Se agrava crisis en San Felipe
La crisis habitacional se agrava cada día en el barrio de San Felipe sin que exista una alternativa real del gobierno para cientos de familias que tienen que abandonar sus casas por el proceso de restauración de los inmuebles debido a la declaración del lugar como Patrimonio Histórico de la Humanidad, en el año de 1997.
Esta semana la situación se agravó cuando los vecinos del barrio acordaron en una asamblea general no permitir ni un desalojo ni lanzamiento más en San Felipe hasta tanto exista una alternativa habitacional efectiva del gobierno para su reubicación.
En ese sentido, la primera acción de los moradores del barrio se efectuó el miércoles pasado cuando impidieron el lanzamiento de 26 familias de la Casa 8-10, antigua pensión San Blas, las cuales fueron declaradas como “intrusas†del inmueble por una resolución del Municipio de Panamá.
MORADORES
José Araúz, dirigente interbarrial de San Felipe, denunció que luego de sostener reuniones con funcionarios del gobierno se han percatado de que no hay una solución habitacional inmediata para los moradores que tienen que salir del barrio.
Por lo tanto, señaló Araúz, que los moradores no van a permitir un desalojo ni lanzamiento más en San Felipe.
Indicó que altos funcionarios del Ministerio de Vivienda les informaron de la posible construcción, en un plazo de dos años, de un proyecto habitacional de ocho edificios en el Marañón, que tendrían las mismas características de los balcones de San Felipe, para reubicar a sus moradores
Otra posible solución en un plazo de año y medio es un proyecto de viviendas en los Cerezos, sector de Vacamonte, en Arraiján.
“Todo esto indica que no se contempla una solución inmediata de vivienda para los moradores de San Felipeâ€, reiteró el dirigente.
Sostuvo que el proceso de restauración del barrio se lleva a cabo desorganizadamente debido que desde la aprobación de la Ley 9 de Incentivos no se contempló la solución social a las familias del barrio.
Manifestó que desde que se aprobó la Ley 9 “debió pensarse primero en los moradores y luego en la remoción del barrioâ€.
Denunció que existen informes en la Dirección de Arrendamiento del MIVI de que 28 familias serán lanzadas en los próximos días de las casas que ocupan.
Araúz informó que del barrio han sido lanzadas “familias enteras con niños de pechosâ€, que no tienen para donde ir al momento de su desalojo.
Otras familias han tenido que abandonar el barrio por presiones sociológicas que le hacen los inversionistas, aseguró el dirigente.
También señaló que muchas de estas familias han tenido que buscar soluciones urgentes de viviendas, que al final no ha sido la mejor alternativa para ellos porque se han trasladados a sectores muy lejanos de la ciudad.
Reveló que la próxima semana realizarán una marcha hasta la sede de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa para exigirle al nuevo presidente de esa instancia a que emplace al gobierno para que busque una solución habitacional inmediata para los residentes del barrio.
REPRESENTANTE
El Representante de San Felipe, Mario Kennedy, reconoció que la crisis habitacional se agrava en el barrio, pero rechazo la actuación del dirigente Araúz, del cual dijo que sólo busca “ protagonismo políticoâ€.
Kennedy manifestó que no respalda la actuación de Araúz porque éste protege a personas que son “intrusas†de los inmuebles y la Junta Comunal respalda a los verdaderos moradores del barrio.
El concejal indicó que existe en el MIVI un proyecto habitacional que se desarrolla en el Marañón, de los cuales 30 apartamentos se han prometido para los residentes de San Felipe.
Destacó que la solución que promete el MIVI no es suficiente para el problema habitacional que se enfrenta en la comunidad.
A juicio de Kennedy el problema de San Felipe se resuelve con un proyecto de “casas puentesâ€, donde los moradores del barrio sean trasladados a inmuebles desocupados mientras se busca una alternativa inmediata.
Según el concejal, el problema se agrava también porque el gobierno traslada para el barrio a todos los damnificados de otros corregimientos.
Precisó que en algunos inmuebles del barrio se introducen como “intrusos†personas provenientes de Pedregal, Mañanitas y otros barrios, que luego reclaman derechos como moradores de 15 y 20 años de residir en el barrio.
Negó que todos los moradores del barrio tengan que salir ya que las áreas donde se desarrollará más el proyecto es la que va de calle primera a la quinta.
Manifestó que un estudio realizado por la Junta Comunal reveló que el 60% de las 2,400 familias del barrio tienen ingresos para adquirir una vivienda, el 40% no lo tienen y de este grupo el 20% son jubilados.
CORREGIDORA
La corregidora de San Felipe, Hermelinda Peralta, confirmó que existen gran cantidad de ordenes de lanzamientos en el barrio, pero que la mayoría están en apelación.
Peralta informó que la mayoría de los lanzamientos son por mora y desahucio.
De acuerdo con la corregidora la ley le establece un plazo de tres meses para ejecutar una orden de lanzamiento, pero que gracias a varios recursos que se interponen, ella lo extiende hasta seis meses.
Aseguró que a través de su despacho se hacen todos los esfuerzos para evitar al máximo los lanzamientos, pero que lamentablemente ella tienen que cumplir con la ley.
