Saga por la alcaldía capitalina

El asunto se puede analizar como un ciudadano cualquiera, o el asunto se puede analizar como un enjundioso jurista. Pero, después de haber decidido escoger uno de los caminos, no se vale dar marcha atrás y decidirse por el otro. Me explico.

En los Estados Unidos, una de las democracias más longevas y más sólidas del mundo, la elección presidencial del año 2000 enfrentó a los norteamericanos con el hecho de que el candidato demócrata había ganado la elección popular, pero el candidato republicano había ganado la elección, llamémosla electoral, que es la que cuenta para el resultado.

Independientemente de ello, lo que más frustró a la sociedad norteamericana fue observar cómo lo que naturalmente debería haberse decidido en las urnas, terminó decidiéndose por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Algo parecido sucedió entre nosotros, en relación con la pasada elección para elegir al alcalde del distrito capital. Algunos juristas sostuvimos en su momento que la Ley y la Constitución eran claras, y que competía al Tribunal Electoral desestimar la candidatura a alcalde, de quien finalmente, salió electo.

No obstante, el Tribunal Electoral, tal vez con mejor criterio que el de nosotros, decidió que fuesen los electores los que decidieran quién sería su alcalde y no el fallo de una autoridad jurisdiccional. Al hacerlo de esa manera, también decidieron, aunque no lo dijeron expresamente, que a pesar de lo que evidentemente decía la Ley, no debía prohibírsele participar en una elección para alcalde del distrito capital a quien es, evidentemente y a todas luces, ciudadano panameño.

En el calor del momento, no se nos ocurrió que tal vez una respuesta jurídica alternativa a la disyuntiva planteada hubiera sido presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones que, supuestamente, no le permitían al alcalde electo correr para el cargo correspondiente.

Si hizo bien o no el Tribunal Electoral desde la perspectiva jurídica, no es el tema del momento. Lo que no es comprensible, ni ético, ni correcto, bajo ninguna perspectiva, es que habiendo decidido eso en ese momento, y luego de que los ciudadanos de la capital escogimos a nuestro alcalde, el Tribunal Electoral dé marcha atrás, desconociendo el veredicto de las urnas.

El momento del análisis jurídico enjundioso ya pasó; ahora es el momento de reconocer el triunfo del legítimo ganador. No hacerlo sería sentar un grave precedente en los anales de la historia electoral, que hemos venido construyendo con transparencia y apego a la ley electoral a partir de 1990.