consultoras entre los peruanos por el aval irrestricto que le dieron a Fujimori. Sus analistas se han lanzado a una orquestada campaña de terrorismo financiero contra García, sin reparar que su apoyo al neoliberalismo antipopular las ha desacreditado. La estrategia del candidato aprista se basó en oponerse al programa fujimorista apoyado por las calificadoras que sólo se interesaron en la vigencia de indicadores estrictamente económicos ( paridad monetaria, índice inflacionario, etc.), pero jamás se interesaron en indicadores sociales como el pavoroso desempleo y la deficiente calidad de vida de los peruanos.
Las opiniones de los agentes de las calificadoras antes de la segunda vuelta constituyen una turbia muestra de intervencionismo político en un acto soberano como la consulta electoral que sólo deben definir los electores peruanos que, por lo demás, tienen muy presente el respaldo de J.P. Morgan, Morgan Stanley, Standard Poor´s a la pandilla de la cleptocracia fujimorista.
Sin embargo, pienso que García y Toledo deben comprometerse formalmente a la definición de sus políticas económicas antes de la realización de la segunda vuelta. Si su objetivo es la captación de inversionistas extranjeros, deben comprometerse a la concreción de un estatuto de la inversión foránea, fijando qué clase de inversiones les interesan, teniendo como meta el pleno empleo; cuáles son las reglas del juego que formularán si ganan las elecciones y su respeto a las garantías jurídicas que las sustenten. Asimismo deben comprometerse a mantener un determinado porcentaje de déficit fiscal con relación al PBI; a reglamentar la emisión de moneda; a reducir el gasto fiscal y no gastar por encima del ingreso ordinario, ni endeudarse por encima de las reales posibilidades económicas; y sobre todo, comprometerse a desmantelar la innecesaria, inútil, frondosa maquinaria burocrática que el régimen militar de Velasco Alvarado edificó y que Fujimori pervirtió hasta reducirla a simple apéndice al servicio de su gula reeleccionista.
Desde Velasco Alvarado hasta García y Fujimori, el Perú fue laboratorio de experimentación de modelos económicos absolutistas, desde el estatismo confiscador y burocratizante de la dictadura militar hasta el neoliberalismo privatizador y entreguista de la cleptocracia. Alan García, en la primera mitad de su gobierno, impulsó la inversión estatal de cepa keynesiana, mezclada con una confrontación abierta contra el Fondo Monetario Internacional por el monto del pago de la deuda externa. En la segunda parte del régimen se aventuró en caminos controlistas que desembocaron en una inflación que desintegró la relación sol- dólar.
El Perú - para decirlo directamente, los peruanos- no resisten más experimentos económicos. García ha formulado una autocrítica por los errores económicos de su gobierno. Tiene derecho a rectificarse y los votos de la primera vuelta revelan que hay votantes que aceptaron su propósito de enmienda. En el pasado republicano peruano existen casos de presidentes que fueron reelegidos porque abjuraron de los equívocos del pasado. Manuel Prado persiguió a los apristas en su primer período de 1939 y 1945, pero en su segundo gobierno fue claramente democrático y tolerante con sus adversarios ideológicos. Fernando Belaúnde Terry mantuvo la línea desarrollista en sus dos regímenes, aunque corrigió en el segundo gobierno su indiferencia a la inversión privada.
En el nuevo discurso de Alan García se ha atenuado su tendencia a la retórica confrontacionista. Ha aprendido al parecer que los problemas económicos pueden plantearse con lenguaje de banqueros, como lo hizo Brasil cuando suspendió el pago total de la deuda externa. Pero subsiste todavía su proclividad al Estado beneficencia, como su promesa de crear un Banco Agrario estatal para auxiliar a los campesinos, cuando la reconstrucción de la producción agraria, sólo en el caso del azúcar, por ejemplo, requiere capitales inmensos que el gobierno no tiene, y hace falta una reestructuración integral de la agricultura peruana en niveles de tecnología, mercados, eficiencia productiva y cooperación técnica al campesinado pobre. Un banco agrario es un vaso de agua en un incendio.
Por su parte, Toledo se ha metido en camisa de once varas al prometer aumentos de sueldos a millares de profesores, al calor de las manifestaciones, simultáneamente con recortes de impuestos. ¿ Dónde encontraría Toledo recursos para financiar los incrementos salariales, si va a bajar los ingresos fiscales? ¿ Recurrirá a la maquinita impresora de billetes? ¿ Contraerá nuevos empréstitos externos? En la primera campaña electoral Toledo habló como un político populista más a la conquista de votos a cualquier precio. En el segundo tramo tendrá que desempolvar la enseñanza que recibió en la Universidad de Stanford y hablar con la madurez de un estadista que mide la responsabilidad de sus promesas. Toledo carece de experiencia en administración estatal. No debe alardear de un equipo de asesores económicos que ha improvisado a la carrera y debe admitir que su aparente organización política es una suma de parches de gente de Acción Popular y de independientes de origen variado.
Pocas veces han existido tanta incertidumbre en una compulsa electoral. Para disipar las dudas, García y Toledo deben esforzarse en la presentación de programas económicos viables, exorcizados de fantasmas populistas anacrónicos, y asumir compromisos de cumplimiento obligatorio porque los estoicos peruanos ya no soportan más engaños, más errores, más incompetencia, después de todas las calamidades acumuladas en los gobiernos del siglo veinte.
Sin embargo, la responsabilidad central del nuevo gobierno será la creación de empleos, de nuevos puestos de trabajo generados no por el gobierno sino por la empresa privada, nacional o extranjera.
