Salerno y el paraíso de la impunidad

En muchas ocasiones abogamos por la penalización de la figura de la tenencia ilegal de armas; y más, específicamente, porque se estableciera una pena severa, en años de cárcel, sin la benignidad que abogan los defensores de los presos, convertidos ahora en ángeles y víctimas de la sociedad por artilugio de los valores invertidos, que hace de la víctima el culpable y del culpable la víctima. Citamos, muchas veces, el ejemplo del entonces presidente hondureño, Ricardo Maduro, quien logró aplacar la violencia endémica de las "maras" en el hermano país mediante ese recurso.
En Panamá, en cambio, nos hemos acostumbrado a ver en los medios los muertos de cada día, acribillados a tiros o ejecutados con un disparo en la nuca, mientras los malandrines se disputan territorios a balazos, de las que resultan siempre víctimas inocentes.
El caso de Cristóbal Salerno va más allá de la tenencia, depósito y tráfico de armas. Tiene a la justicia panameña en pleno sentada en el banquillo de los estrados del pueblo, del que no logra levantarse en años, preñada de corrupción, mediocridad y politiquería. Con él afloran todos sus vicios. Impera la mayor severidad para los pobres, blandenguería para los encumbrados.
Salerno debe comparecer ante sus jueces para explicar cómo es que, en uno de sus negocios, se ubicó un arsenal de guerra, a sabiendas que nuestro país es una zona de tráfico ilegal, proveniente de Centroamérica, que se destina a grupos armados en Colombia. El hecho, además, daña la imagen exterior del país, que está obligado por convenios internacionales a perseguir ese delito considerado a su vez como terrorismo. Que sea un coleccionista de armas, con docenas de granadas de mano y explosivo militar C-4, en cantidad suficiente para volar el Canal y media ciudad, no lo ponemos en duda. Pero tendrá que explicarlo, sin la ayuda de padrinos y sin la colaboración de la misma justicia selectiva que ha hecho de Panamá el paraíso de la impunidad.