¿Saltó la liebre? o ¿fue un canguro?
ME PARECE QUE les estuviera viendo y oyendo, cuando el 22 de abril de 2006, en el rumboso acto celebrado en el Centro de Convenciones ATLAPA, "la patria nueva", en pleno, encabezada por "su líder", junto con todos los directores de la Autoridad del Canal, con su flamante administrador al frente, anunciaron, con bombos y platillos, más orondos que pavos reales y transpirando sapiencia y auto suficiencia por cada uno de sus poros, que para la ejecución del proyecto de la ampliación del Canal no sería necesario recurrir a préstamos ni financiamientos, pues los usuarios, jubilosos y alborozados, pagarían hasta el último centésimo de su costo, asumiendo progresivos aumentos de los peajes. Y se dijo más: que esa era la condición que expresamente había exigido "su preclaro líder" para dar luz verde a la propuesta de la ACP en el Consejo de Gabinete.
También tengo vivo el recuerdo de las rotundas afirmaciones sobre el costo total de la obra, sobre los detalles de las nuevas esclusas y sobre los estudios de impacto ambiental. Ningún cabo ni cabito, dijeron los oráculos canaleros, había quedado suelto, que para eso se habían gastado más de cincuenta millones de dólares en estudios y en estudios de los estudios. Y todo lo dicho en el acto de ATLAPA, quedó plasmado en el panfleto de costo escandaloso, con el que inundaron el país. Y no hubo medio de comunicación que no coparan para "ilustrarnos" sobre las infinitas bondades de la obra. Y cada cuestionamiento o pedido de aclaración, que pudimos formular en los escasísimos espacios de que dispusimos quienes, con razón, destacamos las incontables lagunas de la propuesta, recibió la reacción, descalificadota y airada, de los "eruditos compatriotas" de la ACP que, cual fanáticos intolerantes, arremetieron contra quienes nos atrevimos a disputar sus medias verdades.
En uno de mis escritos, previos al referendo, recuerdo haber preguntado que si era cierto que los usuarios estaban tan dispuestos a aceptar los aumentos de peajes, ¿por qué no se divulgaba el acuerdo, aunque fuera en borrador, suscrito con ellos? Y también, que si tal acuerdo existía, era capital saber: ¿qué se les había prometido a cambio? Esas interrogantes nunca fueron respondidas. Y hasta fueron consideradas como un atentado contra "nuestro derecho soberano, como propietarios del Canal, de fijar los peajes unilateralmente".
Si bien es indiscutible que la Autoridad del Canal tiene constitucional y legalmente la facultad de fijar los peajes; es más indiscutible que éstos no pueden ser el producto de un acto de arrogancia soberana. Los peajes deben ser competitivos y, además, ser el producto de un acuerdo o contar con la aceptación de los usuarios. Nadie, en su sano juicio, puede pensar que por ser los propietarios del Canal tenemos la facultad de imponer los peajes que se nos antojen. El Canal es importante para el comercio marítimo mundial, pero no es la única ruta que puede servirlo. Pensar lo contrario es infantil, por decir lo menos.
Por lo sabemos, después de la reunión con los principales usuarios del Canal, dos cosas han quedado en claro: Primero, que los usuarios nunca aceptaron, como falsamente nos dijeron antes del referendo, los aumentos de peajes anunciados por la ACP; y, segundo, que la proclamada principal fuente para el financiamiento de la ampliación está tan segura como un ciento de pajarracos volando.
Por quiénes y cómo se pagará el costo de la ampliación, es el aspecto medular de toda la operación. Y sobre ese asunto fundamental fuimos engatusados. Al referendo fuimos sin poder aclararlo, pues nunca hubo un verdadero debate, previo y exhaustivo para examinarlo a fondo. Sobre ese y otros aspectos esenciales se voto a ciegas; solamente con base en un concepto, en una idea; y muchas interrogantes quedaron pendiente de esclarecimiento; y todavía lo están. La primera en ser sometida a prueba, ha sido el tema del financiamiento y lo ocurrido en las discusiones con los usuarios no puede ser más revelador.
En otro comentario, publicado antes del referendo, y debido a las enormes lagunas no aclaradas de la propuesta, hice el siguiente planteamiento: ¿Qué ocurrirá si después de aprobar la ampliación en el referendo, se comprueba que las afirmaciones y los "supuestos hechos" que sirvieron de fundamento a la propuesta son falsos? Uno de ellos, el del financiamiento mediante aumentos de los peajes aceptados por los usuarios, ya sabemos que lo es.
Tampoco tengo duda que cuando se concreten los cálculos de los costos del principal componente de la obra: las nuevas esclusas; que solamente existen como concepto, el cacareado costo de 6,250 millones será ampliamente desbordado.
Y eso, sin contar con que esa cifra no incluye las radas de aproximación a las nuevas esclusas que, con conocimiento de causa, los pilotos del Canal evidenciaron que son absolutamente necesarias y que nunca fueron contempladas en los bosquejos conceptuales de la ACP.
En resumen, si los usuarios nunca aceptaron, como falsamente se dijo, los aumentos de peajes y si el costo de la obra, contrario a lo anunciado, será mucho mayor, tomando en cuenta solamente esos dos elementos, es más que obvio, que el consentimiento dado en el referendo resulta viciado.
Tanto el gobierno de "la patria nueva" como los directivos de la ACP, después del fiasco de la reunión con los usuarios, tienen muchas explicaciones que dar. Y deben darlas sin demora.
La directora informó que en tiempo lluvioso el problema no varía.
El Centro de Educación Básica General Victoria D` Spinay es uno de los principales colegios del distrito de La Chorrera.
