Rompiendo paradigmas
El pasado mes de marzo la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), encontró cientos de documentos y contratos firmados en blanco durante una diligencia administrativa realizada en cuatro mueblerías, tres financieras y una casa de empeño, acción que fue debidamente autorizada por la juez del Juzgado Octavo del Primer Circuito Judicial de Panamá, instancia que conoce sobre las materias de protección al consumidor.
Lo importante de esta diligencia de aseguramiento de pruebas fue que la CLICAC comprobó que las quejas y denuncias que estaban interponiendo los consumidores eran una triste realidad, especialmente para los más vulnerables como los jubilados y ciudadanos de escasos recursos.
Conscientes de sus facultades legales, los funcionarios de la CLICAC ejecutaron la orden judicial con el objetivo de recabar los elementos probatorios y al llegar a los establecimientos se encontraron con una flagrante violación a la Ley 29 de 1996: documentos firmados en blanco, desde contratos primarios hasta letras o pagaré, poderes de juicios ordinarios, solicitud de certificado de pensionado, nota enviada al Contralor General para descuento, carta a la Asociación de Mueblerías para remitir descuentos, solicitud de certificación de la Caja de Seguro Social, órdenes de jueces municipales, y otros tipos de documentos que comprobaban la conducta ilegal de estos agentes económicos.
La razón de la acción de la CLICAC se basó en el hecho de que desde el momento en que los agentes económicos tienen en su poder estos documentos firmados en blanco, pueden causarle a los consumidores lesiones patrimoniales o pecuniarias de miles y miles de balboas, en el sentido de que deudas que han podido ser pactadas por cientos de balboas se pueden convertir en deudas de miles de balboas o más gravosas aún. Esta situación permite al agente económico introducir en un contrato firmado en blanco la suma que le parezca y que no haya sido la pactada.
El descaro de los agentes intervenidos no sólo fue evidenciado en el hecho de que los documentos fueron encontrados fuera de los archivos y sobre los escritorios, sino que además salieron a defenderse en los medios de comunicación haciendo el papel de víctimas, aduciendo que la práctica de firmar documentos en blanco era una costumbre normal que venían realizando desde hace varios años.
La opinión pública apoyó la acción de la CLICAC, la cual calificó de "oportuna" debido a que era la primera vez que una institución tomaba cartas en un asunto tan sensitivo para el bienestar público y decidía ponerle un alto al abuso que se comete cuando se obliga a los consumidores a firmar contratos y documentos en blanco en circunstancias que pudiesen ser llenados con posterioridad por el proveedor en perjuicio del consumidor.
No hay duda que la acción ejecutada por los funcionarios de la CLICAC refleja un coraje y la determinación insoslayable de hacer cumplir la ley.
El propósito institucional de la CLICAC en realizar estas diligencias administrativas ha sido siempre la de dar respuesta a las innumerables quejas interpuestas por los ciudadanos del país, hacer valer los derechos del consumidor y supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores.
Sabemos que la CLICAC está rompiendo paradigmas, está pisando callos grandes y se está enfrentando a los sectores más poderosos de la economía nacional con su única herramienta de convencimiento como lo es la Ley 29 de 1996.
Como
Lo importante de esta diligencia de aseguramiento de pruebas fue que la CLICAC comprobó que las quejas y denuncias que estaban interponiendo los consumidores eran una triste realidad, especialmente para los más vulnerables como los jubilados y ciudadanos de escasos recursos.
Conscientes de sus facultades legales, los funcionarios de la CLICAC ejecutaron la orden judicial con el objetivo de recabar los elementos probatorios y al llegar a los establecimientos se encontraron con una flagrante violación a la Ley 29 de 1996: documentos firmados en blanco, desde contratos primarios hasta letras o pagaré, poderes de juicios ordinarios, solicitud de certificado de pensionado, nota enviada al Contralor General para descuento, carta a la Asociación de Mueblerías para remitir descuentos, solicitud de certificación de la Caja de Seguro Social, órdenes de jueces municipales, y otros tipos de documentos que comprobaban la conducta ilegal de estos agentes económicos.
La razón de la acción de la CLICAC se basó en el hecho de que desde el momento en que los agentes económicos tienen en su poder estos documentos firmados en blanco, pueden causarle a los consumidores lesiones patrimoniales o pecuniarias de miles y miles de balboas, en el sentido de que deudas que han podido ser pactadas por cientos de balboas se pueden convertir en deudas de miles de balboas o más gravosas aún. Esta situación permite al agente económico introducir en un contrato firmado en blanco la suma que le parezca y que no haya sido la pactada.
El descaro de los agentes intervenidos no sólo fue evidenciado en el hecho de que los documentos fueron encontrados fuera de los archivos y sobre los escritorios, sino que además salieron a defenderse en los medios de comunicación haciendo el papel de víctimas, aduciendo que la práctica de firmar documentos en blanco era una costumbre normal que venían realizando desde hace varios años.
La opinión pública apoyó la acción de la CLICAC, la cual calificó de "oportuna" debido a que era la primera vez que una institución tomaba cartas en un asunto tan sensitivo para el bienestar público y decidía ponerle un alto al abuso que se comete cuando se obliga a los consumidores a firmar contratos y documentos en blanco en circunstancias que pudiesen ser llenados con posterioridad por el proveedor en perjuicio del consumidor.
No hay duda que la acción ejecutada por los funcionarios de la CLICAC refleja un coraje y la determinación insoslayable de hacer cumplir la ley.
El propósito institucional de la CLICAC en realizar estas diligencias administrativas ha sido siempre la de dar respuesta a las innumerables quejas interpuestas por los ciudadanos del país, hacer valer los derechos del consumidor y supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores.
Sabemos que la CLICAC está rompiendo paradigmas, está pisando callos grandes y se está enfrentando a los sectores más poderosos de la economía nacional con su única herramienta de convencimiento como lo es la Ley 29 de 1996.
Como
