Salario mínimo, desempleo y delincuencia
Uno de los factores que más contribuye a la creciente ola de criminalidad está directamente relacionado con el salario mínimo, el cual condena al desempleo o a laborar en el sector informal a quienes no logran aportar con su trabajo un valor superior al salario mínimo decretado por las autoridades. Para los hijos de campesinos que emigran a las ciudades y para otros grupos de personas con poca educación, el salario mínimo es una barrera que a menudo les imposibilita conseguir su primer empleo. Los jóvenes son los más vulnerables al comportamiento criminal porque, si no logran conseguir un trabajo remunerado, pronto pierden su autoestima.
En Panamá estamos sufriendo un creciente aumento de la criminalidad debido al deterioro moral entre grupos de jóvenes marginados. Pero pocas veces nos detenemos a pensar que no sólo condenamos a los más pobres al desempleo, sino que luego toda la sociedad tiene que pagar, con impuestos, por reformatorios y cárceles donde son recluidos los delincuentes.
Tampoco parece preocuparnos el efecto que tienen esos jóvenes violentos en los barrios más humildes, donde suelen habitar y donde la policía teme incursionar, mientras que los vecinos viven en constante temor de ser víctimas de desempleados violentos.
Aunque muchos sí se benefician del salario mínimo decretado, no analizamos el efecto sobre otros grupos. Si realmente fuese cierto que éste resuelve los problemas de los pobres, ¿por qué no elevarlo a mil o a cinco mil dólares mensuales? Pero no se puede mejorar la situación de los pobres por decreto. La única forma de lograrlo es a través del aumento de la productividad de la mano de obra y los pobres no pueden ser productivos si no consiguen trabajo.
Pocas veces evaluamos los efectos colaterales y totales de medidas coercitivas, como el salario mínimo. Un salario mínimo de $3 puede terminar costando $6 al empleador, al sumar los costos de seguridad social, vacaciones, etc. El empleador tiene que asumir todos esos costos antes que la empresa logre generar utilidades. Y, a fin de cuentas, esos costos tienen que ser absorbidos por los consumidores, entre quienes están no sólo los mismos trabajadores beneficiarios del salario mínimo, sino otros más pobres que tienen que cargar también con los aumentos en la canasta básica.