Según el último censo, en el distrito hay 124 mil 656 personas, de las que 62 mil 402 son hombres y 62 mil 254 mujeres.
Sólo en el corregimiento de Barrio Balboa, donde está ubicado la escuela, hay 29 mil 53 personas.
La potablizadora del río Caimito debe abastecer de agua a la escuela, además produce unos 7.5 millones de galones diarios. Se plantea hacer un aumento de producción y un trabajo de conducción con la empresa M&S Corporación.
También tengo vivo el recuerdo de las rotundas afirmaciones sobre el costo total de la obra, sobre los detalles de las nuevas esclusas y sobre los estudios de impacto ambiental. Ningún cabo ni cabito, dijeron los oráculos canaleros, había quedado suelto, que para eso se habían gastado más de cincuenta millones de dólares en estudios y en estudios de los estudios. Y todo lo dicho en el acto de ATLAPA, quedó plasmado en el panfleto de costo escandaloso, con el que inundaron el país. Y no hubo medio de comunicación que no coparan para "ilustrarnos" sobre las infinitas bondades de la obra. Y cada cuestionamiento o pedido de aclaración, que pudimos formular en los escasísimos espacios de que dispusimos quienes, con razón, destacamos las incontables lagunas de la propuesta, recibió la reacción, descalificadota y airada, de los "eruditos compatriotas" de la ACP que, cual fanáticos intolerantes, arremetieron contra quienes nos atrevimos a disputar sus medias verdades.
En uno de mis escritos, previos al referendo, recuerdo haber preguntado que si era cierto que los usuarios estaban tan dispuestos a aceptar los aumentos de peajes, ¿por qué no se divulgaba el acuerdo, aunque fuera en borrador, suscrito con ellos? Y también, que si tal acuerdo existía, era capital saber: ¿qué se les había prometido a cambio? Esas interrogantes nunca fueron respondidas. Y hasta fueron consideradas como un atentado contra "nuestro derecho soberano, como propietarios del Canal, de fijar los peajes unilateralmente".
Si bien es indiscutible que la Autoridad del Canal tiene constitucional y legalmente la facultad de fijar los peajes; es más indiscutible que éstos no pueden ser el producto de un acto de arrogancia soberana. Los peajes deben ser competitivos y, además, ser el producto de un acuerdo o contar con la aceptación de los usuarios. Nadie, en su sano juicio, puede pensar que por ser los propietarios del Canal tenemos la facultad de imponer los peajes que se nos antojen. El Canal es importante para el comercio marítimo mundial, pero no es la única ruta que puede servirlo. Pensar lo contrario es infantil, por decir lo menos.
Por lo sabemos, después de la reunión con los principales usuarios del Canal, dos cosas han quedado en claro: Primero, que los usuarios nunca aceptaron, como falsamente nos dijeron antes del referendo, los aumentos de peajes anunciados por la ACP; y, segundo, que la proclamada principal fuente para el financiamiento de la ampliación está tan segura como un ciento de pajarracos volando.
Por quiénes y cómo se pagará el costo de la ampliación, es el aspecto medular de toda la operación. Y sobre ese asunto fundamental fuimos engatusados. Al referendo fuimos sin poder aclararlo, pues nunca hubo un verdadero debate, previo y exhaustivo para examinarlo a fondo. Sobre ese y otros aspectos esenciales se voto a ciegas; solamente con base en un concepto, en una idea; y muchas interrogantes quedaron pendiente de esclarecimiento; y todavía lo están. La primera en ser sometida a prueba, ha sido el tema del financiamiento y lo ocurrido en las discusiones con los usuarios no puede ser más revelador.
En otro comentario, publicado antes del referendo, y debido a las enormes lagunas no aclaradas de la propuesta, hice el siguiente planteamiento: ¿Qué ocurrirá si después de aprobar la ampliación en el referendo, se comprueba que las afirmaciones y los "supuestos hechos" que sirvieron de fundamento a la propuesta son falsos? Uno de ellos, el del financiamiento mediante aumentos de los peajes aceptados por los usuarios, ya sabemos que lo es.
Tampoco tengo duda que cuando se concreten los cálculos de los costos del principal componente de la obra: las nuevas esclusas; que solamente existen como concepto, el cacareado costo de 6,250 millones será ampliamente desbordado.
Y eso, sin contar con que esa cifra no incluye las radas de aproximación a las nuevas esclusas que, con conocimiento de causa, los pilotos del Canal evidenciaron que son absolutamente necesarias y que nunca fueron contempladas en los bosquejos conceptuales de la ACP.
En resumen, si los usuarios nunca aceptaron, como falsamente se dijo, los aumentos de peajes y si el costo de la obra, contrario a lo anunciado, será mucho mayor, tomando en cuenta solamente esos dos elementos, es más que obvio, que el consentimiento dado en el referendo resulta viciado.
Tanto el gobierno de "la patria nueva" como los directivos de la ACP, después del fiasco de la reunión con los usuarios, tienen muchas explicaciones que dar. Y deben darlas sin demora.
La directora informó que en tiempo lluvioso el problema no varía.
El Centro de Educación Básica General Victoria D` Spinay es uno de los principales colegios del distrito de La Chorrera.
Según el último censo, en el distrito hay 124 mil 656 personas, de las que 62 mil 402 son hombres y 62 mil 254 mujeres.
Sólo en el corregimiento de Barrio Balboa, donde está ubicado la escuela, hay 29 mil 53 personas.
La potablizadora del río Caimito debe abastecer de agua a la escuela, además produce unos 7.5 millones de galones diarios. Se plantea hacer un aumento de producción y un trabajo de conducción con la empresa M&S Corporación.