Más desconfianza despiertan, sin embargo, las empresas consultoras entre los peruanos por el aval irrestricto que le dieron a Fujimori. Sus analistas se han lanzado a una orquestada campaña de terrorismo financiero contra García, sin reparar que su apoyo al neoliberalismo antipopular las ha desacreditado. La estrategia del candidato aprista se basó en oponerse al programa fujimorista apoyado por las calificadoras que sólo se interesaron en la vigencia de indicadores estrictamente económicos ( paridad monetaria, índice inflacionario, etc.), pero jamás se interesaron en indicadores sociales como el pavoroso desempleo y la deficiente calidad de vida de los peruanos.
Las opiniones de los agentes de las calificadoras antes de la segunda vuelta constituyen una turbia muestra de intervencionismo político en un acto soberano como la consulta electoral que sólo deben definir los electores peruanos que, por lo demás, tienen muy presente el respaldo de J.P. Morgan, Morgan Stanley, Standard Poor´s a la pandilla de la cleptocracia fujimorista.
Sin embargo, pienso que García y Toledo deben comprometerse formalmente a la definición de sus políticas económicas antes de la realización de la segunda vuelta. Si su objetivo es la captación de inversionistas extranjeros, deben comprometerse a la concreción de un estatuto de la inversión foránea, fijando qué clase de inversiones les interesan, teniendo como meta el pleno empleo; cuáles son las reglas del juego que formularán si ganan las elecciones y su respeto a las garantías jurídicas que las sustenten. Asimismo deben comprometerse a mantener un determinado porcentaje de déficit fiscal con relación al PBI; a reglamentar la emisión de moneda; a reducir el gasto fiscal y no gastar por encima del ingreso ordinario, ni endeudarse por encima de las reales posibilidades económicas; y sobre todo, comprometerse a desmantelar la innecesaria, inútil, frondosa maquinaria burocrática que el régimen militar de Velasco Alvarado edificó y que Fujimori pervirtió hasta reducirla a simple apéndice al servicio de su gula reeleccionista.
Desde Velasco Alvarado hasta García y Fujimori, el Perú fue laboratorio de experimentación de modelos económicos absolutistas, desde el estatismo confiscador y burocratizante de la dictadura militar hasta el neoliberalismo privatizador y entreguista de la cleptocracia. Alan García, en la primera mitad de su gobierno, impulsó la inversión estatal de cepa keynesiana, mezclada con una confrontación abierta contra el Fondo Monetario Internacional por el monto del pago de la deuda externa. En la segunda parte del régimen se aventuró en caminos controlistas que desembocaron en una inflación que desintegró la relación sol- dólar.
El Perú - para decirlo directamente, los peruanos- no resisten más experimentos económicos. García ha formulado una autocrítica por los errores económicos de su gobierno. Tiene derecho a rectificarse y los votos de la primera vuelta revelan que hay votantes que aceptaron su propósito de enmienda. En el pasado republicano peruano existen casos de presidentes que fueron reelegidos porque abjuraron de los equívocos del pasado. Manuel Prado persiguió a los apristas en su primer período de 1939 y 1945, pero en su segundo gobierno fue claramente democrático y tolerante con sus adversarios ideológicos. Fernando Belaúnde Terry mantuvo la línea desarrollista en sus dos regímenes, aunque corrigió en el segundo gobierno su indiferencia a la inversión privada.
En el nuevo discurso de Alan García se ha atenuado su tendencia a la retórica confrontacionista. Ha aprendido al parecer que los problemas económicos pueden plantearse con lenguaje de banqueros, como lo hizo Brasil cuando suspendió el pago total de la deuda externa. Pero subsiste todavía su proclividad al Estado beneficencia, como su promesa de crear un Banco Agrario estatal para auxiliar a los campesinos, cuando la reconstrucción de la producción agraria, sólo en el caso del azúcar, por ejemplo, requiere capitales inmensos que el gobierno no tiene, y hace falta una reestructuración integral de la agricultura peruana en niveles de tecnología, mercados, eficiencia productiva y cooperación técnica al campesinado pobre. Un banco agrario es un vaso de agua en un incendio.
Por su parte, Toledo se ha metido en camisa de once varas al prometer aumentos de sueldos a millares de profesores, al calor de las manifestaciones, simultáneamente con recortes de impuestos. ¿ Dónde encontraría Toledo recursos para financiar los incrementos salariales, si va a bajar los ingresos fiscales? ¿ Recurrirá a la maquinita impresora de billetes? ¿ Contraerá nuevos empréstitos externos? En la primera campaña electoral Toledo habló como un político populista más a la conquista de votos a cualquier precio. En el segundo tramo tendrá que desempolvar la enseñanza que recibió en la Universidad de Stanford y hablar con la madurez de un estadista que mide la responsabilidad de sus promesas. Toledo carece de experiencia en administración estatal. No debe alardear de un equipo de asesores económicos que ha improvisado a la carrera y debe admitir que su aparente organización política es una suma de parches de gente de Acción Popular y de independientes de origen variado.
Pocas veces han existido tanta incertidumbre en una compulsa electoral. Para disipar las dudas, García y Toledo deben esforzarse en la presentación de programas económicos viables, exorcizados de fantasmas populistas anacrónicos, y asumir compromisos de cumplimiento obligatorio porque los estoicos peruanos ya no soportan más engaños, más errores, más incompetencia, después de todas las calamidades acumuladas en los gobiernos del siglo veinte.
Sin embargo, la responsabilidad central del nuevo gobierno será la creación de empleos, de nuevos puestos de trabajo generados no por el gobierno sino por la empresa privada, nacional o extranjera.
