Se ha ganado la mitad de la batalla
EN LAS casi seis décadas transcurridas desde el fin de la II Guerra, la opinión en Estados Unidos (EU) acerca del papel del gobierno ha cambiado radicalmente. Cuando terminó la guerra, la opinión era predominantemente colectivista. El socialismo -definido como la propiedad y el manejo de los medios de producción- se consideraba tanto posible como deseable. Aquellos pocos de nosotros que favorecíamos los mercados libres y un gobierno limitado éramos una minoría apabullada. En las décadas siguientes, la opinión dio un viraje del colectivismo hacia el libre mercado y gobiernos limitados. La opinión pública había cambiado tanto para 1980 que Ronald Reagan ganó las elecciones con un programa de gobierno casi libertario.
El colapso de la Unión Soviética en 1989 fue el golpe de gracia para el socialismo. Casi nadie hoy en día, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, considera posible ni deseable el socialismo tradicional de la propiedad y operación estatal de los medios de producción. Aquellos que hoy se declaran socialistas se refieren más bien al estado bienestar.
Durante el mismo período, el papel verdadero del gobierno en EU cambió también drásticamente, pero en exactamente la dirección contraria. Durante la primera década de la posguerra, entre 1945 y 1955, los gastos del gobierno, sin incluir gastos en la defensa nacional, pero incluyendo todos los demás gastos federales, estatales y locales equivalían al 11.5% del ingreso nacional. Esto fluctuó de un máximo de 16% en 1949 a un mínimo de 8% en 1952. Desde entonces, el gasto gubernamental aumentó rápidamente. Para 1983, el gasto gubernamental, sin incluir defensa, alcanzó 30% del ingreso nacional, casi triplicando los gastos de la primera década después de la guerra. Además, durante el mismo período se disparó la intervención gubernamental en los negocios y asuntos privados. Ejemplo de ello son programas gubernamentales como Medicare, Medicaid, Agencia de Protección Ambiental, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, Corporación de Servicios Legales, Comisión de Oportunidades Iguales de Empleo, AmeriCorps (servicio nacional y comunitario) y Head Start (pre-kinder). No hay duda que el crecimiento del gobierno causó el cambio en la opinión pública. La práctica del gobierno grande es mucho menos atractiva que las promesas y perspectivas del gobierno grande.
La elección de Reagan provocó un freno en los gastos del gobierno no relacionados con la defensa. En 2003, el gasto del gobierno sin incluir defensa equivalía entonces al mismo 30% del ingreso nacional como en 1983. La intervención gubernamental a través de regulaciones y controles se redujo durante la presidencia de Reagan, pero ha seguido aumentando.
En resumen, al terminar la II Guerra, la opinión era socialista, pero la práctica era el libre mercado. Actualmente, la opinión es de libre mercado, mientras que la práctica es marcadamente socialista. Hemos prácticamente ganado la batalla de las ideas (aunque nunca se ganan definitivamente); hemos logrados frenar el crecimiento del socialismo, pero no hemos tenido éxito en hacerlo retroceder. Todavía estamos muy lejos de conseguir que la práctica gubernamental se ajuste a la opinión pública. Esa es la prioridad del segundo período de Bush -apartando la defensa nacional-, como el mismo presidente lo reconoce claramente. No será una tarea fácil, especialmente con Irak amenazando consumir su capital político.
(*) Premio Nobel de economía y académico de Hoover Institution. Este artículo fue originalmente publicado por el Wall Street Journal. www.aipenet.com
Respeto a los derechos de los profesores. La ley debe prever que cuando la Institución utiliza los servicios de un profesional debidamente calificado por un período de cinco años o más, debe permitírsele que, por concurso , demuestre que es el más idóneo para ejercer la cátedra oficialmente.
Respeto a los derechos de los estudiantes. Los representantes ante los órganos de gobierno deben tener índice académico alto para que esto sirva de estímulo al estudio.
Respeto a los derechos de los administrativos. La ley debe hacer clara alusión al cumplimiento de la Carrera Administrativa, de manera que la estabilidad de funcionario dependa exclusivamente de sus méritos y de su capacidad. Las instancias de apelación para cualquier decisión que afecte a un miembro de alguno de los tres estamentos deben ser claramente establecidas.
Producción académica. Todo profesor universitario debe contribuir a la formación de bibliografía autóctona con trabajos de su especialidad para que la Universidad produzca material escrito para el país y el mundo.
Escogencia de las autoridades. Los requisitos académicos deben ser de alta exigencia y la reelección inmediata no debe ser una opción en la Universidad, ni siquiera con la aprobación de una nueva ley. Además, nuestras vergonzosas campañas políticas deben reemplazarse por métodos más cónsonos con nuestra naturaleza académica.
