Sala Quinta o Quinta Columna

La gran mayoría de los empresarios nacionales venimos desde hace meses preocupados por la cantidad de leyes que se han promulgado y que, en una u otra forma, regulan las prácticas comerciales y las actividades económicas del país. Muchas de estas leyes han sido sugeridas por los organismos internacionales de crédito bajo promesas de préstamos o ayuda económica que sólo sirven para inflar los presupuestos del Estado. Al no lograrse estos desembolsos en un determinado período fiscal, obligan a la Contraloría a efectuar recortes de acuerdo a la norma establecida por la ley del presupuesto, tal es el caso del anunciado este año de aproximadamente 180 millones de balboas. Además de la frustración de las comunidades que observan las soluciones a sus problemas truncados, quedan las leyes aprobadas que a su vez implican la creación de instituciones y nombramientos de burócratas a un costo de país desarrollado. Sin menospreciar la capacidad intelectual de nuestros funcionarios, tenemos que reconocer el alto grado de influencia política que ejercen los partidos y los grandes poderes económicos que, sin duda, afectan las decisiones de algunos de estos funcionarios públicos en detrimento de las grandes mayorías. Estos nuevos nombramientos, ahora protegidos por leyes especiales, investidos con títulos de magistrados o comisionados, inamovibles por períodos más allá de los presidenciales, podrían en cierta forma convertirse en obstáculos al progreso nacional. Comprendo que por mandato constitucional las posiciones en la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Electoral, y ahora la Junta Directiva de la Autoridad del Canal deben ser reemplazadas en diferentes períodos presidenciales con el fin de evitar que los partidos políticos tengan en un momento dado influencia más allá de lo aconsejable. No obstante, quitarle al Ejecutivo la posibilidad de nombrar personas de confianza en la Autoridad Nacional del Medio Ambiente, la Autoridad Marítima Nacional, la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, el Registro Público, la Superintendencia de Bancos, la Autoridad de la Región Interoceánica, y la Contraloría General de la República, podría poner en peligro la gobernabilidad del Estado. Además, resulta incomprensible que, precisamente en este momento histórico para nuestra democracia, se nombre en el Canal una Junta Directiva en donde prevalece el amiguismo y nexos familiares con el actual Presidente de la República. De igual manera, y sin ninguna necesidad, se fuerza el nombramiento de dos miembros del PRD en posiciones de subadministrador y fiscal general de la vía interoceánica, a escasos dos meses del cambio de gobierno y por ende del nombramiento del nuevo presidente de su junta directiva. Por otro lado, afloran a la luz pública problemas fronterizos con Colombia creando pánico general entre los moradores del área y dando paso a especulaciones sobre la capacidad de nuestra fuerza policial de defender y proteger nuestro territorio y por ende la seguridad del Canal. No contento con lo anterior, y como preparativo para la toma de posesión de la presidenta electa, la aplanadora legislativa del PRD continúa promulgando y modificando leyes a velocidad de urgencia notoria, aún en contra de manifestaciones populares y presiones gremiales de toda índole. No me extrañaría que, como en ocasiones anteriores, al finalizar el presente período legislativo, le otorguen facultades extraordinarias al Ejecutivo para que promulgue las leyes inconclusas. Ante lo expuesto anteriormente, debemos tener siempre presente que estamos viviendo un momento histórico en el cual los panameños estamos obligados a demostrarle al mundo que somos capaces de administrar y proteger nuestro principal recurso, el Canal; y que además, estamos capacitados para enfrentar los retos sociales y económicos que nos plantea la consolidación de nuestra democracia durante el próximo quinquenio.
Durante la Revolución Española (1936), un general nacionalista de apellido Mola que comandaba el sitio a la ciudad de Madrid con un ejército organizado en cuatro columnas, fue apoyado desde adentro por un grupo de ciudadanos que llegó a conocerse como la "Quinta Columna" y que se dedicaron a boicotear los planes del ejército republicano que defendía la ciudad. La obstinación por forzar la creación de la Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia y así nombrar tres nuevos magistrados por un período de diez años, pareciera ser otro intento por dominar otro de los poderes del Estado. Todo indica que al no lograr la anhelada reelección y ante el triunfo de Doña Mireya Moscoso, los máximos dirigentes del PRD se preparan no sólo para hacer una oposición política sino también para socavar la labor del nuevo gobierno a través de "quintas columnas" en cada uno de los tres poderes del Estado.