Manifestó que la ley protege a todos los moradores que presenten un contrato o documento que compruebe que ellos son inquilinos de un inmueble, pero que a los que no pueden presentar estos recursos son considerados intrusos.
Esta semana la situación se agravó cuando los vecinos del barrio acordaron en una asamblea general no permitir ni un desalojo ni lanzamiento más en San Felipe hasta tanto exista una alternativa habitacional efectiva del gobierno para su reubicación.
En ese sentido, la primera acción de los moradores del barrio se efectuó el miércoles pasado cuando impidieron el lanzamiento de 26 familias de la Casa 8-10, antigua pensión San Blas, las cuales fueron declaradas como “intrusas†del inmueble por una resolución del Municipio de Panamá.
MORADORES
José Araúz, dirigente interbarrial de San Felipe, denunció que luego de sostener reuniones con funcionarios del gobierno se han percatado de que no hay una solución habitacional inmediata para los moradores que tienen que salir del barrio.
Por lo tanto, señaló Araúz, que los moradores no van a permitir un desalojo ni lanzamiento más en San Felipe.
Indicó que altos funcionarios del Ministerio de Vivienda les informaron de la posible construcción, en un plazo de dos años, de un proyecto habitacional de ocho edificios en el Marañón, que tendrían las mismas características de los balcones de San Felipe, para reubicar a sus moradores
Otra posible solución en un plazo de año y medio es un proyecto de viviendas en los Cerezos, sector de Vacamonte, en Arraiján.
“Todo esto indica que no se contempla una solución inmediata de vivienda para los moradores de San Felipeâ€, reiteró el dirigente.
Sostuvo que el proceso de restauración del barrio se lleva a cabo desorganizadamente debido que desde la aprobación de la Ley 9 de Incentivos no se contempló la solución social a las familias del barrio.
Manifestó que desde que se aprobó la Ley 9 “debió pensarse primero en los moradores y luego en la remoción del barrioâ€.
Denunció que existen informes en la Dirección de Arrendamiento del MIVI de que 28 familias serán lanzadas en los próximos días de las casas que ocupan.
Araúz informó que del barrio han sido lanzadas “familias enteras con niños de pechosâ€, que no tienen para donde ir al momento de su desalojo.
Otras familias han tenido que abandonar el barrio por presiones sociológicas que le hacen los inversionistas, aseguró el dirigente.
También señaló que muchas de estas familias han tenido que buscar soluciones urgentes de viviendas, que al final no ha sido la mejor alternativa para ellos porque se han trasladados a sectores muy lejanos de la ciudad.
Reveló que la próxima semana realizarán una marcha hasta la sede de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa para exigirle al nuevo presidente de esa instancia a que emplace al gobierno para que busque una solución habitacional inmediata para los residentes del barrio.
REPRESENTANTE
El Representante de San Felipe, Mario Kennedy, reconoció que la crisis habitacional se agrava en el barrio, pero rechazo la actuación del dirigente Araúz, del cual dijo que sólo busca “ protagonismo políticoâ€.
Kennedy manifestó que no respalda la actuación de Araúz porque éste protege a personas que son “intrusas†de los inmuebles y la Junta Comunal respalda a los verdaderos moradores del barrio.
El concejal indicó que existe en el MIVI un proyecto habitacional que se desarrolla en el Marañón, de los cuales 30 apartamentos se han prometido para los residentes de San Felipe.
Destacó que la solución que promete el MIVI no es suficiente para el problema habitacional que se enfrenta en la comunidad.
A juicio de Kennedy el problema de San Felipe se resuelve con un proyecto de “casas puentesâ€, donde los moradores del barrio sean trasladados a inmuebles desocupados mientras se busca una alternativa inmediata.
Según el concejal, el problema se agrava también porque el gobierno traslada para el barrio a todos los damnificados de otros corregimientos.
Precisó que en algunos inmuebles del barrio se introducen como “intrusos†personas provenientes de Pedregal, Mañanitas y otros barrios, que luego reclaman derechos como moradores de 15 y 20 años de residir en el barrio.
Negó que todos los moradores del barrio tengan que salir ya que las áreas donde se desarrollará más el proyecto es la que va de calle primera a la quinta.
Manifestó que un estudio realizado por la Junta Comunal reveló que el 60% de las 2,400 familias del barrio tienen ingresos para adquirir una vivienda, el 40% no lo tienen y de este grupo el 20% son jubilados.
CORREGIDORA
La corregidora de San Felipe, Hermelinda Peralta, confirmó que existen gran cantidad de ordenes de lanzamientos en el barrio, pero que la mayoría están en apelación.
Peralta informó que la mayoría de los lanzamientos son por mora y desahucio.
De acuerdo con la corregidora la ley le establece un plazo de tres meses para ejecutar una orden de lanzamiento, pero que gracias a varios recursos que se interponen, ella lo extiende hasta seis meses.
Aseguró que a través de su despacho se hacen todos los esfuerzos para evitar al máximo los lanzamientos, pero que lamentablemente ella tienen que cumplir con la ley.
Manifestó que la ley protege a todos los moradores que presenten un contrato o documento que compruebe que ellos son inquilinos de un inmueble, pero que a los que no pueden presentar estos recursos son considerados intrusos.