Aspectos de la autonomía. Si bien la Universidad debe autogobernarse sin que participen representantes externos en nuestros órganos de gobierno, deberíamos responder por ley a las demandas de bienes y servicios del conglomerado nacional.
El colapso de la Unión Soviética en 1989 fue el golpe de gracia para el socialismo. Casi nadie hoy en día, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, considera posible ni deseable el socialismo tradicional de la propiedad y operación estatal de los medios de producción. Aquellos que hoy se declaran socialistas se refieren más bien al estado bienestar.
Durante el mismo período, el papel verdadero del gobierno en EU cambió también drásticamente, pero en exactamente la dirección contraria. Durante la primera década de la posguerra, entre 1945 y 1955, los gastos del gobierno, sin incluir gastos en la defensa nacional, pero incluyendo todos los demás gastos federales, estatales y locales equivalían al 11.5% del ingreso nacional. Esto fluctuó de un máximo de 16% en 1949 a un mínimo de 8% en 1952. Desde entonces, el gasto gubernamental aumentó rápidamente. Para 1983, el gasto gubernamental, sin incluir defensa, alcanzó 30% del ingreso nacional, casi triplicando los gastos de la primera década después de la guerra. Además, durante el mismo período se disparó la intervención gubernamental en los negocios y asuntos privados. Ejemplo de ello son programas gubernamentales como Medicare, Medicaid, Agencia de Protección Ambiental, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, Corporación de Servicios Legales, Comisión de Oportunidades Iguales de Empleo, AmeriCorps (servicio nacional y comunitario) y Head Start (pre-kinder). No hay duda que el crecimiento del gobierno causó el cambio en la opinión pública. La práctica del gobierno grande es mucho menos atractiva que las promesas y perspectivas del gobierno grande.
La elección de Reagan provocó un freno en los gastos del gobierno no relacionados con la defensa. En 2003, el gasto del gobierno sin incluir defensa equivalía entonces al mismo 30% del ingreso nacional como en 1983. La intervención gubernamental a través de regulaciones y controles se redujo durante la presidencia de Reagan, pero ha seguido aumentando.
En resumen, al terminar la II Guerra, la opinión era socialista, pero la práctica era el libre mercado. Actualmente, la opinión es de libre mercado, mientras que la práctica es marcadamente socialista. Hemos prácticamente ganado la batalla de las ideas (aunque nunca se ganan definitivamente); hemos logrados frenar el crecimiento del socialismo, pero no hemos tenido éxito en hacerlo retroceder. Todavía estamos muy lejos de conseguir que la práctica gubernamental se ajuste a la opinión pública. Esa es la prioridad del segundo período de Bush -apartando la defensa nacional-, como el mismo presidente lo reconoce claramente. No será una tarea fácil, especialmente con Irak amenazando consumir su capital político.
(*) Premio Nobel de economía y académico de Hoover Institution. Este artículo fue originalmente publicado por el Wall Street Journal. www.aipenet.com
Respeto a los derechos de los profesores. La ley debe prever que cuando la Institución utiliza los servicios de un profesional debidamente calificado por un período de cinco años o más, debe permitírsele que, por concurso , demuestre que es el más idóneo para ejercer la cátedra oficialmente.
Respeto a los derechos de los estudiantes. Los representantes ante los órganos de gobierno deben tener índice académico alto para que esto sirva de estímulo al estudio.
Respeto a los derechos de los administrativos. La ley debe hacer clara alusión al cumplimiento de la Carrera Administrativa, de manera que la estabilidad de funcionario dependa exclusivamente de sus méritos y de su capacidad. Las instancias de apelación para cualquier decisión que afecte a un miembro de alguno de los tres estamentos deben ser claramente establecidas.
Producción académica. Todo profesor universitario debe contribuir a la formación de bibliografía autóctona con trabajos de su especialidad para que la Universidad produzca material escrito para el país y el mundo.
Escogencia de las autoridades. Los requisitos académicos deben ser de alta exigencia y la reelección inmediata no debe ser una opción en la Universidad, ni siquiera con la aprobación de una nueva ley. Además, nuestras vergonzosas campañas políticas deben reemplazarse por métodos más cónsonos con nuestra naturaleza académica.
Aspectos de la autonomía. Si bien la Universidad debe autogobernarse sin que participen representantes externos en nuestros órganos de gobierno, deberíamos responder por ley a las demandas de bienes y servicios del conglomerado nacional.
