Salud y seguridad
En la sociedad panameña, el tema de la salud en todos los sitios públicos y la seguridad en los centros de trabajo se está convirtiendo en un capítulo crítico que, de no atenderse con medidas enérgicas, podría conducir a un desmejoramiento considerable de la productividad laboral y, finalmente, afectaría el crecimiento económico.
En este contexto, resulta un contrasentido que frente a los más recientes acontecimientos de salud pública que han alarmado a la ciudadanía, el Gobierno Nacional limite su estrategia de acción a la coyuntura médica actual y no aproveche la oportunidad para hacer una revisión total, no solo de la CSS, sino también de todas las entidades, públicas o privadas que en su labor cotidiana lidien con el uso o manejo de elementos tóxicos que podrían constituirse en un alto riesgo de salud y seguridad laboral no solamente para los que trabajan con dichos productos, sino que, por su cercanía a otros lugares, bien podrían provocar una cadena de contaminación mucho más grande y de consecuencias imprevisibles.
¿Por qué esperar un nuevo episodio que afecte la salud de los panameños para tomar medidas preventivas?
Por si fuera poco, tanto lo ocurrido hace unos años en el Oncológico como los más recientes eventos del Hospital Metropolitano de la Caja de Seguro Social -nada menos que entidades consideradas columnas vertebrales de la atención hospitalaria del país- constituyen un lesivo episodio nacional que demuestra que se ha estado deteriorando la vigilancia de las instalaciones, el monitoreo de los equipos médicos y los productos farmacéuticos. Sin duda, este panorama se volverá aún más negro si sigue creciendo la población y la consecuente aglomeración que se dará en los sitios públicos y lugares de trabajo.
Al respecto, la respuesta que se ha dado en los países industrializados se ha orientado en los últimos años a aprobar estrictas normas y leyes de vigilancia y control de alimentos, además de procedimientos para la manipulación y el transporte de los productos alimenticios, ya sean crudos o cocidos.
Y en cuanto a los envases y tratamiento de las medicinas, éstas deben poseer toda la información de los contenidos de cada uno de los productos medicinales. De igual manera, se han impuesto severas sanciones a los que receten, al margen de las facultades legales, medicamentos o productos que no hayan sido debidamente autorizados. Finalmente, el público debe estar bien informado y exigir estas informaciones, pues no hacerlo podría afectar nuestra salud o costarnos la vida.
En este contexto, resulta un contrasentido que frente a los más recientes acontecimientos de salud pública que han alarmado a la ciudadanía, el Gobierno Nacional limite su estrategia de acción a la coyuntura médica actual y no aproveche la oportunidad para hacer una revisión total, no solo de la CSS, sino también de todas las entidades, públicas o privadas que en su labor cotidiana lidien con el uso o manejo de elementos tóxicos que podrían constituirse en un alto riesgo de salud y seguridad laboral no solamente para los que trabajan con dichos productos, sino que, por su cercanía a otros lugares, bien podrían provocar una cadena de contaminación mucho más grande y de consecuencias imprevisibles.
¿Por qué esperar un nuevo episodio que afecte la salud de los panameños para tomar medidas preventivas?
Por si fuera poco, tanto lo ocurrido hace unos años en el Oncológico como los más recientes eventos del Hospital Metropolitano de la Caja de Seguro Social -nada menos que entidades consideradas columnas vertebrales de la atención hospitalaria del país- constituyen un lesivo episodio nacional que demuestra que se ha estado deteriorando la vigilancia de las instalaciones, el monitoreo de los equipos médicos y los productos farmacéuticos. Sin duda, este panorama se volverá aún más negro si sigue creciendo la población y la consecuente aglomeración que se dará en los sitios públicos y lugares de trabajo.
Al respecto, la respuesta que se ha dado en los países industrializados se ha orientado en los últimos años a aprobar estrictas normas y leyes de vigilancia y control de alimentos, además de procedimientos para la manipulación y el transporte de los productos alimenticios, ya sean crudos o cocidos.
Y en cuanto a los envases y tratamiento de las medicinas, éstas deben poseer toda la información de los contenidos de cada uno de los productos medicinales. De igual manera, se han impuesto severas sanciones a los que receten, al margen de las facultades legales, medicamentos o productos que no hayan sido debidamente autorizados. Finalmente, el público debe estar bien informado y exigir estas informaciones, pues no hacerlo podría afectar nuestra salud o costarnos la vida.
